clases en Mendoza

Fuerte respaldo del fiscal de Estado a la decisión de Suarez de mantener la presencialidad

La Fiscalía de Estado emitió la opinión que la Justicia le pidió en medio de la disputa por la presencialidad (o no) de las clases en Mendoza. Así, el organismo que dirige Fernando Simón respondió al pedido de la jueza Patricia Fox, y respaldó la decisión del gobernador Rodolfo Suarez de mantener las escuelas abiertas en la provincia. Además, dejó en claro que la atribución de esta decisión es exclusiva del gobernador.

En el documento que el fiscal de Estado le envió a la titular del Juzgado Civil 2 de Gestión Asociada, sostuvo que "no existe irrazonabilidad ni arbitrariedad manifiesta en la decisión de no suspender, en este momento, la modalidad educativa que se viene implementando de ´presencialidad administrada´, debiéndose por tanto, en su opinión, rechazar la demanda". 

Con esto responde a la solicitud de la jueza Fox de que brinde su opinión antes de dictaminar respecto a tres recursos de amparos que recibió en contra de la presencialidad en las escuelas mendocinas, que fueron interpuestos por el SUTE (sindicato docente), la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. 

"La definición de la modalidad de dictado de clases en el ámbito de la Provincia es una atribución que corresponde a las autoridades mendocinas, quienes deben ejercerla en un marco de concertación con las autoridades nacionales y conforme las pautas establecidas en los acuerdos celebrados en el ámbito del Consejo Federal de Educación. Y que así lo había hecho el Gobernador Rodolfo Suarez al disponer la continuidad del sistema de cursado presencial, contemplando excepciones, adaptando y compatibilizando las normas generales dictadas por la Nación a las particularidades y necesidades que presenta la Provincia en cada momento", destacó.  

Además, en el escrito presentado, sostuvo que "en el caso se presenta una tensión entre la protección de la salud y el derecho a recibir una educación de calidad, la que se logra en mayor medida con la presencialidad en las escuelas", citó al propio fallo de la Corte Suprema de la Nación dado a conocer ayer, en el que se le dio la razón al planteo del jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, contra el presidente Alberto Fernández; para evitar la suspensión de las clases presenciales.

La Corte Suprema falló a favor de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires

Al respecto, citó lo expresado por el juez de la Corte, Ricardo Lorenzetti, que sostuvo que "en el presente caso hay que determinar cuál es el máximo grado de satisfacción del derecho a la educación frente a una emergencia sanitaria."

Además, remarcó también que "la medida solicitada no podía analizarse aisladamente, ya que se enmarca en una política pública sanitaria compleja, en la cual deben permanentemente analizarse interrelacionadamente las innumerables medidas que la integran (restricciones a la circulación, al comercio, actividades sociales, culturales y religiosas, entre otras)".

"Así también debe considerarse el impacto de cada medida sobre múltiples derechos de los habitantes (a la vida y a la salud en primer lugar, pero también a la educación, a trabajar, comerciar y ejercer sus profesiones e industrias, a transitar, libertad religiosa, etc.). Y que además de lo anterior, debe monitorearse en forma permanente la evolución de la situación epidemiológica y la capacidad de respuesta del sistema de salud, ajustando en forma permanente las medidas implementadas, ya que una medida que en este momento no se considera necesaria, posiblemente en un futuro muy cercano pueda resultar imprescindible. Esto evidencia la alta complejidad técnica que presenta la toma de cualquier medida", agregó el documento firmado por el fiscal de Estado, Fernando Simón.

Siguiendo los criterios de las Corte, la Fiscalía de Estados sostuvo: "En este aspecto queda claro que la magistratura no está en condiciones de juzgar la conveniencia de la medida", mostrando su postura a favor de desligar al Poder Judicial de esta disputa.

Cabe aclarar que la postura de la Fiscalía de Estado respondió así a una petición de la jueza Patricia Fox, quien le solicitó a este organismo y a la Asesoría de Gobierno que presentaran un informe respectivamente.

En el caso de la oficina a cargo de Ricardo Canet se envió su postura favorable a que los colegios sigan abiertos, que argumentó con estadísticas de los contagios y lo que sucede en las escuelas mendocinas.

Por otra parte, en los juzgados de General Alvear también debe resolverse una presentación en este sentido, que deberá dirimir el juez Río Allaime, a cargo del Tercer Juzgado Civil de ese departamento. Se trata de una medida cautelar independiente, por parte de una docente de General Alvear, que planteó de una tutela preventiva (similar a un amparo) que no pretende resolver el fondo. "No se juzga el derecho sino la emergencia", explicó el diputado Mario Vadillo (Ciudadanos por Mendoza), quien presentó el planteo en representación de la docente, junto al abogado José Melis.



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