Vuelta a Casa

Quieren usar fondos de multas por trabajo infantil para incentivar el arraigo rural

La iniciativa del diputado Gustavo Arenas (PJ) es que el dinero resultante de este tipo de sanciones sea utilizado para ayudar a egresados universitarios y que vuelvan a trabajar a su lugar de origen.

Por Sección Sociedad

Que los jóvenes egresados universitarios vuelvan a desempeñarse laboralmente a su lugar de origen en el campo: esa es la iniciativa que propone el diputado Gustavo Arenas en su proyecto que prevé utilizar los fondos de las multas a empresas que utilicen trabajo infantil o esclavo para crear un programa de reinserción laboral en zonas rurales. 

La iniciativa permitiría (si la Cámara Baja le da el visto bueno y luego el Senado hace lo propio) que quienes se vean beneficiados cuenten con la oportunidad de ejercer actividades relacionadas con su profesión fortaleciendo su vínculo y compromiso con su lugar de nacimiento.

Así, a través de la facilitación del acceso de los jóvenes a su primera experiencia laboral, se enfoca en los profesionales recién egresados con poca o sin experiencia y que por lo tanto no cuentan con las oportunidades necesarias para encontrar un empleo inicial.

El proyecto pretende ser un aporte al desarrollo económico, científico, educacional y social de las regiones rurales de Mendoza. Para implementar el programa se destinarán fondos provenientes de las multas aplicadas por la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia a los empleadores que infrinjan la ley Nº8.374, cuyo autor también es el diputado Gustavo Arenas.

Esa norma sanciona a quienes incurren en trabajo esclavo o explotación infantil, además de impedirles el acceso a todo beneficio fiscal, impositivo, económico, financiero o de cualquier otra índole otorgado por el Gobierno provincial y ejecutar la pérdida inmediata de los beneficios que ya les hayan sido otorgados.

La necesidad de implementar el programa a través de la ley se basa en estadísticas del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del 2001, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos en todo el país, las cuales revelan en el ítem “Máximo nivel de educación alcanzado” que, por ejemplo, en Lavalle sólo completó los estudios terciarios o universitarios el 2,2% de una población de 20.542 que en ese entonces tenía 15 años o más.

Lo mismo ocurre en Santa Rosa, donde sólo el 2,5% de 10.646 personas con 15 años o más completó los estudios terciarios o universitarios. Mientras tanto, ese porcentaje se elevaba apenas al 3,8% en Tupungato.

  La propuesta

La propuesta se basa en que el Gobierno de la Provincia contrate por única vez, por un período de un año como máximo, a jóvenes profesionales recibidos en universidades públicas o privadas nacidos y criados en zonas rurales, que “hayan cursado el ciclo primario y secundario en establecimientos educativos ubicados en dichas zonas y mantengan residencia efectiva en su lugar de origen”, para que se aboquen a prestar servicios propios de su especialidad en sus lugares de nacimiento y sobre la base de una propuesta o plan de trabajo vinculado y en beneficio de su región o comunidad.

Los beneficiados no deben tener un tiempo mayor a un año como egresados de carreras con cuatro años de cursado, como mínimo, para ser contemplados en el programa. Su trabajo se podrá desarrollar en organizaciones públicas municipales, provinciales o nacionales que tengan sede en el lugar de origen.

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