Columna del domingo

Un Consejo que no aconseja y una reforma que se diluye

Escribe: Luis Abrego.

Cuando Rodolfo Suárez presentó el Consejo Económico Ambiental y Social (CEAS) lo imaginó como un ámbito para la generación de consensos y la determinación, luego de análisis interdisciplinarios y sectoriales diversos, de un rumbo general validado para Mendoza.

La convocatoria abarcó tanto a los sectores productivos y empresariales como a los del trabajo, pasando por los ámbitos científicos y académicos, así como la representación política de los poderes institucionales, la sociedad civil, los municipios y los credos. Una gran mesa de lo que se supone son los actores principales de la Provincia, a quienes se les pedirían aportes, miradas, opiniones y posturas para la determinación de políticas públicas.

Se trataba de una ocasión excepcional para esos grupos de interés que todo el tiempo demandan atención y acompañamiento, pero también una instancia de negociación y respaldo para aquellos temas espinosos en los que los gobernadores han confesado "sentirse solos"; por ejemplo, el emblemático debate por la minería.

Tras las presentaciones y formalidades, esa abundante "masa crítica" estaba en condiciones de poner en funcionamiento una maquinaria de consulta amplia y participativa, que a los ojos del Ejecutivo plasmaba su consigna del "gobierno de diálogo". Incluso, hasta los ex gobernadores de la democracia respondieron con entusiasmo a la iniciativa.

Sin embargo, la estrategia (o al menos el tema elegido para el debut) no parece generar puertas adentro del CEAS ese clima de fluida proactividad que el Gobierno imaginó. Por el contrario, despertó también suficientes sospechas e inquietudes sobre el futuro de ese cuerpo.

Es que la intención del gobernador para que el Consejo sólo se expida sobre si considera que la Legislatura debe abrir o no el debate por la reforma de la Constitución (ni siquiera para que opine sobre el proyecto, una iniciativa a la que el peronismo se niega), es leía por muchos integrantes del CEAS como una deformación de los objetivos de su creación. O en el peor de los casos, la necesidad de verse forzados a opinar sobre un asunto que -consideran- es eminentemente de la corporación política.

Desde que el peronismo con su negativa dejó herida de muerte a la reforma, en Casa de Gobierno han buscado diversas alternativas para forzar al PJ a cambiar su posición. La continuidad del debate parlamentario no surtió el efecto deseado, siempre en la búsqueda de un escenario que obligara públicamente al PJ a decir "no" a los ejes que el proyecto contempla, tales como la autonomía municipal, la incorporación de nuevos derechos, la representación departamental, pero principalmente el combo que el Gobierno denominó de "achicamiento del costo de la política" que incluye la reducción de dos cámaras legislativas a una y la eliminación de las elecciones de medio término, como polémicas propuestas salientes.

El plazo fijado a los 86 miembros del CEAS para expedirse era el 18 de marzo. Y antes de que esa fecha llegara, desde el mismo PJ, salieron a argumentar sobre la inconveniencia de entrar allí en esa discusión, y con ello a abortar la jugada de Suárez. Así se manifestaron públicamente tres emblemáticas figuras del justicialismo como Patricia Fadel, pero también dos ex gobernadores como Arturo Lafalla y Rodolfo Gabrielli, quien además amenazó con retirarse de ese ámbito si el oficialismo insistía en la jugada.

Frente a esto, el propio Alfredo Cornejo salió a defender la necesidad de un organismo de las características del CEAS pudiera opinar sobre la trascendencia que tiene para el futuro de la provincia la modificación de su Constitución. Y recordó que dentro de las funciones del Consejo está "la emisión de opiniones no vinculantes, a requerimiento de alguno de los poderes, sobre proyectos de ley a ser sancionados por el Poder Legislativo", como es el caso de la "reforma institucional" de Suárez. Con lo cual, ese espacio pensado para el estudio y la consideración de asuntos públicos, con mirada prospectiva, quedó entrampado en las disputas de la coyuntura entre oficialismo y oposición.

Frente a esta fractura de un ámbito pensado para la concordia, en el que muchos otros consejeros de diversos sectores incluso pidieron más plazo para expedirse sobre la consulta puntual del gobernador, el Ejecutivo registra ahora un par de datos y reconfigura su estrategia.

El primero, que el "no" de los ex gobernadores peronistas es definitivamente el "no" de esa fuerza, no sólo la del kirchernismo, sino también de quienes no lo son, y con ello se aleja del imprescindible respaldo para la mayoría especial que requiere para aprobar la ley que determina la necesidad de la reforma y abrir así el proceso legal. Pero en la misma dirección asegura que más del 60% de los consejeros de las instituciones consultadas se han manifestado a favor de que la Legislatura debata una nueva Constitución.

En Casa de Gobierno aseguran que tienen más de 40 votos favorables a sus intenciones, cerca de 10 negativas y sólo una docena de abstenciones a los que deben sumarse aquellos que han pedido más tiempo para decidir. Un escrutinio que creen es un éxito y que pretenden hacer valer en la discusión pública, tanto la que se da dentro del CEAS como afuera, poniendo en contraposición la negativa del PJ con el favor mayoritario del Consejo.

Por pronto, esta semana se convocará a sus miembros para el 29 de marzo a fin de aprobar el reglamento de funcionamiento y la puesta en consideración de otros 25 proyectos recibidos en este tiempo para su tratamiento. Allí seguramente insistirá para convencer a los indecisos del reformismo.

En la misma línea, pero por fuera del CEAS, está en estudio por estas horas una convocatoria a los presidentes de los partidos políticos con representación parlamentaria para forzar aún más el escenario y ver si el PJ, en la figura de su presidenta Anabel Fernández Sagasti acepta la invitación o directamente declina con los argumentos ya conocidos.

En ambos casos, tanto la avanzada en la Legislatura, como en el CEAS o la eventual convocatoria a los partidos mantiene la fecha límite expresada con anterioridad en esta columna semanas atrás: el 1 de mayo. En ese momento, todos los "no" del peronismo buscarán ser capitalizados en el discurso de apertura de sesiones de la Legislatura.

Allí, y con la reforma ya probable y definitivamente caída, Suárez podrá dar inicio a la campaña electoral del oficialismo. Pero lo cierto es que otro de sus ejes discursivo habrá sido herido de muerte. En todo caso, la puja será por instalar en los ciudadanos de quién es la responsabilidad de ese inmovilismo que no acepta consejo alguno.

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