Comienza histórico juicio en Brasil por corrupción
Con una transmisión especial por televisión y 38 acusados sentados en el banquillo, el Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño juzgará un supuesto esquema secreto de compra de votos en el gobierno de Lula.
Conocido en Brasil como "mensalão" o gran mensualidad, el escándalo surgió en 2005 y puso contra las cuerdas al primer gobierno de Lula, obligando a renunciar a algunos de sus allegados.
Por eso, diferentes analistas creen que el proceso podría tener impacto político para Lula y el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) fundado por él, al que pertenece la actual presidenta brasileña, Dilma Rousseff, quien paradójicamente tal vez se beneficie del asunto.
El juicio es sobre un presunto mecanismo utilizado por el PT después de asumir su primer gobierno de la historia en 2003 para pagar ilegalmente a legisladores de partidos aliados, a cambio de apoyo en el Congreso.
Según los investigadores, millones de dólares fueron desviados de presupuestos de publicidad y de empresas manejadas por el Estado, según publica InfoNews.
El PT negó la existencia de cualquier esquema de compra de votos parlamentarios.
Pero Carlos Pereira, especialista de la Fundación Getulio Vargas basado en Río de Janeiro, dijo que existen "pruebas muy claras" y el veredicto será importante para el futuro de Brasil.
"Si los acusados fueran castigados, será una prueba creíble de que las instituciones brasileñas de control ejercen de hecho un contralor del Ejecutivo", sostuvo.
El Supremo está compuesto por 11 magistrados, en su mayoría nombrados bajo los gobiernos de Lula o Rousseff, y el juicio puede extenderse hasta septiembre u octubre.
Entre los 38 acusados están el exministro de la Presidencia de Lula, José Dirceu, y el extesorero y el expresidente del PT, Delúbio Soares y José Genoino respectivamente.
"Las personas juzgadas son muy simbólicas para el partido", explicó Cristiano Noronha, analista político de la consultora Arko Advice, con sede en Brasilia.
También hay otros dos exministros, varios exdiputados de partidos de la coalición que apoyó a Lula en su primer mandato, antiguos dirigentes bancarios y empresarios.
Los cargos son diversos, desde corrupción y lavado de dinero a formación de cuadrilla y peculado, algunos con penas de hasta 12 años de prisión.
Casi todos los acusados se declaran inocentes. No obstante, Soares asumió responsabilidad por la distribución de recursos considerados ilícitos a políticos aliados al gobierno de Lula, negando que fuesen para comprar votos.
También es acusado el exdiputado Roberto Jefferson, del Partido Laborista Brasileño, quien denunció públicamente el caso en 2005.
Pereira y Noronha afirmaron que la imagen de Lula puede verse salpicada aunque el expresidente esté fuera del banquillo en caso de que sus viejos colaboradores sean declarados culpables.
"Si el PT es condenado, va a ser una mácula en su gobierno y puede hasta tener un impacto malo en la pretensión (de Lula) de volver eventualmente como candidato", dijo Noronha.
Lula ha negado conocer un esquema de compra de votos bajo su gobierno y ninguna prueba lo contradice. Cuando surgió el escándalo, dijo sentirse "traicionado" y que el PT debía "pedir disculpas". Pero tras ser reelecto en 2006, aludió al caso como una "farsa" contra su gobierno.
Alberto Almeida, experto en opinión pública del Instituto Análise en Sao Paulo, recordó que a fin de 2005 la popularidad de Lula cayó, pero luego se recuperó, el presidente ganó la elección y salió del poder a fin de 2010 con una aprobación superior a 80%, sustentada por familias que mejoraron sus condiciones de vida.
Por eso Almeida descartó que el escándalo vaya a perjudicar a Lula más que cuando fue presidente. "El principal impacto para Lula es el paso del tiempo", dijo. "Eso es más importante que el impacto del 'mensalão'".