Según el último informe presentado por la ONG, Xumek, el acceso a la salud en las cárceles depende de los penitenciarios que quieran llevarlos o no. Además dependen de un suboficial de Sanidad que es el que decide, según su criterio, quiénes y cuántos son atendidos. No se les hace un seguimiento personal y muchos aseguran que les entregan medicamentos vencidos.
Por ello, y para avanzar en el mejoramiento de la situación sanitaria, la provincia firmó un convenio con el Ministerio de Salud de la Nación que busca asegurar el acceso a la salud de los hombres y mujeres privados de su libertad, como así también de los niños y niñas hasta los cuatro años, que se encuentran alojados en las unidades penitenciarias.
Con ello se busca diagnosticar, tratar y atender enfermedades como chagas, tuberculosis, VIH, cáncer uterino, salud mental, vacunación y salud sexual, como así también las pautas de atención para niños, niñas y embarazadas en contextos de encierro.
A partir de esto, Mendoza se convierte en la primera provincia en asumir este compromiso. Además, el Ministro de Salud, Carlos Díaz Russo, aseguró que trabajarán en forma coordinada con los hospitales y centros de salud cercanos a las penitenciarias, y los diversos programas del ministerio priorizando la prevención y la promoción como ejes principales del mantenimiento de la salud de la población carcelaria, que con los cinco establecimientos de detención con los que cuenta Mendoza, suman un total de 3.500 internos, entre hombres y mujeres.
Este acuerdo fue firmado en la mañana del martes, entre los ministerios de Salud, Trabajo, Justicia y Gobierno, y Desarrollo Social y Derechos Humanos en conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación. Desde la cartera sanitaria nacional se hicieron presentes la directora de Medicina Comunitaria, Silvia Baéz Rocha y el coordinador del Programa de Salud en Contextos de Encierro, Alejandro Diaco.