Columna del domingo
Un Consejo que no aconseja y una reforma que se diluye
Domingo, 21 de marzo de 2021Escribe: Luis Abrego.

Cuando Rodolfo Suárez presentó el Consejo Económico Ambiental y Social (CEAS) lo imaginó como un ámbito para la generación de consensos y la determinación, luego de análisis interdisciplinarios y sectoriales diversos, de un rumbo general validado para Mendoza.

La convocatoria abarcó tanto a los sectores productivos y empresariales como a los del trabajo, pasando por los ámbitos científicos y académicos, así como la representación política de los poderes institucionales, la sociedad civil, los municipios y los credos. Una gran mesa de lo que se supone son los actores principales de la Provincia, a quienes se les pedirían aportes, miradas, opiniones y posturas para la determinación de políticas públicas.

Se trataba de una ocasión excepcional para esos grupos de interés que todo el tiempo demandan atención y acompañamiento, pero también una instancia de negociación y respaldo para aquellos temas espinosos en los que los gobernadores han confesado "sentirse solos"; por ejemplo, el emblemático debate por la minería.

Tras las presentaciones y formalidades, esa abundante "masa crítica" estaba en condiciones de poner en funcionamiento una maquinaria de consulta amplia y participativa, que a los ojos del Ejecutivo plasmaba su consigna del "gobierno de diálogo". Incluso, hasta los ex gobernadores de la democracia respondieron con entusiasmo a la iniciativa.

Sin embargo, la estrategia (o al menos el tema elegido para el debut) no parece generar puertas adentro del CEAS ese clima de fluida proactividad que el Gobierno imaginó. Por el contrario, despertó también suficientes sospechas e inquietudes sobre el futuro de ese cuerpo.

Es que la intención del gobernador para que el Consejo sólo se expida sobre si considera que la Legislatura debe abrir o no el debate por la reforma de la Constitución (ni siquiera para que opine sobre el proyecto, una iniciativa a la que el peronismo se niega), es leía por muchos integrantes del CEAS como una deformación de los objetivos de su creación. O en el peor de los casos, la necesidad de verse forzados a opinar sobre un asunto que -consideran- es eminentemente de la corporación política.

Desde que el peronismo con su negativa dejó herida de muerte a la reforma, en Casa de Gobierno han buscado diversas alternativas para forzar al PJ a cambiar su posición. La continuidad del debate parlamentario no surtió el efecto deseado, siempre en la búsqueda de un escenario que obligara públicamente al PJ a decir "no" a los ejes que el proyecto contempla, tales como la autonomía municipal, la incorporación de nuevos derechos, la representación departamental, pero principalmente el combo que el Gobierno denominó de "achicamiento del costo de la política" que incluye la reducción de dos cámaras legislativas a una y la eliminación de las elecciones de medio término, como polémicas propuestas salientes.

El plazo fijado a los 86 miembros del CEAS para expedirse era el 18 de marzo. Y antes de que esa fecha llegara, desde el mismo PJ, salieron a argumentar sobre la inconveniencia de entrar allí en esa discusión, y con ello a abortar la jugada de Suárez. Así se manifestaron públicamente tres emblemáticas figuras del justicialismo como Patricia Fadel, pero también dos ex gobernadores como Arturo Lafalla y Rodolfo Gabrielli, quien además amenazó con retirarse de ese ámbito si el oficialismo insistía en la jugada.

Frente a esto, el propio Alfredo Cornejo salió a defender la necesidad de un organismo de las características del CEAS pudiera opinar sobre la trascendencia que tiene para el futuro de la provincia la modificación de su Constitución. Y recordó que dentro de las funciones del Consejo está "la emisión de opiniones no vinculantes, a requerimiento de alguno de los poderes, sobre proyectos de ley a ser sancionados por el Poder Legislativo", como es el caso de la "reforma institucional" de Suárez. Con lo cual, ese espacio pensado para el estudio y la consideración de asuntos públicos, con mirada prospectiva, quedó entrampado en las disputas de la coyuntura entre oficialismo y oposición.

Frente a esta fractura de un ámbito pensado para la concordia, en el que muchos otros consejeros de diversos sectores incluso pidieron más plazo para expedirse sobre la consulta puntual del gobernador, el Ejecutivo registra ahora un par de datos y reconfigura su estrategia.

El primero, que el "no" de los ex gobernadores peronistas es definitivamente el "no" de esa fuerza, no sólo la del kirchernismo, sino también de quienes no lo son, y con ello se aleja del imprescindible respaldo para la mayoría especial que requiere para aprobar la ley que determina la necesidad de la reforma y abrir así el proceso legal. Pero en la misma dirección asegura que más del 60% de los consejeros de las instituciones consultadas se han manifestado a favor de que la Legislatura debata una nueva Constitución.

En Casa de Gobierno aseguran que tienen más de 40 votos favorables a sus intenciones, cerca de 10 negativas y sólo una docena de abstenciones a los que deben sumarse aquellos que han pedido más tiempo para decidir. Un escrutinio que creen es un éxito y que pretenden hacer valer en la discusión pública, tanto la que se da dentro del CEAS como afuera, poniendo en contraposición la negativa del PJ con el favor mayoritario del Consejo.

Por pronto, esta semana se convocará a sus miembros para el 29 de marzo a fin de aprobar el reglamento de funcionamiento y la puesta en consideración de otros 25 proyectos recibidos en este tiempo para su tratamiento. Allí seguramente insistirá para convencer a los indecisos del reformismo.

En la misma línea, pero por fuera del CEAS, está en estudio por estas horas una convocatoria a los presidentes de los partidos políticos con representación parlamentaria para forzar aún más el escenario y ver si el PJ, en la figura de su presidenta Anabel Fernández Sagasti acepta la invitación o directamente declina con los argumentos ya conocidos.

En ambos casos, tanto la avanzada en la Legislatura, como en el CEAS o la eventual convocatoria a los partidos mantiene la fecha límite expresada con anterioridad en esta columna semanas atrás: el 1 de mayo. En ese momento, todos los "no" del peronismo buscarán ser capitalizados en el discurso de apertura de sesiones de la Legislatura.

Allí, y con la reforma ya probable y definitivamente caída, Suárez podrá dar inicio a la campaña electoral del oficialismo. Pero lo cierto es que otro de sus ejes discursivo habrá sido herido de muerte. En todo caso, la puja será por instalar en los ciudadanos de quién es la responsabilidad de ese inmovilismo que no acepta consejo alguno.

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Comentarios
Fernando Diez
22-03-21 06:18
Me llama la atención la superficialidad con que manejan el tema. Debería haber heco una comparación entre el proyecto de ley de necesidad de la reforma, con los artículos que pretenden reformar. Estudié punto por punto y saqué estas conclusiones. "ERRORES DEL PROYECTO DE LEY DE NECESIDAD DE LA REFORMA

En el artículo 2 a), propone: ?Incorporar el equilibrio fiscal del sector público provincial y municipal como deber del Estado y derecho colectivo de la población?. En los dos Presupuestos votados en su gestión, hay un importante déficit fiscal que hay que cubrir con préstamos.
En el artículo 2 b) aspira a: ?Incorporar, al principio de representación poblacional, el territorial de todos los departamentos de la provincia, asegurando la participación de las minorías. ??. Eso queda desmentido en el mismo artículo inciso c) cuando propone solamente un legislador por cada departamento en base a la representación territorial, en vez de 2 o 3, para dar participación a las minorías. Agregar legisladores en base a la representación poblacional, no suple la representación a las minorías en cuanto a la representación territorial. Hubiera sido preferible transformar al Senado para que sólo representara a los territorios en razón de 3 senadores por departamento: dos por la mayoría y uno por la minoría.
En el artículo 2, inciso c) 3, propone: ?Eliminar la elección de medio término?. Con eso se pensaba en ahorrar gastos políticos. Sin embargo, al ser una elección junto a la Nación para elegir legisladores nacionales, ese gasto lo ahorraría la Nación, no la Provincia. También se contrapone con lo dispuesto en el artículo 2, inciso d) 1: ?Introducir el sistema electoral de doble vuelta para la elección del Gobernador y Vicegobernador de la Provincia, reglando los umbrales electorales?. Este gasto lo tendría que asumir sólo la Provincia, transformando ese artículo en una carga económica más para la Provincia. Es muy contradictorio.
En el artículo 2, inciso g) 1: ?Aclarar, en los artículos correspondientes al procedimiento de la reforma de la Constitución, la base de cómputo de las mayorías exigidas para el referéndum constitucional?. Esta pretendida reforma tiene por fin ?DESTRUIR? la doctrina de la Dra. Kemelmajer de Carlucci sobre la mayoría exigida para reformar la Constitución. De esta forma, sería muy fácil para cualquier gobernador conseguir la mayoría para reformar la Carta Magna, convirtiéndola en un juguete del gobierno de turno, perdiendo Mendoza el prestigio ganado en cuanto a ser la provincia con mayor institucionalidad de la República Argentina.
El artículo 4 es un cepo para la función de la Convención Constituyente. Está muy fresco, sin que lo exprese en el articulado, el recuerdo de la reforma de la Constitución, de 1965, cuya Convención Constituyente se declaró soberana y reformó 10 artículos más de los originalmente previstos. Expresa este artículo, limitativo de la Convención Constituyente: ?La Convención Constituyente no podrá, BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA, introducir otras modificaciones, derogaciones o agregados a la Constitución provincial, que las expresamente habilitadas en la presente ley, ?.? El resto del artículo intenta suavizarlo, diciéndole lo que puede hacer. Es muy ridículo decirle justamente lo que la propia Constitución autoriza. Parece una tomada de pelo.
En el artículo 6, hay otra pésima redacción y se adelanta a lo que el pueblo resuelva sobre la aprobación o no de la ley de necesidad de la reforma. Da por hecho que el pueblo va a aprobarla y fija, anticipadamente, la elección de Convencionales Constituyentes, aunque condiciona su vigencia al resultado del referéndum. Es un desgaste inútil. Trabajar para elegir convencionales que muy probablemente no puedan ser convalidados. Es un esfuerzo inoportuno.
El artículo 7 es una especie de ?corona? a la insensatez e ignorancia del derecho: viola la misma Constitución que intenta reformar. Expresa: ?La Convención Constituyente ?. Iniciará su labor dentro de los treinta (30) días posteriores a su constitución, DEBIENDO FINALIZAR SU COMETIDO EN EL TÉRMINO DE NOVENTA DÍAS DESDE EL INICIO DE LAS LABORES, NO PUDIENDO PRORROGAR SU MANDATO?. No se puede creer tamaño desatino. Viola flagrantemente el artículo 222 de la Constitución de Mendoza, que expresa: ?La Convención se reunirá DIEZ DÍAS DESPUÉS de que la Junta electoral de la Provincia haya practicado el escrutinio y otorgado el diploma provisorio a los convencionales electos, a fin de pronunciar el juicio definitivo sobre las elecciones. Una vez constituida la Convención, PROCEDERÁ A LLENAR SU COMETIDO DENTRO DEL TÉRMINO DE UN AÑO, vencido el cual caducará su mandato?.
Si la misma Constitución otorga un año, ¿por qué una ley acorta su tarea a 90 días? No se puede creer tamaño desacierto". Muchas gracias.
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