Opinión
El Estado falló, los furiosos también
Domingo, 20 de diciembre de 2020Por Luis Ábrego - Entre Paréntesis

Los violentos incidentes que se registraron el viernes por la tarde-noche, luego de la multitudinaria marcha que recorrió la ciudad para protestar por el femicidio de Florencia Romano incluyeron ataques directos a los tres poderes públicos de Mendoza: Casa de Gobierno, el palacio de Tribunales y la Legislatura. Y ese símbolo, el de la democracia en llamas, es demasiado fuerte así como difícil de olvidar.

Las escenas de fuego y corridas de los minúsculos grupos de furiosos, no para atenuar, sino incluso para aumentar el poder de daño de esas escaramuzas en el corazón de la ciudad, mostraron otra cara impotente del Estado (como confirmaron el sábado dos ministros del Ejecutivo y el jefe de Policía), al tomar la decisión de no intervenir para evitar situaciones de represión o incluso heridos que pudieran agravar el de por sí conflictivo panorama.

Es probable que esto hubiera sido así, pero también fue impactante ver la Casa de las Leyes a merced de los vándalos sin que ni siquiera un grupo de bomberos pudieran apagar el fuego que podría haber desatado un horror aún mayor. Peor que el Estado falible es el Estado ausente.

Pero lo cierto es que con las cartas echadas, la absurda muerte de una adolescente de 14 años y la sociedad en estado de ebullición, estos días de bronca e incertidumbre también pusieron al Ejecutivo en un lugar incómodo, producto de la cadena de errores de funcionarios públicos indolentes, que probablemente no respondan a la política, pero que le exigieron al gobierno de Rodolfo Suarez asumir la postura política de explicar la inacción frente a los destrozos como la salida menos dañina, o la que tuvieron a mano para controlar tanto dolor genuino y tanto aprovechamiento ficticio.

Frente a tal situación la oposición ya pidió la interpelación del ministro de Seguridad, Raúl Levrino y del jefe policial, Roberto Munives, algo que el oficialismo adelantó que no acompañará, e incluso tildó de "oportunismo"; pero que da idea de cómo la aberración femicida -por un lado- y la desidia burocrática -por el otro- se colaron inesperadamente en la agenda política del fin de año atravesado por la pandemia.

Las acciones violentas parecen haber sido coordinadas por grupos que en nada representan las consignas del colectivo Ni una menos, pero tampoco y en especial de las miles de mujeres, muchas de ellas con sus hijas (incluso adolescentes) que se vieron interpeladas para manifestar por los atroces detalles de las últimas horas de Florencia; en especial de dos elementos que tienen que ver con la intervención estatal y que se conocieron cuando comenzó a desenmarañarse la madeja de la desaparición primero, y luego de su muerte.

A la indignación social por el asesinato se le sumó la puesta en conocimiento de la existencia de un llamado al 911 que advertía sobre una posible situación de violencia de género y que reportaba gritos y golpes en la vivienda de Berra y Padre Vázquez, de Gutiérrez, Maipú, donde efectivamente Florencia se defendía de los ataques de Pablo Arancibia, a pocas cuadras de una comisaría. Pero también, la frustrada intención familiar de efectuar la denuncia en la oficina fiscal por parte de sus padres que no fue recibida el domingo pasado "por falta de personal".

Para cualquier ciudadano quedó en claro, tal como aseguró el vicegobernador Mario Abed frente a las oficinas destrozadas e incendiadas del Poder Legislativo, que "el Estado falló". De hecho, ya había fallado cuando las dos denuncias anteriores que tenía el presunto femicida en la Justicia habían quedado en la nada, luego de que dos ex parejas dieran a conocer su perfil violento, tanto en 2011 y en 2014. Pese a existir denuncia, y hasta una imputación, nunca avanzaron ni llegaron a condena.

Frente a la situación concreta de una vida en peligro, el personal policial desestimó la llamada creyéndola falsa (algo que sucede asiduamente, el 45% de las veces precisó Munives) y no activó el protocolo que tal vez podría haber evitado la muerte. Pero también, se confirmaron las falencias del sistema judicial que no hizo más que frustrar los intentos de los padres de Florencia por saber qué había pasado con su hija luego de un día de no tener noticias de ella.

Ahora bien, es necesario asimismo considerar que bajo la conducción de la fiscal de Homicidios, Claudia Ríos, el caso fue esclarecido en 72 horas, aunque con el peor de los finales en base a lo expuesto y a las fallas que impidieron una rápida respuesta, que aún así tal vez no podría haber impedido el fatal desenlace. Apenas una gota de elemental justicia en un océano de injusticias.

De ahí en más, y con una sociedad en estado de conmoción, las protestas no cesaron, y de hecho se incrementaron. El jueves mismo mientras se concretaba una de las marchas, se conoció el hallazgo de un cadáver en la zona que de alguna manera anticipó la confirmación posterior sobre su identidad. Y ya entre los manifestantes, según testimonios que circularon ese día, corría en las calles -vociferada- la consigna "que arda todo". Una clara referencia a establecer ataques a sitios públicos que sería la manera, según estos grupos minoritarios, de "vengar" la muerte de Florencia.

La convocatoria a una segunda marcha el viernes, en la que la asistencia se vio incluso incrementada al conocerse más detalles del caso, y por ende, con la indignación en aumento, tuvo su corolario con los ataques a oficinas de planta baja de Casa de Gobierno, destrozos de vidrios, intentos de incendio; al igual que en la sede del Poder Judicial, con fogatas en sus escalinatas, pintadas y vandalización del Parque Cívico, incluido el Memorial de la Bandera de los Andes. El corolario, ya cuando las luces del día no estaban, fue la Legislatura, que recibió los embates más duros, con ventanas rotas, puertas quemadas, destrozos de oficinas que dan a la calle y la amenaza de generar un gran incendio en pleno microcentro.

A la impotencia estatal se le sumó entonces el caos social. Al no se puede del Estado, la anarquía de la violencia organizada. Pero también el hartazgo de quienes ya ni siquiera pretenden que los cuiden, sino que al menos no los agredan. Que les tomen la denuncia, que acudan cuando se los llama. Y sí, el Estado falla cuando no cumple su misión, pero también los ciudadanos cuando hacemos de cuenta que no existe.

Lo cierto es que los incidentes y sus consecuencias atentan ahora a desviar el foco de la violencia de género, de las políticas necesarias para hacerle frente y de la capacitación de los funcionarios para actuar con decisión y rapidez para no tornar confuso aquello que debería ser visible, en tanto según registran organizaciones sociales, en Argentina cada 29 horas una mujer es víctima de femicidio o sufre algún ataque. Un dato que incluso parece haberse agravado en la pandemia. Sólo este año ya se acerca a las 190 muertes en el país.

La furia descarga pero no repara. Es sólo un espasmo violento que confunde y aturde. Espanta, tanto como el horror de las atrocidades contra las que los furiosos dicen rebelarse. Ningún destrozo, ni ninguna hoguera popular devolverá la vida que no está. La furia es inconducente y equívoca. Aturde y paraliza una vez que se vacía de su misma furia.

La furia se parece mucho a la razón de las bestias a las que se pretende cazar. 

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