Un trago amargo antes de la vacuna
Domingo, 27 de diciembre de 2020Por: Luis Abrego
Por: Luis Ábrego

El brutal femicidio de Florencia Romano significó un trago amargo para el cierre de año del gobierno provincial. Apurado por los cuestionamientos de la oposición sobre el accionar del Estado que podrían haber evitado el desenlace trágico, el Ejecutivo se cerró en la defensa política del ministro de Seguridad, Raúl Levrino y del jefe de Policía, Roberto Munives.

Rodolfo Suárez buscó así cortar la cadena de las responsabilidades en la operadora del 911, la auxiliar de policía Soledad Herrera, quien no sólo fue suspendida de la fuerza, sino también imputada judicialmente por "abandono de persona en contexto de violencia de género, en concurso ideal, con incumplimiento de los deberes de funcionario público".

Desde el Gobierno estiman que el blindaje sobre el ministro y la conducción policial, incluso la cúpula del 911, tiene sentido en que la operadora guardó silencio y sus superiores no podían conocer la existencia de esa llamada alertando gritos en la casa del presunto asesino. "Fue un caso aislado, una decisión individual. No hay antecedentes de una situación como esta, no se han repetido estas conductas anteriormente que indiquen que el sistema falle de forma habitual", dicen desde el entorno del gobernador, aunque no descartan revisar el funcionamiento del Centro Estratégico de Operaciones (CEO).

Desde el Ejecutivo consideran además que con sus planteos y condiciones, principalmente el peronismo que amenaza con no tratar ningún asunto en la Legislatura hasta que los funcionarios den explicaciones, más que contribuir al sentido de justicia, lo que se busca es desgastar la gestión del gobernador. Y no están dispuestos a que eso suceda.

El Gobierno entiende que la figura de la interpelación no está prevista en la Constitución provincial, sí en la Nacional tras la reforma del ´94, y que en todo caso lo que la oposición debería haber solicitado es un pedido de informe para que Seguridad diera cuenta de lo relacionado con el caso. O solicitar el juicio político para lo cual necesita mayorías especiales para que pueda avanzar en ambas cámaras.

"Todo lo demás es parte del circo de la política", sostienen en Casa de Gobierno, donde pese a los cuestionamientos, tampoco ensayan autocríticas sobre la inacción frente a los disturbios producidos posteriormente a la aparición del cuerpo de la joven y que generaron hechos vandálicos, daños e intentos de incendio en Casa de Gobierno, el Palacio de Tribunales y la misma Legislatura que fue la que recibió los ataques más furibundos.

En ese contexto, no dejó de leerse en el Gobierno que bajo esa impronta dura se alinearon los diversos sectores internos del PJ, desde la flamante conducción partidaria que encabeza la camporista Anabel Fernández Sagasti hasta el influyente núcleo que comandan los hermanos Félix desde San Rafael. La señal es inequívoca y resta margen de acción en vistas a recomponer puentes con la oposición, tal vez anticipando la confrontación del año electoral que se avecina. Pero en todo caso, eso será tarea de la conducción del oficialismo en Diputados y Senadores, confían desde el Ejecutivo.

Lo cierto es que el crimen de la adolescente en Maipú posó después de mucho tiempo otra vez la lupa en la seguridad, un área que ha puesto en aprietos de manera esporádica o continua a los distintos gobiernos desde el retorno de la democracia. Incluso, sobre el funcionamiento de la comisión bicameral que por ley preside la oposición para el control de una fibra sensible y que por razones burocráticas todavía no entró en acción y desde donde el PJ buscará de ahora en más auscultar las políticas del área.

El razonamiento oficial supone que el caso, pese a estar prácticamente esclarecido, puede correr de la agenda la validada gestión que respecto a la administración de la cuarentena ha hecho el gobierno durante este año, incluso -según la última medición del Indec- con una disminución de la desocupación, que bajó al 8,4% en Mendoza (menor que en el 2019 -8,6%- y debajo del promedio nacional en un contexto de pandemia).

Pero además, ayudar a soslayar un dato que infla el pecho de los funcionarios en el cuarto piso de Casa de Gobierno: en setiembre, en pleno pico nacional de casos de Covid 19, la provincia ya tenía al 73% de sus actividades productivas abiertas, síntoma de su clara política aperturista, que buscó equilibrar el cuidado de la salud con el de la economía. Y principal jactancia de Suárez y sus ministros.

Todo ello, de la mano de la baja de contagios y con eso de los niveles de ocupación de camas que en esta semana se ubicó en el 51,04% en el Gran Mendoza y llegó al 45,91% en el resto de la provincia. Un gran alivio en un ítem que por momentos rozó el 90% de ocupación despertando las alarmas incluso de la Casa Rosada.

En la misma línea de los logros (siguiendo el argumento oficial) que quedan empañados en este fin de año, se inscribe el sorpresivo nivel de aceptación que tuvo la oferta a los gremios estatales, que cosechó el respaldo de 14 agrupamientos, entre ellos el de los mayoritarios de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la más emblemática (en este contexto sanitario) de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), con lo cual se cierra la paritaria 2020 y 2021, despejándose gran parte de los conflictos salariales del sector público, que sin embargo, contó con sólo tres rechazos: el de los maestros del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE), los empleados de Juegos y Casinos y los trabajadores del gremio de los Judiciales.

El Ejecutivo prevé que con la recaudación provincial estancada producto de la pandemia (15% menos para impuestos provinciales) y una caída del 5% de la coparticipación, y sin demasiados alicientes de recuperación en el corto plazo, era imprescindible tener un panorama certero de las obligaciones con los agentes estatales para cumplir con sus obligaciones en el próximo año.

Un 2021 que no aparece como mejor por el solo hecho del recambio del calendario. Mucho menos por las complicaciones que el virus y sus mutaciones está demostrando a nivel mundial y que obliga a fuertes retrocesos en Europa y al cierre de fronteras lo que derrumba la posibilidad de reactivar aquí el turismo internacional, especialmente el de Chile y Brasil.

Por estos días, la única esperanza está puesta en la efectividad de la vacuna, que en el caso de Argentina la única disponible en el país es la rusa Sputnik V, con todas las dudas y contramarchas que ha acarreado. Ayer el presidente Alberto Fernández junto a los gobernadores comenzaron a delinear el operativo de vacunación y las necesidades logísticas para las primeras 300 mil dosis, en un plan que en todo 2021 pretende vacunar a más de 20 millones de argentinos para así intentar acercarse a un porcentaje eficiente de inmunidad.

Un operativo previsto en principio para el martes y que tal vez incluya la vacunación del propio Suárez para buscar desmitificar temores y que daría así inicio al capítulo local para inocular las 11 mil dosis que en esta primera etapa llegarían a la Provincia.

La administración de la pandemia demostró ser una lucha día a día. La coyuntura, con sus imprevisibles tironeos y sorpresas es capaz de descalabrar cualquier construcción de una gestión. Para el Coronavirus parece haber vacuna, para las crisis, todavía no.

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