Opinión
La política propone, Bento dispone
Domingo, 15 de agosto de 2021Por Luis Ábrego.

Desde el cierre de listas hasta acá la agenda de campaña ha estado motorizada más por las decisiones judiciales que por las estrategias que cada uno de los frentes o candidatos han elaborado. Sentencias provisorias que condicionan propuestas todavía muy difusas.

En cuenta regresiva hacia el 12 de setiembre, fecha de la realización de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (Paso) ninguno de los anotados para competir ha podido todavía desplegar ideas para superar el barro en el que ellos mismos se involucraron al judicializar el punto de inicio de cualquier contienda electoral: la presentación de las boletas con la nómina de los precandidatos.

En esa disputa, dos temas han monopolizado los cruces y el debate público: la candidatura testimonial de Rodolfo Suárez y las denominadas colectoras del PJ. Una polémica que involucró tanto a las agrupaciones mayoritarias (Frente Cambia Mendoza -FCM- y Frente de Todos -FdT-) como así también a aquellas que aspiran a pelear por ese ansiado sitial que las convierta en la "tercera fuerza". Una batalla aparte en la que se anotan desde Vamos Mendocinos (PD, MendoExit y Coalición Cívica, entre otros) pero también el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), los peronistas no kirchneristas de Compromiso Federal (CF), el Partido Federal (PF) y el Partido Verde (en el que recalaron los desencantados de Protectora).

Tanto por la sorpresiva jugada del oficialismo al incluir al gobernador en la boleta como precandidato a senador suplente, como la posibilidad de multiplicar en algunos departamentos más de una lista de concejales "colgados" del resto de la sábana del FdT, terminaron -impugnación mediante- en el despacho del juez federal con competencia electoral Walter Bento.

Un magistrado al que este proceso electoral parece haberle caído como anillo al dedo para pulsear con el poder político y demostrar así su capacidad de fuego al subir o bajar su pulgar no sólo en las controversias antes citadas, sino a lo largo de todo el proceso. Es decir hasta el 14 de noviembre que es la fecha fijada para los comicios federales. Y aún después en la proclamación de los ganadores.

Un tiempo en el que además debería empezar a estar resuelta su complicadísima situación de acusado y procesado como jefe de una asociación ilícita que vendía favores judiciales a contrabandistas y que, como producto de esos delitos, se le suma a la imputación el lavado de activos y el enriquecimiento ilícito.

Más allá del expediente judicial que lleva adelante el fiscal Dante Vega y el juez Eduardo Puigdéngolas en el que se tiene semiplena prueba de las acusaciones, Bento tiene abierto desde el 11 de mayo un expediente en el Consejo de la Magistratura. Allí, la causa que podría terminar en su suspensión o destitución no ha avanzado con la celeridad que una acusación tan contundente sobre un magistrado debería avanzar. Y es por ello que la oposición de Juntos por el Cambio (JxC) denuncia que tiene "protección" del kirchnerismo y sus aliados. En esa batalla mayor también se inscribe la elección en Mendoza.

Lo cierto es que Bento dispuso, esta semana en primera instancia, avalar las colectoras del PJ y para mayor enojo del oficialismo local, habilitar la precandidatura de Suárez pero sólo hasta las Paso, dejando en stand by su vigencia si allí lograra imponerse y debiera competir en las generales. Pero no sólo eso, decidió enviar las actuaciones a la Justicia Provincial para que, en respuesta a una impugnación, se investigara si el gobernador incumplió sus deberes de funcionario público al aceptar una postulación no avalada por la anticuada letra de la Constitución de Mendoza.

Más allá del enojo de Casa de Gobierno con Bento (incluso el ministro de Gobierno Víctor Ibáñez, lo acusó directamente de favorecer al kirchnerismo en todos sus planteos) se le recriminó no haber resuelto sobre la cuestión de fondo: es decir considerar si -como sostiene el oficialismo- los únicos requisitos para ser aspirante al Congreso son los que establece la Constitución Nacional.

En la carrera de apelaciones prevista para estas controversias, tomó intervención la Cámara Nacional Electoral que integran los jueces Santiago Corcuera, Roberto Bejas y Alberto Dalla Vía, quienes emplazaron a Bento para que resolviera sin condicionales temporales, si Suárez puede o no ser candidato a fin de poder también ellos expedirse con celeridad en virtud del avance del cronograma electoral.

Un mandato que Bento ejecutó ahora sin demoras y decretó (antes del plazo fijado para el lunes) que Suárez cumple efectivamente las exigencias que plantea el artículo 55 de la Constitución Nacional, por lo que está habilitado para estas elecciones. Una decisión bajo presión que rompió la estrategia dilatoria y en apariencia condicionante del juez hacia el Ejecutivo provincial, y por ende al FCM, que se terminó celebrando en el Ejecutivo.

Esto porque finalmente se despejó la incógnita planteada con la candidatura después de las Paso, es decir la reclamada "cuestión de fondo" y también por la entrada en escena de la jurisprudencia que la misma Cámara Nacional Electoral citó al mencionar el "fallo Acosta", donde queda sentada la preeminencia de la Constitución Nacional sobre la Carta Magna provincial a la hora de establecer exigencias para los candidatos federales. De allí que no se esperan sorpresas en lo que ahora se decida en esta instancia.

Lo verdaderamente cierto es que, en estas semanas, el juez que no renunció ni tomó licencia, parece haber ganado tiempo con su demostración de músculo político pese a encontrarse caído en desgracia. Así, Bento se transformó en un actor inesperado, de sobreactuada trascendencia en este proceso electoral, y en el que abundan las sospechas de que su esquivo proceder se relaciona con su compleja situación judicial, de la que la política termina siendo rehén.

Una dirigencia (pero puntualmente el Gobierno) que paga así la consecuencia de no haber objetado oportunamente la continuidad de Bento como juez electoral cuando estalló el escándalo y a todas luces aparecía como inconveniente que una figura tan golpeada por denuncias tan severas pudiera manejar con ecuanimidad y transparencia el devenir electoral. Una posibilidad que los principales referentes de diversos partidos barajaron en su momento, pero que en definitiva no accionaron por temor a represalias procesales como las que, igualmente, terminaron ocurriendo.

La idea de no provocar al juez para no malquistarlo aparece ahora como ingenua para un oficialismo que ha tenido que correr más de lo deseado para plasmar su estrategia electoral de reunir a dos ex gobernadores como Julio Cobos y Alfredo Cornejo, más otro en ejercicio, para obtener una victoria contundente que todavía no sucede, pero que por lo visto, costará más de lo que en la teoría se intuye. Y eso que la campaña recién empieza.

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