Multas por no hacer mosto irían de $0,50 a $3 por kilo
Un "cepo" a la importación de vino dilata el acuerdo con San Juan para diversificar la cosecha
Jueves, 8 de abril de 2021

Una cosecha acotada respecto a la del año pasado. Y por ende, precios para el productor que, sin ser óptimos, pueden resultar un arma de doble filo durante el ciclo comercial. Del contexto del 2021, con un mercado equilibrado, se desprende que el cupo sobre el volumen de uva para destinar a mosto y otros usos no vínicos debería ser más bien bajo este año, pero lo cierto es que el acuerdo entre Mendoza y San Juan se demora por otros factores.

La ley que impone el pacto diversificador entre ambas provincias desde 1994 en adelante contempla que sin firma se aplica automáticamente una pauta de 20%, algo excesivo para una añada que promete algo más de 18 millones de quintales de uva. En los últimos años las pautas han sido elevadas: la vendimia pasada llegó a 26%, en 2019 fue de 29% y en 2018 un 25%, y para este ciclo ambas provincias parecen encaminarse a un rango sensiblemente inferior.

Todo parecía transitar los carriles de una negociación normal que suele ser más o menos compleja. Sin embargo, en los últimos días se tensó, y las principales divergencias no pasan por el porcentaje, sino por cambios que se pretenden introducir para regular al mercado: evitar que la lógica tonificación de precios lleve a las bodegas a importar volúmenes es el primero de ellos.

Pero esa suerte de "cepo" a la introducción de vino de otro origen en detrimento de los caldos argentinos, que apunta a una gestión conjunta ante el Gobierno nacional para definir cómo aplicarlo, es el primero pero no el único punto que dilata el acuerdo. 

"Solicitar al Gobierno Nacional que tome las medidas necesarias para evitar las importaciones de vino en la República Argentina, ya sea que se trate de graneles o fraccionados, siempre y cuando haya producción nacional suficiente para proveer a los mercados interno y externo", dice el artículo 1 como quedó redactado en el texto que aguarda rúbrica. 

En realidad son 3 los ítems, según la última versión que el ministro Enrique Vaquié le envió a su par sanjuanino Andrés Díaz Cano en los días previos a Semana Santa, hasta ahora sin definiciones.  

Más Ingresos Brutos, un resorte a mano

Los otros dos aspectos están más o menos vinculados a exigir cumplimiento. De hecho, la segunda modificación al articulado del acuerdo tiene que ver con "armonizar mecanismos provinciales" para desalentar ese tipo de operaciones, ya utilizadas por algunas grandes bodegas en 2017, cuando varias adquirieron vino origen Chile: entonces el Gobierno mendocino decidió (no así San Juan) una suba de la alícuota de Ingresos Brutos como castigo para los importadores.

Lo cierto es que luego de un par de intercambios (el último fue una contrapropuesta "retocada" de Mendoza a San Juan), el Ministerio de Economía se aferra a datos del INV: aún sin acuerdo, según el los últimos reportes al 4 de abril ya se habían cosechado algo más de 12,2 millones de quintales, cerca del 70% de lo pronosticado.

"En cierta forma el mercado ha ido autorregulándose", es el leitmotiv del  ministro Vaquié en la pulseada con los sanjuaninos, cuando la cosecha 2021 entra en la recta final  todavía sin fumata blanca entre ambas provincias. Los datos más recientes permiten deducir que mientras Mendoza ya destinó cerca del 15% de la uva a mosto, San Juan elaboró un 45%, con lo cual la pauta real promedia un 22%.

Aún así, para el nivel de consumo actual, los 734,6 millones de litros de vino nuevo descubado en todo el país (551,5 millones en Mendoza) parece una oferta aún escasa. De ahí la preocupación oficial por las decisiones que puedan adoptar las bodegas en busca de incrementarla para cumplir con sus contratos, sobre todo si es vía ingreso de volúmenes importados.

Endurecer el castigo

El tercer cambio propuesto es sextuplicar las multas o compensaciones que históricamente recaen en los establecimientos que no elaboran mosto o incumplen con el cupo fijado, y permanecían en $50 por quintal ($0,50 por kilo) desde 2014. "La Provincia de Mendoza dispone, para los establecimientos radicados en su territorio y que se encuentran gravados por la contribución obligatoria que dicha carga fiscal sea de $ 3,00 por cada kilogramo de uva que se vinifique a partir de la cosecha de 2021", reza el texto. 

La justificación oficial es clara: los importes, inferiores a los valores del producto final en el mercado ($38 por litro de vino blanco escurrido, y $32 por litro de mosto), ya no disuaden a los que incumplen. Por eso aduce que "la evolución del nivel general de precios durante los últimos 6 años en Argentina, como así también el comportamiento de los precios de los productos vitivinícolas en el mercado de traslado, han dejado obsoleta esta señal económica".

Sitio Andino intentó, sin éxito, recabar la opinión de Díaz Cano respecto a la última "devolución" del área económica del gobierno de San Juan, que obvió esas modificaciones. Y por tanto dejó abiertos los interrogantes acerca de cómo se resolverá el tan mentado acuerdo diversificador en su versión 2021.


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