insólito

En Valle Grande se construye un hotel sin importar el rechazo del municipio

Un empresario decidió seguir con su proyecto inmobiliario pese a que la Municipalidad lo rechazó por tratarse de una zona restringida. El debate entre concejales se originó recién ahora, cuando la obra está cerca de finalizar.

Pese a las expresas prohibiciones existentes, la declaración de zona de riesgo, dictámenes de organismos provinciales -que aún reconociendo que se trata de terrenos inundables dejan la toda responsabilidad en manos del inversor- se  construye un apart hotel de enormes dimensiones en el Valle Grande, lo que llevó a concejales y asesores legales de la comuna a analizar cómo dejar sin efecto el emprendimiento.

Como si todos hubieran estado ausentes en los últimos meses o, al menos, no hubieran visitado el principal paraje turístico de San Rafael, funcionarios de la municipalidad y miembros del Concejo Deliberante se han visto sorprendidos por un edificio de dimensiones descomunales, ya casi concluido, sin respetar resoluciones de paralización de obra, dictámenes sobre riesgos del terreno, ordenanzas de carácter ambiental y hasta leyes provinciales.

Por ejemplo, aún cuando la ordenanza 5730, que regula el aspecto ambiental y el desarrollo turístico del Cañón del Atuel, prohíbe expresamente la construcción de obras en la denominada Zona Restringida, y cuando puntualmente la municipalidad prohibió la solicitud realizada oportunamente por los inversores, en el Valle Grande, Ariel Martín, con proyecto y representación técnica del Ingeniero Ricardo Arana encaró la construcción de un hotel que no tendría permiso ni habilitación.

Sacando la luz de otro edificio, con la absoluta falta de compromiso de la Dirección de Hidráulica, con la infructuosa participación de los inspectores municipales y el desconocimiento de los concejales de San Rafael, hoy los asesores legales y el Concejo Deliberante se debatían en las acciones a seguir para reparar la insólita situación de tener un apart hotel ya construido en una zona riesgosa y restringida para “la intervención humana”.

Lo llamativo es ver que el edificio está casi concluído cuando en el medio recibió una serie de documentos en contra. Por ejemplo, cuando el agrimensor solicitó a la Comisión de Planeamiento el certificado municipal para fraccionar el terreno, el jefe de esa área municipal lo denegó, señalando que la obra estaba en las áreas  señaladas como zona de restricción II y zona de recuperación III del Valle Grande, que sólo pueden tolerar “un mínimo de intervención humana”, y que “en general su estado natural  sólo podrá ser alterado ocasionando un mínimo impacto ambiental”, ya que son áreas donde “el medio ambiente se encuentra en proceso de deterioro con daños severos”.

Se deniega el certificado de factibilidad.
El certificado que señala que “no es factible lo solicitado”, fue extendido a solicitud del inversor, Ariel Ricardo Martín, el 28 de abril de 2010.

Cierto es que la Dirección de Hidráulica dictaminó el 15 de setiembre del año pasado que “no asume responsabilidad alguna ante la ocurrencia de daños o perjuicios que pudieran ocasionarse en la obra de infraestructura proyectada”.

Lo hizo ante un pedido presentado por el inversor, con un estudio técnico al que Hidráulica le hizo ciertas salvedades.

Hidraulica se saca la responsabilidad.

El organismo señaló en su  resolución sobre el expediente Nº 521/A/2010/30008/E, referido al estudio hidrológico que “demuestra que se trata de un terreno inundable en una fracción del mismo por lo que se requiere de obras de protección de márgenes y saneamiento del cauce”.

Tras observar “el plano de planta y cortes con la propuesta de obras de protección a realizar” por parte del inversor, los funcionarios de Hidráulica advierten que “los datos del estudio topográfico realizado, las dimensiones, cotas, pendientes, longitudes y demás datos consignados y los parámetros y coeficientes utilizados, son de exclusiva responsabilidad del profesional firmante”.

En consecuencia, el organismo dice que el estado no se hace responsable de los daños o perjuicios que pudiera ocasionar el emprendimiento.

Los concejales de San Rafael entienden que de esta manera, el organismo provincial “se lavó las manos”.

Por otra parte, en la municipalidad sureña, a través de la resolución 253 fechada en julio del año pasado, el intendente y el Secretario de Obras Públicas analizando lo advertido por Planeamiento y tras correr vista al Concejo Deliberante, se decidió “denegar el certificado de factibilidad para la construcción de un Apart Hotel”.

La carátula del expediente municipal.

Más sorprendente resultar verla en estado, si se considera que el 28 de setiembre del año pasado en el expediente Nº 16.807-I-11, caratulado “Inspector Obras Privadas – E/Parte c/Martín Alberto”, la resolución 034/11 disponía una multa de $5.000, por un lado, y disponía “la inmediata paralización de la obra… por no contar con el permiso municipal respectivo y transgredir el Código de Edificación en vigencia”.

La situación derivó hoy en un encuentro entre los asesores letrados del Departamento Ejecutivo Municipal y los concejales, para conocer el expediente, primero; y luego en un encuentro de los ediles con el asesor legal del Concejo Deliberante, Hugo Gervasi para analizar los pasos a seguir.

Ante SITIO ANDINO, los funcionarios dejaron claro, entre otros conceptos, que “estos señores siguieron adelante porque Hidraúlica no les dijo que no se podía construir”; “está la ley de Trasferencias de Mendoza que impide que seala la intangibilidad de los terrenos transferidos a los municipios”; “hace tres años Fiscalía de Estado de Mendoza, en lo relativo a la ocupación de las márgenes del río Atuel por parte de los operadores de rafting, dejó en claro que hay una responsabilidad de la Municipalidad de San Rafael que ustedes están omitiendo”.

Algunos concejales tienen previsto visitar mañana la obra, al tiempo que admitían ante este medio que “es increíble que esta construcción haya llegado donde llegó”.

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