Las clases tensan la cuerda en un momento crítico
Domingo, 2 de mayo de 2021Por Luis Ábrego
Por: Luis Ábrego

En los días previos a su discurso de apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura, Rodolfo Suárez recibió dos señales adversas de la dura crisis sanitaria sobre la que le ha tocado gestionar desde su asunción: la primera, el desbocado crecimiento de casos de Covid-19 en General Alvear con la confirmación de la circulación de la cepa de Manaos en ese departamento (lo que lo llevó luego de reunirse con el intendente Walther Marcolini a endurecer medidas sanitarias en el Sur).

Pero también, la segunda, el desafiante escenario que supone de ahora en más el decreto de necesidad y urgencia 287 que Alberto Fernández puso en vigencia el 1 de mayo y que considera al Gran Mendoza en la categoría de "alerta epidemiológica". Un cambio de estatus sanitario que obligaría a más cierres, entre ellos, el de las escuelas, de la misma manera que sucedió en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Un aspecto que Suárez resiste a riesgo de licuar capital político si equivoca el análisis.

Con ese condicionamiento, el gobernador repasó por última vez su discurso y reafirmó la decisión que había compartido con sus colaboradores: salir explícitamente a diferenciarse de la Nación pues las concepciones sobre el manejo de la pandemia aparecen como disímiles. Tal vez, una escala intermedia antes de una confrontación que nadie desea.

Hasta el momento, Suárez intentó hacer equilibrio entre el discurso y sus acciones, priorizando el vínculo con la Casa Rosada, pese a que los gestos que desde allí le devolvían no eran siempre tan considerados. Ahora, el nuevo DNU pone en jaque dos líneas de acción que Suárez y su gobierno han defendido a rajatabla en este tiempo: el mayor funcionamiento y apertura posible de sectores económicos, pero también la presencialidad escolar.

Suárez no sólo se queja de los errores de fondo o de forma que el DNU contiene. Desde incluir a Las Heras en dos categorías distintas de riesgo sanitario, pero también al no considerar a General Alvear entre los distritos de mayor peligro. Asimismo, cuestiona la manera en que se calculó el nuevo mapa epidemiológico nacional: especialmente por la cantidad de testeos y cómo es el sistema de carga de los casos confirmados en las distintas provincias.

"No puede ser que a la hora de tomar las medidas cambien las variables que se estaban evaluando", se quejó en la Legislatura, con lo que también defendió el método con el que Mendoza viene evaluando el desarrollo epidemiológico, y que (ahora también) dista del que considera la Nación.

El habitual repaso de temas, área por área, del discurso anual se vio atravesado además por mensajes directos a la oposición local, y por ende, a la Casa Rosada. Pero también a los padres, esos nuevos actores políticos que en muchos casos demandan escuelas abiertas. Asimismo, fue desde la insistencia con la reforma de la Constitución y la ley de Educación, a definiciones conceptuales que tal vez adelantan un escenario de abierta conflictividad política con la Nación.

En ese contexto, en la mañana del sábado aparecieron muy pocas definiciones. Entre ellas la citada defensa de la presencialidad y la confirmación de la unificación del cronograma electoral de Mendoza con el nacional. Pero también, duras críticas hacia el manejo de la cuarentena ("nos mantuvieron encerrados cuando no era necesario") y tanto las demoras como los errores en el plan de vacunación: "La lucha está en comprar las vacunas, las que se dijo que íbamos a tener y no tuvimos", disparó.

Lo demás fue la descripción de lo que un Estado rengo ha logrado hacer en este tiempo de encierro, restricciones y caída de todos los indicadores por los que habitualmente suele medirse la eficacia de una gestión. Un día a día menguado de expectativas y un futuro que tampoco genera demasiadas ilusiones.

Por el contrario, en la posterior conferencia de prensa es donde se confirmaron las presunciones que se esbozaron en el discurso. Entre ellas, el mantenimiento de las aulas abiertas que -aseguran- se consensuaron con los intendentes en la ronda de consulta posterior y en la que sobresalió la voz disonante del sanrafaelino Emir Félix quien es partidario de más restricciones.

De allí saldrá una pieza legal que en trabajo contrarreloj estará lista para ser publicada este lunes a fin de despejar dudas entre los mendocinos sobre lo que puede o no hacerse. Especialmente cuando el mismo gobernador aseguró que la vuelta de la circulación por terminación de DNI era también una de las posibilidades en estudio.

"Hoy reafirmamos el criterio que hemos sostenido desde mediados del año pasado en todas las asambleas del Consejo Federal de Educación: en Mendoza somos defensores de la presencialidad educativa", había enunciado el gobernador en su discurso, e incluso la vinculó como "una prioridad excluyente en cualquier estrategia del combate contra el coronavirus". Todo ello antes de confirmar que efectivamente, el lunes habrá clases en la Provincia.

Y es aquí el punto que tal vez generará más controversia hacia dentro pero también en la relación con la Nación. El grado de acatamiento que tendrá el decreto presidencial, con el antecedente de la pelea que por la misma situación se desató entre el Ejecutivo Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que conduce Horacio Rodríguez Larreta. Una instancia de desencuentro político que hoy está a la espera de un fallo de la Corte Suprema de la Nación que puede ser también leído con mucha atención en Mendoza.

Según interpreta el Gobierno, la Provincia tiene potestad para decidir sobre las clases basado en los fundamentos y considerandos del DNU que establece "criterios territoriales" o "facultades localizadas" que son resorte de los gobernadores. Suárez en su decreto no hará distinciones y considerará a todos los departamentos como "zona de alto riesgo" por lo que además sí se suspenderán las reuniones sociales y familiares, así como el funcionamiento de casinos.

Sobre el alcance de la presencialidad, incluirá el nivel inicial, primario y secundario. En el caso de la educación terciaria y de adultos, pasarán a la virtualidad. Con una particularidad, el decreto no tendrá fecha de vencimiento. Podrá modificarse en cualquier momento si la situación se modifica.

Al respecto, desde el Ejecutivo también descartaron la posibilidad de ir ante la Corte nacional con un amparo que habilite las clases en Mendoza tal como había trascendido. "No es bueno judicializar algo político", fue la escueta respuesta desde el Cuarto Piso de Casa de Gobierno ante la consulta puntual.

Así como la suspensión de clases arrancó a Rodríguez Larreta del refugio de la moderación, el mismo asunto puede tener similar efecto con Suárez: obligarlo a batallar en inferioridad de condiciones con la administración nacional, siempre y cuando la cantidad de casos no se incremente y siga tensionando el sistema de salud cuyo nivel de ocupación en Mendoza ya está en el 90%.

Ello implicaría un peligro adicional, pues de complicarse aún más el escenario sanitario, sus decisiones de hoy pueden ser consideradas errores en el futuro. O lo que es peor, respuestas tardías.

Cuando el día a día no da tregua, el mediano plazo es utopía. Así, entre confrontaciones y diferencias cualquier horizonte de futuro parece desdibujarse. Demasiado conflicto para tanta incertidumbre.

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