Columna del domingo
Pandemia, un barco en el que no manda capitán ni marinero
Domingo, 18 de abril de 2021Escribe Luis Abrego

La complejidad de la pandemia ha expuesto, en su segunda ola y con mayor crudeza, lo difícil que es la toma de decisiones en este contexto. El desgaste de los gobiernos y el hartazgo social han contribuido también a que el nivel de tolerancia de la población vaya a contramano del crecimiento de los casos, así como de las poco efectivas herramientas para controlar el virus.

En este punto, en el que el margen de acción es cada vez más estrecho por imperio de un panorama sanitario más que complejo, con visos de agudizarse en el corto y mediano plazo, las medidas a tomar aparecen todas antipáticas o al menos controvertidas. Y eso, en un año electoral como el que transitamos, supone siempre un costo que nadie parece querer correr. O en el mejor de los casos, si hay que correrlo, que sea el más bajo.

Así, y ante la suba de contagios de Coronavirus que se viene produciendo en todo el país y de la que Mendoza no está exenta (esta semana se alcanzó un nuevo récord nacional de casi 30 mil casos diarios) obliga a los gobernantes a dar pasos incómodos que no todos parecen querer dar.

Desde días atrás se viene asistiendo a un escenario en el que la pelota pasa de jurisdicción en jurisdicción (de la nacional a las provinciales y viceversa, pero también a los departamentos) en el que además aquel consenso inicial para administrar la pandemia de hace un año, federal y pluralista, parece haberse roto.

Lejos quedaron los días en los que en la previa del anuncio de nuevas medidas, el presidente Alberto Fernández reunía a los gobernadores, los escuchaba y acordaba con ellos. El proceso de consulta le daba legitimidad, pero también alto acatamiento. Con el tiempo, todo se deterioró.

El restablecimiento de las restricciones hace 15 días atrás (también el anuncio de esta semana) fue una decisión casi solitaria del Ejecutivo Nacional, atravesado además por las serias dificultades en el plan de vacunación y los cruces cada vez más duros con la oposición.

Así se había expresado incluso el gobernador Rodolfo Suárez cuando sorpresivamente, en el acto de ampliación de obras y refuncionalización del hospital Schestakow pidió "una conducción nacional" para la segunda ola y no se privó además de subirse al discurso confrontativo de Juntos por el Cambio al asegurar que "lo que estamos viviendo es producto de la falta de vacunas" que existe en el país.

Ya Suárez se había mostrado filoso la semana anterior cuando también recordó la promesa incumplida de la Casa Rosada de contar a esta altura del año con una cifra de vacunados que dista mucho de la que efectivamente se tiene. Pero ahora apuntó directamente a solicitar una estrategia nacional para que cada jurisdicción no haga "lo que le parezca".

Desde hace algunas semanas en Casa de Gobierno dejan trascender la molestia por el escaso diálogo con las provincias a propósito de la situación epidemiológica, un resquemor que también es recíproco: ya que el propio Suárez confirmó que sólo lo llamaron desde Buenos Aires para ponerle las quejas por su crítica pública al plan de vacunación.

Esta actitud desafiante de los últimos días le generó además al gobernador una dura réplica de Partido Justicialista de Mendoza, que a través de un comunicado titulado "La demagogia cuesta vidas" le marcó la contradicción de rechazar las medidas de Fernández en el comunicado partidario de Juntos por el Cambio, pero a la vez pedirle al presidente que conduzca el proceso.

Según el PJ, Suárez se victimiza para no tomar decisiones "inmediatas", pero lo cierto es que desde la Nación tampoco quieren dar pasos en falso con medidas que algunos gobernadores puedan rechazar al sopesar la realidad local de cada una de sus provincias.

Así pasó esta semana con las nuevas restricciones para el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que sólo fueron anticipadas en clave partidaria al gobernador bonaerense Axel Kicillof. El paquete, que sorpresivamente incluyó además la suspensión por 15 días de las clases presenciales así como un duro alerta sanitario a partir de las 20 del viernes, generó polémica y rechazo tanto de los padres como del sector gastronómico de Capital Federal y alrededores. Pero también de los médicos, a los que el presidente señaló por el "relajamiento" del sistema sanitario.

El nuevo desplante hacia el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, parece haber encapsulado las decisiones sanitarias en la dimensión de la grieta política a la que de uno y otro lado se tensiona permanentemente con diversas actitudes. Además de generar otro conflicto inmediatamente judicializado, que lejos de circunscribir sanitariamente a una zona seriamente explotada de casos, sólo nacionaliza la pelea entre gobierno y oposición.

De hecho, y si bien desde la Nación se invitó a todas las provincias a acompañar las últimas medidas, hasta el cierre de esta columna sólo tres habían tomado la decisión de suspender las clases: la provincia de Buenos Aires, Formosa y Catamarca a lo que suma el cierre bajo protesta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ahora en manos de la Corte Suprema. Por su parte, San Luis, La Rioja y Chaco todavía evaluaban una decisión. Y la misma situación se daba para el resto de las restricciones de circulación.

En Mendoza, el Ejecutivo dejó en claro que no habrá por el momento suspensión de clases, con los mismos argumentos que acordaron en el Consejo Federal de Educación todos los ministros del país horas antes del anuncio presidencial. Pese a ello, diputados opositores han presentado un proyecto de ley para modificar esa postura y para el lunes, el Sindicato Único de la Educación (SUTE) ha llamado a un paro con el mismo objetivo: la vuelta a la virtualidad en las escuelas.

Esa posibilidad está descartada por el momento y desde el Ejecutivo entienden que antes de cerrar las escuelas habrá otras medidas a tomar para restringir la circulación de personas. Entienden que el mensaje de las aulas vacías es tremendamente extremo, y que antes que ello suceda, serán otras instancias sociales las que se clausuren.

De cualquier manera, se seguirá monitoreando la situación sanitaria, los índices de positividad y el nivel de ocupación de camas para determinar o descartar nuevas medidas. Incluso, para General Alvear, cuyo intendente Walther Marcolini pidió medidas más severas luego de una escalada de casos en el departamento.

Mientras tanto, la política mide sus gestos y calibra movimientos para no generar rechazos sociales que cuesten demasiado. Puntualmente, la presencialidad escolar aparece como un dato nuevo de una sociedad que lo aceptó en la emergencia de 2020 pero que ahora no está dispuesta a entregarla indefinidamente ante la evidencia de tantas fallas que sólo han complicado el manejo de esta crisis.

Por ello, los de aquí piden instrucciones y los de allá prefieren que las decisiones se tomen aquí para poder quejarse, cada uno, según su conveniencia. Aunque a unos y a otros no les simpatice lo que luego se decida en otro ámbito y se repartan culpas que no son más que muestras de una tremenda incapacidad de acordar, incluso con el barco frente al tsunami.

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