Análisis

Por qué a 8 años de Cromañón la corrupción es aún un problema sin solución

El trágico 30 de diciembre de 2004 en el que murieron 194 personas en un boliche que tenía vencido el certificado contra incendios desnudó una trama de funcionarios ineptos, abandono estatal e indefensión ciudadana.

Por Sección Sociedad

“Cromañón fue un disparate. La primera frase del Jefe de Gobierno en servicio, Aníbal Ibarra, fue ‘yo no tuve nada que ver’. ¿Sabía cuáles eran sus deberes? La discusión es si el que se sienta en una función ejecutiva sabe para qué se sienta. Esta democracia todavía no definió los roles ni las obligaciones que le caben a políticos y votantes”, dice Jorge Giacobbe, analista político y miembro del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento).

La olla que destapó Cromañón

“La ineficacia del Estado es una forma de corrupción. En el caso de Cromañón fallaron servicios municipales, pero también federales, aunque quedaran menos evidenciados. La policía y los bomberos no pudieron resolver eficazmente la emergencia”, explica a Infobae José Miguel Onaindia, presidente de la Asociación por los Derechos Civiles.

La tragedia mostró más que ningún otro acontecimiento muchos de los problemas estructurales del país. Controles mal hechos por inoperancia o por corrupción, y una clase política sólo preocupada por salvar sus posiciones y nunca por asumir la responsabilidad de la situación, son algunas de las cosas que quedaron expuestas.

“Cromañón involucra también a la Policía, los hospitales y la asistencia pública. En fin, a la prevención inexistente y al sistema de salud deteriorado. Pero sería arbitrario centrarse sólo en ese caso. ¿Amado Boudou puede seguir siendo vicepresidente? ¿Merecemos tener un juez como Norberto Oyarbide, o que ahora se hayan visto tan perjudicadas las personas que utilizan la línea A del subte? Así podríamos hacer una larga lista. El desprecio por el ser humano se está instalando en Argentina, con responsabilidades gubernativas nacionales y locales”, afirma el abogado Ricardo Monner Sans, presidente de la Asociación Civil Anticorrupción.

Ocho años después

“Creo que no se han producido modificaciones. Si algo demostró que siguen presentes las mismas problemáticas fue la Tragedia de Once. Todavía persiste la ineficacia en el control sobre temas tan trascendentes como el transporte público”, cuenta Onaindia.

Los 52 muertos que provocó un accidente tan anunciado por las agencias de control son una prueba de la continuidad de los mismos problemas. Todo lo que había llevado a la tragedia de Cromañón se replicó, con el agravante de que el tren es un servicio público que tiene al Estado como responsable último.

La única salvedad quizás sea que la respuesta del SAME en Once fue mucho más efectiva que ocho años antes.

“Hay una concepción de la política que se aleja mucho de la democracia. Cuando se reformó la Constitución en 1994, se estableció en el artículo 36 una cláusula de defensa del sistema democrático, donde en el último párrafo se califica a la corrupción como un atentado contra la democracia. No ha habido medidas legislativas ni nuevas formas de ejercer la política tendientes a mostrar una toma de conciencia de ello”, agrega Onaindia.

La corrupción, un crimen sin condena

“Nadie fue. Eso es la Argentina.Hayque tomar conciencia de que estamos en piloto automático. Es grave que nunca haya responsables”, afirma Giacobbe.

“Al instalarse como un práctica sostenida en el tiempo -dice Onaindia-, se creó un grupo de privilegiados que no tiene ningún interés en dejar de gozar de esos privilegios. Y eso está en la política y en la sociedad civil, porque para que un funcionario se corrompa tiene que haber alguien que lo incite”.

Faltas de control, corrupción e impunidad forman parte del mismo problema: la ausencia de instituciones fuertes. Sin organizaciones que pongan límites a los deseos y debilidades individuales, cada uno hace lo que quiere. O lo que puede.

Así, los que se corrompen fácilmente saben que no tendrán represalias; personas sin conocimientos ocupan cargos de mucha responsabilidad; y los que quieren hacer bien las cosas no tienen una estructura en la que apoyarse.

“La corrupción está culturalmente incorporada. Cómo se logra lo que se logra no se plantea como un problema. Cuando no hay un proyecto colectivo, sólo hay proyectos individuales. Cada uno va por la suya independientemente del daño que le pueda provocar a otros”, explica Giacobbe.

“¿Por qué acá no van presos? ¿Ineptitud judicial o intereses bastardos? Aquí cada cual sabe de la inconducta del otro. ‘Mirá que si vos hablás de eso, yo cuento esto otro’. ¿La corrupción no será en mi país una suerte de empresa de socorros mutuos?”, se pregunta Monner Sans.

“El abaratamiento de la dirigencia política es armónico con todo esto. Hay una especie de acostumbramiento a esta situación, que se traduce en un peligroso congelamiento republicano. Sólo en los últimos tiempos empieza a derretirse ese congelamiento”.

 ¿Cómo dar una respuesta?

“Habría que aumentar las penas para los delitos de corrupción e implementar un sistema de recuperación de bienes después de la condena. Además se necesita un régimen probatorio más flexible, que sin violar el derecho a la defensa y la presunción de la inocencia, facilite la condena de los corruptos”, explica Onaindia.

“Si la gente no toma conciencia de que la corrupción afecta su calidad de vida y viola los derechos humanos, es muy difícil que se controle. Necesitamos un cambio de cultura, no sólo de quienes ejercen la función pública, sino de todos. Pero por ahora no es un reclamo prioritario en las encuestas de opinión, y se sigue votando a las personas más sospechadas de corrupción”.

Monner Sans también sostiene que son necesarios los cambios jurídicos, pero plantea que no es lo primero. “No niego que se tengan que hacer reformas legales para combatir la corrupción, pero metodológicamente me parece que es un segundo momento. La instancia normativa necesita previamente un consenso elemental de tipo político para luego ir desde allí a las normas. Pero adjudicarle a las normas la responsabilidad en todo esto es tomar un atajo fácil”.

Es lógico que sociedades más organizadas tengan Gobiernos más eficientes y menos corruptos. No es un problema individual: no hay países con más buena gente que otros. Las personas se comportan mejor cuando están más controladas y contenidas.

La falta de organización y de instituciones es un problema que afecta a toda la sociedad. Los sobornos o la evasión fiscal son algunos ejemplos de cómo la corrupción se replica en la sociedad civil, sobre la que se necesitan reformas estructurales tan profundas como en el Estado.

“La Universidad de Belgrano -dice Giacobbe- hizo una encuesta entre sus alumnos en la que les preguntaron si ellos cometerían un acto de corrupción si tuvieran la garantía de no ser descubiertos. El 60 por ciento contestó que sí. No hay ninguna posibilidad de arreglar un problema si no somos conscientes de que es un problema”.

“La comparación con Brasil es de gran fertilidad. Si un funcionario es allí visto haciendo algo irregular, basta una fotografía o una referencia fundamentada para que la Presidente Dilma Roussef lo eche. Después se verá si cometió delito o no. Eso da una tremenda sensación de higiene”, explica Monner Sans.

“En 2011 Brasil tuvo una masiva manifestación popular sólo contra la corrupción. ¿No es algo fantástico que haya un pueblo que, juntamente con un importante crecimiento económico, no pierda de vista algo tan central como que el fin no justifica los medios?".

Fuente: Infobae.com

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