La Corte Suprema tratará este jueves el caso de la ley de medios , en medio de fuertes presiones del Gobierno para que ese mismo día quede sin efecto la medida cautelar que protege al Grupo Clarín de la obligación de desprenderse de varios de sus medios y licencias.
El máximo tribunal, que preside Ricardo Lorenzetti , tiene previsto realizar el 27 el último acuerdo ordinario de ministros, y si bien habitualmente esas reuniones pueden deparar muchas sorpresas, la presidenta Cristina Kirchner colocó la causa Grupo Clarín en el centro de todas las expectativas.
Las posiciones en el tribunal están divididas, según fuentes del Palacio de Tribunales. Algunos sostienen, incluso, que Lorenzetti podría ser quien tenga el voto que defina la situación.
Desde hace una semana, la Corte tiene en estudio dos presentaciones, que en estos momentos están analizando los jueces antes de tomar una decisión.
La primera es un recurso extraordinario presentado por el Gobierno para que la Corte Suprema deje sin efecto la medida cautelar que hoy protege a Clarín.
El 6 del actual, la Cámara Federal resolvió que la medida cautelar que protege al Grupo Clarín contra el artículo 161 se prolongaría más allá del 7 de este mes, de modo de darle tutela al grupo empresarial hasta que la Corte decida si es constitucional o no esa norma, que dispuso, retroactivamente, que Clarín debe abandonar licencias audiovisuales cuyo plazo de explotación aún no venció.
El segundo expediente es un recurso per saltum que el Gobierno presentó contra la sentencia del juez de primera instancia Horacio Alfonso, que hace dos semanas resolvió que los artículos 45 y 161 de la ley de medios -cuestionados por Clarín- son constitucionales.
La situación es muy complicada tanto para la empresa como para la propia Corte.
La Corte vive bajo un clima de constantes presiones y fue criticada en numerosas oportunidades desde el Gobierno, que aspira a contar con un tribunal que dicte una sentencia favorable en el tema que ha concentrado los esfuerzos de casi todo el gabinete en los últimos meses.
Para lograr ese objetivo, el Gobierno no dudó en armar varias operaciones, incluso contra Lorenzetti. Hace dos semanas, el diputado Carlos Kunkel dijo que Lorenzetti debería renunciar si aspiraba a ser presidente. Y, también, la revista Veintitrés, del grupo Szpolski -muy cercano al Gobierno y el que más publicidad oficial recibió durante 2012-, le dedicó hace dos semanas una fuerte nota (replicada con afiches en toda la ciudad). También son conocidos los contactos que ese grupo y el grupo Vila-Manzano tienen sobre algunos jueces del máximo tribunal.
En suma, dicen fuentes de la Corte, "el clima para resolver este caso no es bueno".
Pero hay otros datos que también influyen en la resolución de esta controversia.
Uno es de carácter técnico. El per saltum está mal presentado, coinciden analistas jurídicos, porque el Gobierno no podía apelar la sentencia del juez Alfonso, ya que benefició en un ciento por ciento al Poder Ejecutivo. La ley que regula ese recurso impide apelar un fallo favorable.
Uno de los funcionarios que más conocen la Corte por dentro dijo que "el per saltum y el recurso extraordinario -que presentó el Gobierno- son vergonzosos desde el punto de vista técnico y deberían ser rechazados".
Sin embargo, en la Corte Suprema, que es un tribunal de justicia pero que tiene connotaciones políticas y que está sujeto a presiones, todo es posible.
¿Cuál es la alternativa que está estudiando la Corte? Rechazar el per saltum y ponerse a analizar el recurso extraordinario, usando este segundo expediente para dejar sin efecto la cautelar. Ésta es la alternativa que más satisface al Gobierno hoy por hoy.
La Casa Rosada -y lo mismo creen algunos jueces supremos- sostiene que la Cámara no debió extender la cautelar más allá del 7 del actual porque la Corte, en un fallo del 22 de mayo pasado, resolvió que ese día vencía indefectiblemente la medida cautelar de la que gozaba el Grupo Clarín.
Sin embargo, si se revisa ese fallo de la Corte, se verá que los ministros sí dijeron que la cautelar vencía el 7 de diciembre, pero, en el considerando 11, dejaron expresamente asentado que "el plazo de vigencia de la cautelar podrá ser revisado en caso de que se verificasen conductas procesales tendientes a obstaculizar el normal avance del proceso".
Esto fue lo que precisamente tuvo en cuenta la Cámara Federal Civil y Comercial cuando extendió la cautelar, y el Grupo Clarín, al contestar el recurso extraordinario presentado por el Gobierno, presentó un escrito en el que argumentaba que el Poder Ejecutivo, con recursos sucesivos, demoró 17 meses el desarrollo del expediente.
En estos días, los jueces están muy divididos sobre la suerte de la cautelar y es tal vez Lorenzetti el que tenga sobre sus espaldas la tarea de inclinar la balanza en un sentido o en otro, coinciden fuentes judiciales. Es decir, las posiciones estarían por ahora tres a tres.
LORENZETTI, DECISIVO
La posición del presidente de la Corte Suprema
Votación compleja La Corte está dividida sobre cómo votar los recursos que presentó el Gobierno para levantar la cautelar que protege a Clarín
El desempate Fuentes judiciales sostienen que Lorenzetti podría ser quien defina la situación. Habría tres jueces dispuestos a apoyar el reclamo del Gobierno y tres en contra
Los dos recursos Es muy difícil que la Corte acepte el per saltum presentado por el Gobierno. La duda es cómo resolverá el recurso extraordinario con el que apeló la decisión de la Cámara de otorgar la cautelar a Clarín
