El gobernador Rodolfo Suarez dio el último paso administrativo que le restaba para la solicitud del laudo que le pidió al presidente Alberto Fernández por la obra de Portezuelo del Viento. Así ayer presentó personalmente una nota con la defensa de la obra, la solicitud de una resolución rápida y una alternativa ante un posible fallo en contra de la construcción de la obra, como solicita La Pampa.
La nota es un un resumen de cómo ha sido el largo proceso ante diferentes organismos, como el Coirco (Comité Intersjurisdiccional del Río Colorado) para llegar a la licitación de la megaobra que Mendoza espera desde hace medio siglo y que le permitiría ampliar significativamente su matriz energética.
La Nación debía financiar la construcción de la presa tras el acuerdo al que arribaron el ex gobernador Julio Cobos con el entonces presidente Néstor Kirchner como compensación por las pérdidas millonarias que la exclusión de la provincia de la ley de Promoción Industrial produjo a Mendoza.
En el escrito, redactado con el patrocinio letrado del asesor de Gobierno, Ricardo Canet, y el fiscal de Estado, Fernando Simón, Suarez reafirma la necesidad de construir la presa en el sur provincial, argumentando la legalidad y los beneficios de la misma. "La Provincia de Mendoza reafirma la única legalidad imperante, sosteniendo la vigencia indubitable del Acta Nº 70 de COIRCO, el Laudo del Presidente de fecha 16 de enero de 2018 y sus actos consecuentes (en especial Actas Nº 812, 814 y 857 del Comité Ejecutivo de COIRCO), asumiendo que cualquier decisión contraria a esta postura torna de imposible ejecución la obra Portezuelo del Viento", advierte.
Además, le solicita a Fernández "en su carácter de árbitro, la máxima celeridad en la emisión del laudo requerido, toda vez que el proyecto Portezuelo del Viento se encuentra en condiciones de ser adjudicado, luego de tramitar un largo proceso licitatorio".
"La adjudicación e inicio de la obra implica en lo inmediato activar la creación de empleo genuino, pero fundamentalmente la generación de energía hidroeléctrica, crucial en el mundo que vivimos, con lo cual sin lugar a dudas es un aporte para evitar el calentamiento global y la reducción del uso de energías no renovables y altamente contaminantes", resalta el escrito de casi 30 páginas.
Y el texto, en dos ocasiones distintas, agrega: "Para el hipotético caso de que el laudo resulte contrario a lo peticionado por esta parte o que el Sr. Presidente entienda que hay que realizar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental Regional, -que se debe asimilar a una negativa lisa y llana, que implicaría una dilación sin sentido, pues seguramente se mantendrá la oposición de la Provincia de La Pampa por razones ajenas a cuestiones técnicas o ambientales-, con el agravante de la inmovilización de los fondos y el grave perjuicio que eso significa, solicitamos en ambas hipótesis autorice a la Provincia de Mendoza la construcción de obras de generación de energía así como las que permitan ampliar la capacidad productiva, optimizando el uso del agua u otras obras que persigan la misma finalidad, ello sin perjuicio de hacer reserva de avanzar en la concreción de otras obras hídricas según contempla el Acuerdo vigente según el Decreto Nacional N° 519/19 y la Ley Provincial 9170".
Es decir, Suarez espera una resolución rápida del conflicto. Y en el caso de que se le exigiera un nuevo estudio ambiental, pide destinar los fondos a otras obras de generación hidroeléctrica, básicamente para que los millones no queden planchados, a la espera de un estudio que puede demorar años y que tampoco garantizaría un fallo favorable a Mendoza.
O sea, Suarez quiere cerrar el conflicto y la incertidumbre respecto a Portezuelo del Viento que reina hace años. Y reactivar la obra pública en momentos de crisis económica, con datos que muestran la problemática social de una pobreza que crece.
Se trata nada menos que de 1.023.362.922 de dólares, que le corresponde recibir a Mendoza por parte de la Nación.
Esta es la nota completa:
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