Segunda ola
La policía refuerza los controles para desarticular las juntadas clandestinas ante la suba de casos de Covid
Miércoles, 7 de abril de 2021
Por: Cecilia Zabala

Con las medidas dispuestas a nivel provincial para restringir la circulación nocturna y tratar de disminuir la propagación del Covid-19; desde el Ministerio de Seguridad incrementaron los controles a fin de que la ciudadanía cumpla con las prohibiciones.

Desde el martes, quedó prohibida la circulación entre las 0.30 y la 5.30 para personas que no realicen trabajos esenciales. Además, Mendoza está a la espera de conocer los detalles del decreto nacional que amplía estas restricciones pero que aún no se sabe en qué zonas del país regirá; entre las 22 y las 6.

La apuesta del gobierno es reducir los contactos sociales ya que entienden que son los motivadores de la disparada de los contagios de las últimas semanas, sobre todo teniendo en cuenta la franja etaria de mayor positividad, que va de los 18 a los 40, en promedio. Por eso, adelantaron que volverán los puestos de control fijo, como así también se incrementarán los móviles.

Durante los meses de cuarentena más estricta se desbarataban hasta 30 fiestas clandestinas en toda la provincia por fin de semana. "Esto incluye las fiestas que eran denunciadas y la Policía llegaba mientras se estaban realizando y las que se lograban evitar porque los efectivos llegaban antes de que comenzaran", explicó Néstor Majul, subsecretario de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad, a SITIO ANDINO.

Sin embargo, con el correr de los meses, se fueron flexibilizando las medidas, los controles y las denuncias, con lo cual ese número bajó a unas 10 fiestas clandestinas promedio por fin de semana.

 Con este panorama, la Policía de Mendoza trabaja en coordinación con las policías municipales (en los casos que cuentan con cuerpo de Preventores) para llevar a cabo distintas tareas.

Entre ellas está la de generar un efecto disuasivo de las conductas transgresoras de las nuevas restricciones y la de "educar" a las personas dando a conocer éstas disposiciones; el control de que quienes estén circulando por fuera del horario permitido sean efectivamente quienes están autorizados a hacerlo y la desarticulación de encuentros sociales clandestinos, ya sea en espacios públicos o propiedades privadas.

Cabe aclarar que solo están permitidas las reuniones familiares de hasta 20 personas en domicilios particulares, mientras que las de amigos solo pueden llevarse a cabo en bares y restaurantes con un máximo de seis personas por mesa, y en los horarios permitidos.

Intendentes bancaron a Suarez por las medidas frente al Covid pero le exigieron un poco más

El apoyo policial y de la justicia fue uno de los pedidos concretos y más contundentes que varios intendentes le plantearon al gobernador Rodolfo Suarez en la reunión que mantuvieron este lunes para definir las nuevas medidas.

"Los controles se estaban haciendo pero se reforzaron los puestos fijos y móviles, en coordinación con las policías municipales", destacó Majul. En los casos de reuniones clandestinas en espacios privados, como domicilios particulares, el accionar policial depende en buena medida de la "buena voluntad" del propietario, sino debe recurrir a apoyo judicial.

En estos casos, al arribar a un domicilio, la Policía solicita el ingreso, en caso de ser denegado, pide autorización al fiscal de turno. "Hasta el momento han autorizado todos los pedidos", destacó Majul. En ambos casos, tienen dos alternativas -que depende de lo que instruya el fiscal- trasladar a los infractores a las dependencias policiales o tomar datos y elevarlos a la fiscalía para que dispongan las medidas acordes.

Sanciones: quien no pudiese fundamentar su tránsito en el horario restringido podrá ser imputado por infringir el artículo 205 del Código Penal, que prevé penas de seis meses a dos años de prisión a quien "violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia". Asimismo, será pasible de un multa de $10.000; y de detectarse una reunión social en un domicilio particular, el propietario del inmueble puede ser sancionado económicamente con $50 mil, tal lo determina el decreto provincial Nº 635, de mayo de 2020. Mientras que los asistentes pueden ser sancionados con hasta 30 días de arresto, 80 días de tareas comunitarias o sanciones económicas.

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