Un pacto para sobrevivir
Domingo, 6 de diciembre de 2020Por Luis Ábrego - Entre Paréntesis
Por: Luis Ábrego

Rodolfo Suárez ha desplegado en este año toda la táctica y la estrategia posible para intentar mantener un vínculo armónico con la Nación. Siempre, a los chispazos que se producían por el manejo de la cuarentena, o sus consecuencias (compra de respiradores, partidas de ayuda federal, mayores aperturas o restricciones) las acompañó con indubitables gestos de respaldo hacia Alberto Fernández. Así lo indica desde el apoyo a la negociación de la deuda externa a la reciente firma del Pacto Fiscal junto al resto de las provincias, a excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Es precisamente el distrito que conduce Horacio Rodríguez Larreta el espejo en donde Suárez no quiere verse reflejado ni por asomo. Las similitudes son rápidas: Capital Federal y Mendoza son las dos jurisdicciones más grandes en manos de la oposición de Juntos por el Cambio, aunque con una diferencia: el jefe de Gobierno amasa un futuro plan de proyección presidencial que a diario tienta al kirchnerismo en su contra. Y que ni el propio Rodríguez Larreta creía que se iba a desatar tan rápido y con tanta fuerza, lo que explica la distancia y el faltazo.

Mucho menos cuando luego de acompañar a pie juntillas la estrategia sanitaria, a veces con concesiones que sus propios votantes porteños le recriminaban, presenció azorado el manotazo inconsulto de fondos que le propinaron para calmar la revuelta policial bonaerense que amenazó con una grave crisis político-institucional al gobierno de Axel Kicillof. Y que no contento con esto, tal detracción ya tiene correlato parlamentario luego de que el aparato oficialista consiguiera los votos en ambas cámaras para darle un sustento legal cuya última esperanza está puesta en la interpretación que haga la Corte Suprema. Un trámite que puede extenderse y mientras tanto significará un fuerte recorte del presupuesto de CABA.

Por ello, cada paso del mendocino en relación con las iniciativas y deseos de la Casa Rosada es meditado en profundidad para no dar trancos en falsos que cuesten demasiado caro. Y tal vez eso le ha permitido que la tensión por Portezuelo del Viento todavía despierte expectativas de final feliz en Casa de Gobierno, o que en los despachos oficiales aún se ilusionen con que el dinero que falta para el pago del aguinaldo finalmente llegue desde Buenos Aires.

En ese fino cálculo, nadie puso en duda que Mendoza iba a suscribir un nuevo consenso fiscal que borra con el codo el anterior que se firmó en 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri (y que Fernández había suspendido apenas asumió), pues también es cierto que pandemia mediante, las condiciones económicas y fiscales cambiaron dramáticamente en el país.

Ni siquiera porque este nuevo compromiso supone ir en contramano de la prédica que en materia impositiva Mendoza viene sosteniendo desde la época de Alfredo Cornejo, con la disminución gradual de impuestos distorsivos para alentar la inversión privada; pero la brutal caída de la recaudación y la coparticipación obligan a Mendoza a desensillar hasta que aclare, y de paso, reafirmar ese discurso de razonabilidad y responsabilidad frente a la Nación. Pero fundamentalmente, para encauzar las cuentas públicas para el año entrante y sobrellevar el funcionamiento del Estado y las demandas salariales después de un 2020 sin incrementos.

Recordemos que el acuerdo de 2017 había ido en línea con lo actuado en Mendoza para reducir progresivamente Ingresos Brutos y Sellos, una propuesta que incluso quedó a mitad de camino en la propia administración Macri tras la crisis de 2018. Por ello, ahora se legitima ese freno a la baja de impuestos para evitar así que las provincias dejen de percibir fondos que luego deban ser cubiertos de emergencia por la Nación. De la misma manera, el acuerdo incluye la prohibición de los débitos a cuenta de fondos coparticipables que también acota la gestión de los distritos y una cláusula que limita el endeudamiento en dólares de las provincias, salvo con organismos multilaterales, en sintonía con el concepto de "sostenibilidad" que predica el ministro de Hacienda, Martín Guzmán.

Desde el gobierno estiman que el esquema anterior, proyectado para un escenario de crecimiento resultaba ya "insostenible" para las provincias. Una situación que el Coronavirus vino a sepultar definitivamente. Pese a ello, para 2021 Mendoza incluyó bajas del 50% en Ingresos Brutos para 55 actividades productivas afectadas por la pandemia.

A noviembre de este año, el derrumbe de la recaudación provincial en concepto de Ingresos Brutos había sido del 17%. Pero peor es el caso de Sellos, con una caída del 25% y mucho peor el ítem de los "ingresos varios" que acumulaba un déficit del 46%. Esto, significa una restricción para la provincia del orden del 16% para tributos provinciales y del 7% para la coparticipación y regímenes especiales. De allí lo "insostenible" que remarcan desde Hacienda y la demanda de oxígeno financiero.

Sin embargo, la firma del nuevo pacto fiscal pareció ser en todo caso una excusa para el despliegue de otra estrategia macerada en Casa de Gobierno y que aún busca consenso fuera y dentro del propio oficialismo: la posible suspensión el año próximo de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) con el doble pretexto de la pandemia y el costo que ello supone. De hecho la comunicación oficial fue que tras la firma, los gobernadores "le pidieron" al presidente dicha suspensión.

Ello habría sucedido en un almuerzo en el que Suárez no participó, tal vez como una manera de convalidar el rechazo de Juntos por el Cambio a esa iniciativa. Incluso, los opositores no son los únicos que desconfían del proyecto, ya que sectores del mismo kirchnerismo, especialmente La Cámpora, sostienen que podría ser una maniobra que obstruya su lenta y constante acumulación de poder en todo el país, en especial en las legislaturas provinciales y el Congreso.

La idea no deja de seducir a Suárez, quien ha hecho de la disminución del costo de la política uno de sus argumentos discursivos para impulsar la reforma institucional y hasta la propuesta de eliminación de una cámara legislativa. Sin embargo, priorizará la postura partidaria de rechazo nacional, aunque hay quienes le piden que agregue al debate un par de ingredientes extras: la suspensión del proceso electoral en los distritos o categorías donde no haya competencia interna, y el análisis de la incorporación a la vida política nacional de la boleta única que efectivamente significa un ahorro, pero también una contribución a la transparencia de los comicios y sus habituales trampas que pueden distorsionar el sentido del voto.

Sin embargo, cuando se consulta sobre el tema en Casa de Gobierno la respuesta es taxativa: "no es tiempo de hablar de elecciones" dicen desde el entorno de Suárez. Y si bien aceptan que la suspensión de las primarias donde no haya competencia "es lógico", acotan sobre la boleta única que "en Mendoza un cambio de herramienta electoral requiere antes una reforma institucional". ¿Una oportunidad impensada para reflotar un debate postergado?

Tal vez sea la batalla por las PASO una nueva prueba del equilibrio con la Nación que Suárez deberá sortear en el inicio del año. Sólo que lo que finalmente resulte tras el debate legislativo que debe darse en el Congreso -en caso de que se finalmente se promueva- dependerá la estrategia electoral a implementar, y por qué no, el impulso de una norma similar en Mendoza. Algo que por ejemplo, esta semana, Salta ya sancionó convirtiéndose así en la primera provincia que suspende las PASO locales.

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