Opinión
Entre sus peleas, la política templa las espadas
Domingo, 9 de mayo de 2021Por Luis Ábrego - Entre Paréntesis.

Definitivamente, las prohibiciones derivadas de la administración de la pandemia, pero puntualmente la presencialidad o no de las clases, se ha convertido en el último escenario de una disputa política en la que tanto oficialismo como oposición buscan sentar postura de cara al año electoral.

El repentino cambio de rumbo del ministerio de Educación de la Nación que conduce Nicolás Trotta y el intempestivo cierre de las escuelas en Capital Federal y el conurbano bonaerense desataron no sólo la judicialización del decreto de necesidad y urgencia 125/2021 de Alberto Fernández, sino también protestas y acusaciones cruzadas que incluyeron, grieta mediante, a padres y a gremios. Y que rápidamente se trasladó al resto del país.

El fallo de la Corte, reconociendo la potestad de las provincias para la toma de decisiones en materia educativa, pese al estado de emergencia, y que obliga a la Nación a establecer medidas consensuadas con las provincias, no hizo más que agudizar un conflicto sanitario que se mostró tal vez como nunca antes, netamente político.

"La emergencia no es una franquicia para ignorar el derecho vigente", dijo el presidente del máximo tribunal Carlos Rosenkratz, tal vez, en uno de los párrafos que más retumbaron en la Casa Rosada. Y si bien el fallo había sido requerido para salvar una controversia sobre "clases sí" o "clases no" que había presentado el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, la contundencia de sus argumentos (así como el 4 a 0 de los supremos) se transformó también en un claro mensaje que actualizó las atribuciones del federalismo. También en pandemia.

Por ello, y pese a que Mendoza mantuvo sus escuelas abiertas, desafiando ese decreto (y también el posterior ahora vigente) el posicionamiento de la Corte fue aquí celebrado en silencio. Desde las usinas de análisis jurídico del gobierno de Rodolfo Suarez (las mismas que escrutan en los resquicios de los textos oficiales para encontrar alguna interpretación más laxa de las restricciones) entendieron que en todo caso la Corte no hizo más que convalidar lo que ya la Provincia había establecido en sus decretos provinciales, pero sin necesidad de judicializar esas diferencias.

Sin admitirlo, la réplica de la estrategia nacional fue la convocatoria al Consejo Federal de Educación para forzar allí un consenso a favor de la suspensión de clases que logró de forma mayoritaria, pero -otra vez- con el rechazo de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y de Mendoza. Pero también, la posibilidad de una nueva ley que pudiera blindar al Presidente para la toma de futuras decisiones en la pandemia. Algo que sin embargo la oposición entiende que se trata de facultades extraordinarias y a priori, se resiste.

Inevitablemente, esa disputa bajó hacia las provincias, pero se centró con mira telescópica en Mendoza. Desde la Nación comenzaron a hablar de la "irresponsabilidad" de Suarez y hasta el dirigente sindical bonaerense Roberto Baradel pidió aquí por el cese de clases presenciales. Como corolario, algunos intendentes también empezaron a pedir más restricciones en sus departamentos, como hace semanas hizo General Alvear.

Puntualmente, el sanrafaelino Emir Félix (PJ) solicitó la suspensión por 14 días de la obligatoriedad de la asistencia a las escuelas primarias. Una solicitud que sobre el filo del fin de semana fue rechazada, pues para el Gobierno aún no es posible evaluar el impacto de las últimas medidas tomadas a principio de mes, además de considerar que la situación de San Rafael no requiere una precaución especial, más que la del resto de la provincia. Obviamente, una mirada con la que el intendente no concuerda, aunque respeta, pero que advierte sobre "el peligro de la toma de decisiones tardías", como argumentó ayer en el programa Entre Paréntesis por Radio Andina.

En medio de ese clima tenso, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti sorprendió esta semana con una jugada atípica, capaz de desorientar a propios y extraños. La legisladora, y presidente del justicialismo local, dejó de lado la confrontación y le propuso a Suarez "una salida por arriba", "institucional y científica" a fin de que los cierres de actividades (entre ellos las escuelas) estuvieran automáticamente establecidos por ley, en base a criterios objetivos e identificables para no depender de interpretaciones que por extremas o superficiales siembren descontento o sospechas de parcialidad política como se intuye en el culebrón entre CABA y la Nación.

La reunión entre Fernández Sagasti, quien estuvo acompañada por el intendente de Maipú Matías Stevanato, y el gobernador fue una buena noticia sobre la responsabilidad de la política mendocina en busca de soluciones para sus conflictos. Una demostración que pese a las grandes diferencias, o a los malos augurios como los que este tema ha generado, mucho más después del fallo de la Corte, la dirigencia puede (y debe) dialogar. Aunque finalmente no se logren acuerdos.

Es que todos los indicios sugieren que finalmente la propuesta del "semáforo sanitario" que propone la senadora no ha tenido buena recepción en el oficialismo más allá de la cita acordada con rapidez y del trato amable. Desde la propia ministra de Salud, Ana María Nadal, hasta el director general de Escuelas, José Thomas, el Gobierno ha dejado trascender que una pandemia "no se puede administrar por ley".

Hay quienes incluso creen que por las características dinámicas que tiene la situación epidemiológica, ni siquiera una iniciativa de esas características debería pasar por la Legislatura, como es el caso de la senadora radical Mercedes Rus, ya que -asegura- Mendoza ya cuenta con una ley de emergencia para uso del Poder Ejecutivo.

Fuentes del oficialismo, tanto en el Gobierno como en la Legislatura consideraron ante la consulta puntual que "no corresponde establecer por ley esos parámetros", con lo cual dejaron traslucir su ánimo frente a la disposición para tratarlo.

Por lo pronto se prevé que esta semana finalmente el proyecto del Frente de Todos ingrese para su debate en la Legislatura luego de haber solicitado aportes de los diferentes bloques, tanto para los criterios objetivos (ocupación de camas, cantidad de casos cada 100 mil habitantes) como aquellos con los que la iniciativa prevé contemplar las particularidades regionales según los grandes oasis de Mendoza.

Lo cierto es que la propuesta, en términos eminentemente prácticos, le permitió a Fernández Sagasti correrse de su rol de férrea opositora, tal como incluso se mostró inmediatamente después del discurso de apertura de sesiones en la Legislatura el 1 de mayo. Pero también como una dirigente capaz de hacer aportes y generar acuerdos, tal vez lejos de la imagen de intransigencia que el kirchnerismo más duro constantemente transmite desde Buenos Aires.

Más allá de sus buenas intenciones, Fernández Sagasti política también, conoce que en la construcción de una imagen diferenciada de lo que en las encuestas de Mendoza se percibe, en general, sobre el kirchnerismo que ella encarna, se juegan muchas de las fichas con las que el peronismo que ahora conduce deberá hacer frente este año a las elecciones legislativas en las que seguramente será candidata. Un cronograma unificado con la Nación que casi seguro tendrá su cita el 12 de setiembre (las PASO) y el 14 de noviembre (las generales), pero que por lo visto ya tuvo bandera de partida. Aun en los desacuerdos, la política siempre trabaja para lo que vendrá.

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