La Pastoral Social señaló que hubo operativos para instalar el descontrol
El presidente de la comisión episcopal que administra Cáritas advirtió que los incidentes fueron "más políticos que sociales". El obispo de Bariloche afirmó que los ataques a comercios en esa ciudad tuvieron instigadores.
La ola de robos organizados que se sucedieron el jueves y el viernes en distintos puntos del país generó la reacción de diferentes sectores de la sociedad, entre ellos, una fracción de la Iglesia que planteó que se trató de "operativos organizados para instalar el descontrol social", en línea con los organismos defensores de Derechos Humanos que denunciaron la existencia de grupos que "buscan el regreso de los 90 organizando saqueos, disturbios y manifestaciones en diferentes lugares del país".
El titular de la Pastoral Social, Jorge Lozano, sostuvo ayer en diálogo con Tiempo Argentino que "me suena que los desmanes fueron más políticos que sociales abundó. Pero no tengo elementos suficientes para certificarlo. Nadie se adjudicó la organización de estos hechos."
Antes, el obispo aseguró a la página web Valores Religiosos que los robos "parecen ser operativos organizados tendientes a instalar el tema del descontrol social." El también obispo de Gualeguaychú, sostuvo que la situación de incertidumbre y desorden "no está en el ánimo de la mayoría de los argentinos". Por su parte, los organismos de Derechos Humanos emitieron un comunicado conjunto en el que manifestaron su "enérgico repudio" a los actos vandálicos (ver aparte).
Los episodios de mayor tensión comenzaron el jueves en Rosario (Santa Fe), Campana (Buenos Aires) y Bariloche (Río Negro) y continuaron al día siguiente en distintos puntos del Conurbano Bonaerense. El saldo fue trágico: dos muertes en la ciudad santafesina, heridos graves entre los que se encuentra un policía en estado de coma y 523 detenidos, algunos de los cuales ya fueron liberados, según confirmaron fuentes del Ministerio de Seguridad.
De acuerdo a la agencia Télam el casi centenar de detenidos en Rosario "fue imputado por el delito de 'robo calificado, en poblado y en banda', que contempla penas de entre cinco y 15 años de prisión. El agravante se debe a que los acusados cometieron los robos en lugares densamente poblados y acompañados de personas menores." Se trata del mismo criterio que utilizó la justicia con los detenidos en Camapana.
Ante este escenario, Lozano afirmó a Tiempo Argentino que "la situación no me retrotrajo al 2001 porque estamos en una situación social e institucional totalmente distinta". "A mí me sorprendió que sucedieran estos hechos dijo. Me parece que fueron instigados, sobre todo, por lo que dijo el obispo de San Carlos de Bariloche", aseveró el titular de la Pastoral Social.
Por lo pronto, el prelado espera "que avancen las investigaciones en los lugares donde acontecieron estos sucesos para ver desde cada barrio qué motivación hubo. Organizarse para ir sacar cosas de supermercados es una imagen muy fuerte."
Fernando Maletti, el obispo de San Carlos de Bariloche, había calificado que los dramáticos sucesos que acontecieron en su ciudad tuvieron "instigadores", aunque no dio precisiones: "No estoy en capacidad de hacer un análisis de por qué se produjeron estos hechos ni establecer quiénes lo instigaron", reconoció. En diálogo con radio El Mundo, el sacerdote calificó a los últimos saqueos como una situación "muy difícil, muy tensa, muy cargada de contradicciones, muy loca".
En esa sintonía subrayó que a pesar de "las cosas buenas que en materia social se están haciendo desde el Estado" se debería profundizar en el área ya que continúa habiendo "miles de jóvenes que hoy están a la deriva y carecen de proyecto de vida". La mención de este sector vulnerable no es azarosa: sería el caldo de cultivo social sobre el que se montaron los instigadores. Por caso, el diputado provincial del Movimiento Evita, Eduardo Toniolli, reveló que militantes sociales peronistas de Rosario "identificaron a personas ligadas al narcotráfico instigando y agitando a la gente a cometer robos a supermercados" (ver aparte).
En este orden de cosas, el presidente de la conferencia Episcopal Argentina, monseñor José María Arancedo, enfatizó sobre la realidad "que hipoteca a muchos jóvenes que no estudian ni trabajan". El también arzobispo de Santa Fe solicitó: "En este contexto de Navidad no podemos dejar de pensar en las muchas situaciones que atentan contra la paz, y que son un signo de nuestra fragilidad social, cultural y política." "Debemos encontrarnos en el marco de pertenencia de una madura amistad social y como miembros de una misma comunidad, superando la pequeñez de enfrentamientos que descalifican y no construyen", aseguró Arancedo.
Anoche, distintos funcionarios de las provincias afectadas por los episodios vandálicos aseguraban que la situación ya estaba normalizada.
En rosario volvió la calma
La intendenta de Rosario, Mónica Fein, aseguró ayer que la situación en la ciudad "está normalizada". Tras los ataques a comercios y supermercados locales, que comenzaron el jueves y derivaron en la muerte de dos personas, la mandataria sostuvo que no se registraron hechos de violencia "en toda la noche del viernes ni ingresaron heridos en los hospitales públicos. Tuvimos mucha presencia policial, pero no ocurrió nada importante", detalló.
"Estoy convencida que hubo una organización atrás de estos episodios y que es necesario aclararlos, afirmó la alcaldesa a la emisora rosarina LT3.
En este sentido, el diputado provincial e integrante del Movimiento Evita, Eduardo Toniolli, aseguró que militantes sociales peronistas de Rosario "identificaron a personas ligadas al narcotráfico instigando y agitando a la gente a cometer robos a supermercados" en la ciudad santafesina.
"Queremos que esto se investigue a fondo, y que aparezcan los responsables", señaló Toniolli en diálogo con Télam.
Por lo pronto, la mayoría del centenar de personas detenidas por los actos vandálicos en Rosario fueron imputados por "robo calificado, en poblado y en banda", un delito que contempla penas de entre cinco y 15 años de prisión de cumplimiento efectivo.
El agravante para el encuadre judicial se debe a que los acusados cometieron los robos en lugares densamente poblados y acompañados de personas menores. Se trata del mismo criterio que aplicó la justicia en la provincia de Buenos Aires.
Pérdidas por 26 millones
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) estimó ayer que los saqueos en más de 200 comercios en los últimos días generaron pérdidas por "26,5 millones de pesos", y además consideró "urgente e indispensable" reforzar la seguridad de los pequeños y medianos locales comerciales.
La entidad señaló que "si bien es difícil estimar las pérdidas reales" porque además de los ataques violentos hubo "miles de comercios" que cerraron sus puertas "por precaución justo en los días de mayores ventas del año", de todas maneras las pérdidas son "cuantiosas", lamentó. La cámara reseñó que "en 40 de las ciudades afectadas, hubo 292 comercios saqueados con pérdidas estimadas en 26,5 millones de pesos. Pero la cantidad de comercios afectados superaría los 500 cuando se agregan locales comerciales que, si bien no fueron saqueados, quedaron expuestos a roturas de vidrios y otro tipo de daños significativos", añadió. Ante ello, consideró "urgente e indispensable que se destine personal a reforzar la seguridad de los comercios más chicos y darles un clima de tranquilidad en esta fecha", marcó.
Por otra parte, la Federación de Cámaras y Centros Comerciales de la Argentina (Fedecamaras) adelantó que presentará ante la justicia una denuncia "para desenmascarar a los organizadores de los saqueos", según lo anunció el presidente de esa entidad, Rubén Manusovich, quien también pidió a las autoridades "que redoblen las medidas de seguridad para proteger la integridad de los comerciantes".
