Lejos de la primera línea de batalla y con la mirilla puesta en el efecto desgaste, el peronismo mide el impacto del revés judicial que sufrió el Gobierno por la ley de medios. Pragmáticos, gobernadores y dirigentes pasaron rápido del sacudón del fallo que deshilachó el 7-D al análisis del control de daños.
El resultado, con matices, arroja tres coincidencias: creen que la cruzada no los afecta en sus territorios, le otorgan, por ahora, un costo más "institucional" que "electoral" y, la de mayor relevancia, temen que se expanda una pelea feroz con final abierto entre la Casa Rosada, la Justicia y el Grupo Clarín.
"Como señal puede ser peor que la 125, si es que la Corte no define rápido a favor del Gobierno", reflexionó un destacado gobernador, alineado con Balcarce 50. Su argumento no se centra en el anclaje social que tuvo la crisis con el campo, sino en la "traba" que detuvo la avanzada kirchnerista. En aquel caso, el voto no positivo de Julio Cobos desbarató la suba de las retenciones y la reacción del oficialismo fue confinarlo al destierro bajo el mote de traidor. Esta vez, el freno enemigo lo puso el Poder Judicial y, de continuar, podría desatar un conflicto espinoso.
"Políticamente, es difícil de remontar. Deja un visible flanco débil: los jueces ya no nos acompañan", concluyó.
Otros caciques, del Norte y Oeste, inscriben la medida de la Cámara Civil y Comercial -que postergó el proceso de desinversión del holding encabezado por Héctor Magnetto- en la "pérdida de miedo" a Cristina Kirchner. Este último traspié corona una cadena de eslabones amargos en apenas dos meses: el cacerolazo, la revuelta de gendarmes y prefectos, la protesta del 8 de noviembre y el paro del sindicalismo opositor.
"Puede ser que ahora se animen a plantarse, pero es el desgaste natural de todo proyecto que tiene casi diez años en el poder", relativizó a LA NACION un miembro del PJ y de Unidos y Organizados, el frente de agrupaciones cristinistas cuyo vértice es La Cámpora. La Presidenta se recostó en este conglomerado para defender la ley de medios en la calle y en la pulseada retórica. Les dio papel protagónico en el armado del show de mañana que, detrás de la consigna Fiesta Patria Popular, pretendía ser aprovechado para celebrar el "fin del monopolio".
El peronismo fue convocado de apuro al festejo: el Gobierno pidió a intendentes y a la CGT oficialista que aporten militantes para llenar la Plaza de Mayo. Con Julio Pereyra, el mandamás de Florencio Varela, a la cabeza, los jefes comunales se mostraron más activos que los gobernadores, ajenos a la creciente tensión. "No tienen ni ganas de venir a los actos de gestión", deslizó un funcionario para graficar el ánimo. Igual, esas citas sirven por lo menos para improvisar tertulias entre los jefes provinciales. Como la última, cuando después de un anuncio en el Museo del Bicentenario, un puñado hizo catarsis sobre asuntos repetidos: el nulo diálogo con Cristina, la falta de fondos y su temor a quedar relegados en la confección de listas legislativas el año próximo.
Sólo 7 de los 19 gobernadores alineados con el kirchnerismo rechazaron en público la decisión judicial. Los más encendidos, en línea con el discurso duro de la Casa Rosada, fueron el entrerriano Sergio Urribarri y el chaqueño Jorge Capitanich.
El resto hilvanó una defensa equilibrada. Ante la consulta de LA NACION, el tucumano José Alperovich enfocó al tribunal que preside Ricardo Lorenzetti: "Este fallo es inadmisible. Confiamos en que la Corte intervenga y dé marcha atrás". En el mismo registro estuvieron el jujeño Eduardo Fellner (que recordó que era presidente de la Cámara de Diputados cuando se sancionó la norma), el misionero Maurice Closs y el mendocino Francisco Pérez. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, manifestó su "repudio" y vio opacado en Bariloche el lanzamiento del canal mapuche Wall Kintun, en el marco de la épica pensada para el 7-D.
Hicieron ruido los silencios de siempre, unidos por un denominador común: tienen proyectos electorales propios. Daniel Scioli, otra vez, esquivó el tema del que jamás hizo bandera. Es más: hace una semana le concedió un reportaje al diario Clarín y, en referencia al 7-D, sostuvo que era "profundamente respetuoso de la independencia de los poderes".
El salteño Juan Manuel Urtubey no habló y, según dijeron sus voceros a LA NACION, pasó la fecha simbólica en Chile. Tampoco lo hizo el sanjuanino José Luis Gioja, que integró la comitiva que acompañó el viernes a la Presidenta a Brasilia. Compartió la táctica del mutismo el intendente de Tigre, Sergio Massa, aunque uno de sus aliados envío un mensaje crítico: José Eseverri, jefe comunal de Olavarría, objetó la eficacia para implementar la ley y alertó sobre la "cartelización" de empresas afines al Gobierno pagadas con "pauta oficial".
Sin demasiada expectativa, en el peronismo clásico esperan que Olivos rediseñe su estrategia y retome una agenda positiva. Quieren evitar la dilación de una contienda de la que no se sienten parte.
CÓMO JUEGA CADA UNO EN LA CRUZADA POR LA LEY
El PJ se divide entre apoyos incondicionales, sugerentes silencios y críticos
A fondo
Ponen la cara con libreto de Olivos
A menos
Esquivan el tema, sin confrontar con el Gobierno
Fuente: La Nación