Con índices y variables económicas similares a las del año 2001, como consecuencia de la pandemia y las medidas restrictivas, los anuncios en materia de reactivación de la actividad y sostenimiento del empleo fueron los más fuertes del discurso del 1° de Mayo del gobernador Rodolfo Suarez.
Menos ambicioso que hace un año atrás -cuando, entre otras cuestiones, anticipó el impulso de la reforma constitucional, el Banco de Vinos y el Consejo Económico y Social- el primer mandatario dio a conocer los proyectos de ley que enviará a la Legislatura para ser tratados en el entrante periodo ordinario. Además de lo económico, el ámbito judicial será otra de las variables en las que el Ejecutivo impulsará modificaciones normativas, en el marco de la reforma que impulsó la gestión de Alfredo Cornejo y que Suarez intenta continuar.
Uno por uno, estos son los proyectos de ley que anunció el gobernador, y que enviará a la casa de las leyes en el transcurso del año:
Mendoza Activa II
El programa que el Gobierno lanzó el año pasado a fin de apuntalar la inversión privada frente a una economía estancada, tendrá su segunda versión en 2021. "Tendrá la misma lógica y los mismos objetivos, pero ahora buscará potenciar la innovación tecnológica en los procesos para ganar en competitividad, las exportaciones y la creación de nuevos puestos de trabajo", destacó Suarez.
De este modo, el plan que reintegra el 40% de la inversión a privados -y que hasta el momento puso en marcha más de 2.000 proyectos con un monto superior a los $11.000 millones- pondrá foco en esta secuela en la industria tecnológica.
También adelantó que el subprograma Mendoza Activa Hidrocarburos, "por sus excelentes resultados, seguirá vigente hasta 2023".
Programa Enlace II
Si bien en este punto no aclaró si lo hará vía proyecto de ley, Suarez anunció que se avanzará con la segunda etapa del plan público/privado que ofrece prácticas profesionales pagas a personas desempleadas a fin de avanzar en su (re)inserción laboral.
"Desde el Estado aportaremos el 40% del salario, mínimo, vital y móvil intentando que ese recurso humano, que ya tuvo experiencia en la empresa, pueda quedar formalmente incorporado, cerrando así el ciclo iniciado con el entrenamiento", puntualizó el gobernador.
Señaló que entre los ajustes que se aplicarán en la segunda versión, el beneficio se extenderá por un máximo de 9 meses. "Pretendemos colaborar con hasta 5.000 mendocinos en el primer año de funcionamiento de la iniciativa", resaltó.
Fomento a la inversión industrial
Con la finalidad de ampliar la matriz productiva y generar mayores puestos de trabajo, el Ejecutivo propondrá una ley que creará un sistema provincial de incentivos a la inversión industrial, otorgando exenciones impositivas, líneas "blandas" de financiamiento para el sector y facilidades para la radicación de empresas en zonas y parques industriales de la provincia.
Según el mandatario, la ley de fomento a la inversión industrial "apunta a estimular el desarrollo integral de la economía, procurando un equilibrio armónico en todo el territorio provincial, para incorporar desarrollos tecnológicos en los diferentes procesos".
Entre los incentivos previstos en la norma, se encuentra también la posibilidad que las firmas participen en los sistemas provinciales de desarrollo de proveedores y de promoción de la oferta industrial.
Oficinas de conciliación para el fuero civil y de familia
Siguiendo los pasos de la Oficina de Conciliación Laboral (OCL), Suarez anunció que enviará proyectos para incorporar esa instancia en los fueros civil y de familia. El objetivo es disminuir la litigiosidad en todas las causas "que sean susceptibles de conciliación", aclaró el gobernador. No entrarían -entonces- las medidas cautelares, amparos, hábeas corpus o tutelas preventivas.
Las nuevas oficinas dependerán de la Subsecretaría de Justicia -a cargo de Marcelo D'Agostino- y contará con un cuerpo de profesionales que ingresarán vía concurso público que actuará de mediadores entre las partes para resolver los conflictos y evitar -siempre que exista acuerdo- la judicialización.
Ampliación del juicio por jurados
Suarez indicó que ya firmó un decreto para crear una comisión especializada que represente a los distintos estamentos que tienen vinculación con el juicio por jurados populares, "para que se aboque a analizar la posibilidad de ampliarlos a otros delitos previstos en el Código Penal".
Esto responde a que actualmente, ese instituto sólo se implementa en las causas que involucran a homicidios agravados previstos en el artículo 80 del CP. El objetivo -entonces- es ampliar la participación de esos cuerpos a otras causas, que se conocerán cuando se presente la iniciativa en la Legislatura.