La sentencia definitiva del juez Horacio Alfonso, que ratificó la constitucionalidad de la Ley de Medios fue celebrada en la Casa Rosada. La decisión sobre la cuestión de fondo que desecha el planteo de inconstitucionalidad del Grupo Clarín, también configura un nuevo escenario judicial con una nueva fecha clave: el 14 de diciembre.
Fuentes oficiales confirmaron a Tiempo Argentino que la estrategia que llevará adelante el gobierno será esperar la apelación a la sentencia por parte del multimedios, hecho para el que no se han habilitado días inhábiles, por lo que recién correrá el plazo de cinco días a partir del lunes. Sólo entonces se analizará el abanico de recursos que se desplegarán a futuro con vistas a llegar en el menor tiempo posible a la Corte Suprema, pero que por el momento descartan la utilización del per saltum para evitar la instancia de la Cámara Civil y Comercial, que se inclinó durante todo el proceso a favorecer la posición del Grupo.
"La ratificación de la constitucionalidad de los artículos 45 y 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fortalece la democracia y la libertad de expresión como requisito indispensable del Estado de Derecho", sostuvo el ministro de Justicia, Julio Alak, apenas publicada la sentencia. "Con este fallo, la palabra ya no tiene dueño en la Argentina", advirtió el funcionario, que calificó el de ayer como "un día histórico después de tres años, dos meses y cuatro días" desde que la ley fue sancionada por mayoría por el Congreso.
Más allá del optimismo compartido por todo el arco oficialista ante el fallo judicial, los próximos pasos serán clave para establecer en qué tiempos la norma tendrá plena aplicabilidad. Con la apelación del multimedios es posible que también se presente un pedido para que este recurso tenga efecto "suspensivo" sobre el fallo en primera instancia y habrá una nueva consulta a las partes para sostener los fundamentos del rechazo de Clarín y exprese los "agravios" al fallo de Alfonso ante la Sala I de la Cámara. En paralelo, tramitará la reinstalación de la medida cautelar, caída con la sentencia de Alfonso. También quedaría en posición de solicitar un per saltum a la Corte, hecho que se descarta, ya que la estrategia judicial del multimedios ha sido la de demorar un pronunciamiento definitivo.
El Ejecutivo tampoco planea por el momento utilizar el per saltum en caso de que la Cámara Civil y Comercial pueda revertir lo dispuesto por Alfonso, y se prepara para enfrentar cada una de las instancias que restan antes de que el expediente escale hasta la Corte Suprema. Tampoco va a haber ninguna actuación de oficio por parte de la AFSCA durante el fin de semana, indicaron fuentes oficiales. Allí, la presión por una rápida decisión sobre la cuestión recaería sobre los camaristas que, en este contexto, tendrán escaso margen de maniobra para dilatar la cuestión, dado el mensaje de la Corte que bajó en los últimos días, a raíz de una espiral de descrédito sobre el sistema de justicia que comenzó a debatirse en el discurso público.
Ante un eventual escenario futuro donde la Corte se inclinara por intentar conformar a las dos partes, la fecha del 14 de diciembre podría convertirse en el punto de partida en el cual se tome en cuenta el plazo de un año para la desinversión que los camaristas Francisco de las Carreras y María Susana Najurieta se encargaron de resaltar a la hora de extender la validez de cautelar que benefició al Grupo, pero que podría interpretarse como contradictorio con lo que dijo la Corte en materia de cautelares en su fallo del 22 de mayo.
Fuente: Tiempo Argentino