Opinión
Suarez se blinda para contener la pelea por la sucesión
Domingo, 19 de diciembre de 2021Por Luis Ábrego.

El desembarco esta semana de Nora Vicario y Víctor Fayad (h) en el gabinete de Rodolfo Suarez es una muestra de autoafirmación del gobernador tras el todavía resonante triunfo electoral. Pero también una señal interna, que como premio de mitad de mandato, apunta a equilibrar el equipo de gestión inicial influido por Alfredo Cornejo, tanto en algunas cabezas de ministerios como en las segundas o terceras líneas.

En la misma dirección debería leerse la rápida jugada coordinada entre el radicalismo capitalino, y el Ejecutivo para avanzar con el debate de un proyecto de ley para implementar en Mendoza la Boleta Única (BU) a partir de las próximas elecciones en 2023. Una audaz movida que descolocó tanto al establishment partidario como a los socios del Frente Cambia Mendoza (FCM) y, obviamente también a la oposición.

Ambas decisiones muestran a un Suarez empoderado y con vocación de correr ciertos límites que hasta el momento parecían sólo estar sujetos al consenso interno o al pie de plomo con el que el mandatario se ha conducido desde su asunción en 2019. Tal vez ahora, deba hacer frente no sólo a la gestión sino también a conducir el proceso político que derivará en la elección de su sucesor ante la imposibilidad de su reelección, y eso -definitivamente- no puede encararse desde la debilidad. Sí desde la iniciativa.

Tanto Vicario como Fayad (h) son de extrema confianza del sector que se denomina "suarismo", un mote construido por sus herederos después de la muerte de Viti Fayad, histórico líder del radicalismo capitalino de donde surgen todos estos dirigentes. Ambos nuevos ministros, asumieron en carteras emblemáticas como son Turismo y Cultura, donde se anidan suficientes expectativas de recuperación económica e ingreso de divisas básicamente con la llegada de extranjeros; y en Hacienda, donde los resultados de la ingeniería financiera harán posible no sólo el cumplimiento de obligaciones fiscales de la Provincia, sino también la posibilidad de fondos frescos para volcarlos a los sectores postergados por la pandemia, como la obra pública.

Si bien el oficialismo ha procesado en este tiempo las diferencias tanto de estilos como de metodologías entre Suarez y Cornejo, no es menos cierto que esas tensiones, disimuladas, coexisten. Es por ello que cada reemplazo de piezas es visto y analizado con precisión quirúrgica y por el inevitable tamiz de la interna partidaria.

En ese contexto, la salida del gabinete de Mariana Juri (asumió en el Senado Nacional) y Lisandro Nieri (juró en la cámara de Diputados de la Nación) suponía -a priori- un equilibrio cuyo reemplazo se concreta sin esa continuidad, por dos suaristas. Fayad (h), quien ya venía trabajando en el ministerio desde la gestión Cornejo, es una debilidad casi familiar del mandatario por el profundo vínculo que tuvo con su padre, el Viti, a quien Suarez sucedió en el municipio de Capital tras su muerte. Justamente allí también hizo toda su carrera Vicario, trabajando estrechamente con ambos, y logrando de ellos el reconocimiento y total confianza que hoy la traslada a la órbita provincial.

La decisión no asoma ingenua. Es de por sí, un reagrupamiento y distribución del elenco original que sostuvo a Suarez en la gestión municipal, aunque por la dinámica política hoy algunos ocupen otros roles. La apuntada Juri en el Congreso, Alejandro Diumenjo (presidente de bloque de los senadores provinciales de Cambia Mendoza), Cecilia Rodríguez (presidenta del bloque UCR en Diputados) y Natacha Eisenchlas (también senadora provincial de llegada al gobernador). A los que se suman ahora los mencionados Vicario y Fayad (h), pero también Raúl Levrino en Seguridad y Víctor Ibáñez en Gobierno. Todos, en lugares muy estratégicos.

Con ese equipo compacto, Suarez busca fortalecer su autoridad ante las disputas inevitables que se vienen. La primera fue la necesaria armonización y establecimiento de reglas de juego para dirimir candidaturas en 2023. En especial, el premio mayor: el radical que intentará conseguir el tercer gobierno consecutivo para ese partido, e igualar así el récord que tiene el peronismo con el trío Bordón-Lafalla-Gabrielli.

Para ello, esta semana también se intentó contener a los intendentes oficialistas para que no se dejen ganar por las ansiedades y el clima triunfalista que reina entre sus filas. Un mensaje teledirigido especialmente para Tadeo García Zalazar (Godoy Cruz), Daniel Orozco (Las Heras) y Ulpiano Suarez (Capital).

En el cónclave en la residencia oficial de La Puntilla se acordó priorizar la gestión y caminar juntos en un proceso ordenado para no hablar en 2022 de aspiraciones sino de realizaciones en cada uno de los rincones del territorio. El acuerdo podría ser cumplido, lo que no garantiza que el asunto esté resuelto.

Otras expresiones del FCM entienden -por el contrario- que no tienen por qué respetar ese pacto que Suárez trazó como estrategia para los jefes comunales oficialistas. Y de hecho, también antes de que el año terminara, el diputado nacional Omar De Marchi (Pro) lanzó una convocatoria pública a través de la Fundación Pensar para construir un plan estratégico que sirva como la base de su plataforma para reincidir con una candidatura a la Gobernación. Ideas similares exhibe el radical Luis Petri, quien luego de concluir su mandato como diputado nacional ha expresado que se tomará todo el año próximo para recorrer la Provincia con la misma intención: competir por el sillón de San Martín. Piezas sueltas de difícil encastre en el oficialismo.

Como se ve, la casa no está en orden pese a los esfuerzos del gobernador, que sin embargo se animó a enviar a la Legislatura su proyecto de modificación de la herramienta electoral con la inclusión de la BU en reemplazo de la tradicional y vetusta, lista sábana. Un pedido con mucho respaldo de la dirigencia, que el Pro había empezado a plantear con insistencia, pero con muy pocas acciones concretas para que la ciudadanía pueda capitalizar sus beneficios: transparencia, igualdad y equidad del proceso electoral.

Una discusión que la Legislatura dará en 2022 y que de prosperar, algo que así sería incluso si la oposición no avalara (lo que a esta hora todavía es una incógnita), permitiría disminuir la influencia del aparato partidario (el efecto "arrastre") y derivar en los electores la decisión de elegir lista completa o no. O combinar con una simple cruz a candidatos de distintos partidos sin necesidad de usar la tijera para cortar categorías diferentes e incluirlas en el sobre del voto.

Una pequeña reforma política que va en línea con la más abarcativa modificación constitucional a la que Suarez denominó "institucional" y en la que se incluyen como postulados la reducción de los costos de la política a la que la BU contribuye, pero también la mejora de la representación legislativa o la autonomía municipal. Pero que sin embargo, sigue cajoneado en la Casa de las Leyes.

"Quien no puede lo más, puede lo menos..." decían con algo de resignación e ironía en los despachos de Casa de Gobierno parafraseando el axioma jurídico que expresa, justamente, todo lo contrario. Una manera de consagrar el derecho que garantiza una atribución mayor y que debe interpretarse como la posibilidad de ejercer alguna menor. Una especie de consuelo ante la incertidumbre de la "reforma institucional", cuya parálisis también abre la puerta a un avance mínimo pero significativo como la BU, una herramienta capaz de cambiar en algo las reglas del juego para las batallas que vendrán. O al menos, involucrar más a los representados que a los representantes en la decisión y construcción política. Hasta ahora siempre fue al revés.

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