A finales del 2020 la Legislatura de Mendoza sancionó la Ley Nº 9271 que establece que las personas condenadas por el delito de usurpación no podrán acceder a beneficios como planes sociales, subsidios o programas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), buscando desalentar tomas ilegales de terrenos. No obstante, desde el Gobierno advirtieron algunos inconvenientes en su aplicación y enviaron un proyecto para modificarla parcialmente.
La iniciativa había sido propuesta por el diputado provincial Jorge Difonso (Unión Popular), aliado del oficialismo, en un contexto nacional donde se sucedían casos de tomas de terrenos y se habían producido algunos intentos en la provincia.
El texto de la norma que entró en vigencia en diciembre pasado establece el requisito de no encontrarse condenado por alguno de los delitos de usurpación para acceder al "otorgamiento de beneficios de planes sociales, subsidios de cualquier tipo, o programas de vivienda emanados del Instituto Provincial de la Vivienda".
Pero al momento de ponerla en práctica desde el Gobierno provincial se encontraron con que uno de los aspectos de la medida generaba contratiempos para muchos beneficiarios de subsidios de sectores vulnerables.
Es así que el gobernador Rodolfo Suarez envió un proyecto a la Legislatura para modificar la Ley en lo que respecta a los subsidios.
El subsecretario de Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, Nicolás Egües, explicó a Sitio Andino el objetivo de la reforma parcial. "La Ley está muy bien en sus intenciones. En su momento se acompañó porque plantea no otorgar una serie de beneficios por parte del Estado a quien está condenado por el delito de usurpación. Pero quedó redactada de una manera donde ciertas prestaciones que da el Estado a sectores muy vulnerables y con situaciones muy apremiantes, como los bolsones de alimentos, está sujeta a que el beneficiario acredite que no está condenado por un delito de este tipo, y la única forma de acreditarlo es con un certificado de buena conducta", indicó.
Destacó que la propuesta apunta a "tratar de flexibilizar un poco esta Ley en lo que tiene que ver con los subsidios, no con los planes sociales o las cuestiones del IPV que ahí sí es mucho más sensible".
Concretamente el problema que detectaron es el exceso de burocracia y las demoras que genera el trámite del certificado de buena conducta para beneficiarios de subsidios mensuales que pertenecen a sectores muy vulnerables y esto les provoca un costo y una inversión de tiempo.
"La idea es flexibilizar en la expresión subsidios de cualquier tipo y buscar una alternativa y poner la carga más del lado del Estado que del beneficiario. El proyecto va a ser debatido y puede haber otras alternativas como puede ser crear un registro y que sea el Estado el que coteje al momento de otorgar estos beneficios si el que lo está pidiendo no tiene antecedentes", señaló el funcionario.