Columna del domingo
Año nuevo, diferencias viejas
Domingo, 10 de enero de 2021Por: Luis Abrego

No fue necesario mucho tiempo. La primera semana del año reestableció el contrapunto entre Mendoza y la Nación que caracterizó al 2020 de la pandemia, cuando desde la Casa Rosada buscaron imponer un "toque de queda" sanitario para contener el rebrote de Coronavirus. Una idea que se fue desfigurando con el paso de las horas para concluir en un decreto que no decreta, sino que apenas recomienda. Pero que además es síntoma de otros problemas.

Tal vez la novedad esta vez no haya sido la postura de Rodolfo Suárez que se anticipó en la clásica reunión que Alberto Fernández tiene con los gobernadores en la previa de la toma de decisiones sobre el manejo de la pandemia. Mendoza siempre se ha manejado con un margen de maniobra que le permitió equilibrar la salud con la economía, pero que también le generó no pocos roces con la Presidencia cuando en los momentos más críticos de la primera ola de Coronavirus pretendió imponer restricciones generales en todo el país y que desde aquí se resistió.

Por ello, esta vez no sorprendió que Suárez adelantara que no estaba dispuesto a modificar esa política según el deseo del poder central, ni a poner limitaciones horarias para el funcionamiento de actividades (básicamente gastronómicas o recreativas en medio de la temporada turística de verano); ni mucho menos a establecer por decreto el confinamiento nocturno como se estimulaba desde Buenos Aires para contener, principalmente, las actividades de los jóvenes quienes ya venían siendo objeto de la prédica oficial y señalados como los responsables de la escalada de casos.

El dato novedoso, que no deja de ser político también, fue la postura que asumieron ante la situación otros distritos con un fuerte desarrollo e incidencia del sector productivo privado en sus economías como Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes también cuestionaron la idea oficial de establecer restricciones que según se demostró en 2020 no hicieron más que aletargar la velocidad de contagio pero con un altísimo costo social en términos de pérdida de fuentes de trabajo y con ello, cientos de miles empleos.

Una situación que en medio de las negociaciones de la letra chica del decreto entre la Nación y las provincias, también advirtieron públicamente los principales sectores empresarios, de todos los tamaños, desde el industrial al comercial, pasando por los servicios, y que directamente puso en pie de guerra a los más dañados por la crisis en este tiempo: el turismo y la gastronomía que empezaban a recuperarse tras meses en los que directamente no tuvieron ingresos.

Es que tales inconsistencias se reflejan en las cuentas públicas, que vía menor recaudación por caída de actividad o disminución de la coparticipación nacional, ven también el enflaquecimiento de las reservas fiscales. En el caso de Mendoza, cerró el 2020 con un déficit tributario del 14%. De hecho, el ministro Lisandro Nieri aseguró esta semana en Radio Andina que "si hay mayores restricciones, la tendencia de recuperación se puede ver afectada".

Mendoza fundamentó su postura de no innovar en los datos del sistema sanitario (aunque en la última semana haya registrado un leve aumento de casos que se reflejó en el nivel de ocupación de camas que saltó del 35 al 50% en el Gran Mendoza), pero también en la incidencia cada 100 mil habitantes en los últimos 14 días. Todos ellos indicadores que sustentan la tesis del Ejecutivo provincial sobre el control de la situación a la fecha.

Pero también en las características de la región: "aquí no hay turismo de aglomeración como puede ser en las playas de la Costa Atlántica", argumentaron desde el Ejecutivo local, queriendo dar a entender que desde Buenos Aires se miraban esos desbordes como una generalización del resto del país.

Lo cierto es que tras marchas y contramarchas la idea oficial del "toque de queda" sanitario fue perdiendo fuerza ante la resistencia de gobernadores y también de diversos sectores de la sociedad. Los mismos que acompañaron sin dubitar al Presidente al inicio de la cuarentena y que ahora, por falta de convicción, cansancio o temor a la desobediencia civil, cuestionan sus propuestas de manejo sanitario.

Aquel consenso de marzo de 2020, que hasta ilusionó a muchos con el derrumbe de la grieta, se esfumó en un año plagado de acusaciones, polémicas, filminas erróneas y predicciones de difícil cumplimiento, en el que hasta quedaron involucradas las vacunas que en el mundo esperanzan y aquí, se desconfían.

Una impronta ahora temerosa que se vio concretada en las "recomendaciones" de un decreto que debería redactarse para imponer, más que para aconsejar. Pero no fue así. Se trata de indicadores sanitarios que deberán observar los gobernadores (e incluso los intendentes) para -en caso de registrarse en sus provincias- ejecutar las limitaciones y restricciones que los epidemiólogos le sugieren a Fernández que aplique. Pero, está visto, no puede aplicar.

La situación también desliga en los gobiernos locales la responsabilidad del manejo sanitario y las medidas para su control, y si bien es un gesto saludable para un país federal, implica la coparticipación de la toma de decisiones (y con ello, de sus posibles costos políticos si el contexto recrudeciera) ante la imposibilidad de ejecutarlas desde el poder central como fue al comienzo de la pandemia.

Desde Casa de Gobierno festejaron que el status quo normativo de la pandemia no se viera afectado e intentaron capitalizar rápidamente el contenido del decreto que no decreta al afirmar que "el Presidente tomó las recomendaciones del gobernador Suárez" para dejar en manos de las provincias la administración o no de restricciones y limitaciones.

Pese a esa afirmación, de casi imposible constatación, es más probable que Fernández haya avanzado hasta donde el consenso con los gobernadores lo permitía (aunque originalmente se haya difundido que existía pero que con el paso las horas se advirtió que no era tal) y de acuerdo al contexto político tras un año atípico, pero de gran desgaste.

El periodista Edi Zunino escribió este fin de semana en el diario Perfil que "el rebrote de Covid-19 infectó el principio de autoridad". Y agregó que "nadie quiere pagar el costo de medidas antipáticas en el inicio de un año electoral" y que por ello, el peso de las decisiones sanitarias se licúa incluso más allá del triunvirato del Área Metropolitana de Buenos Aires, que junto con Fernández completan Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof y se diluye ahora en todos los mandatarios provinciales. Y remata: "Difícil gobernar una emergencia teniéndole miedo a dar ciertas órdenes".

Aquí, la disputa no hizo más que volver a poner en primer plano aquellas diferencias que más allá de lo partidario separan a Fernández de Suárez y viceversa. En todo caso, la administración de la pandemia (y sus consecuencias), a poco de acercarse al año de padecimientos, amenaza con convertirse en el único plan de gobierno para quienes ejercen el poder acá y allá. En esa lógica, diferenciarse también puede ser una estrategia de fidelización hacia los propios, pero además, una poderosa herramienta para convencer a los que todavía no están contagiados por la grieta. Y en ese caso, perder o ganar. De eso también se trata la política.

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