La inviolabilidad de la propiedad privada: una cuestión de seguridad pública
Jueves, 29 de octubre de 2020
Por: Dr. Anibal Ríos Castrillon

Dr. Anibal R. Ríos Castrillon.

Los últimos hechos - aunque no los únicos - de usurpación, intrusión y violación de la propiedad privada obligan a la necesaria ubicación jurídica contextual de tres pilares de la sociedad moderna democràtica: libertad, igualdad y propiedad privada. El apoderamiento de una propiedad que legítimamente pertenece a otro constituye un delito tipificado en el Código Penal Argentino, ya sea por invasión, o por expulsiòn de sus ocupantes, turbando su posesión, privando de tal ocupación a quienes la detentaban con anterioridad mediante violencia, engaño, abuso de confianza y clandestinidad. 

Este delito afecta directamente el derecho constitucional a la propiedad privada. Manifestación expresa y directa de la inseguridad actual, las sociedades democráticas y republicanas acordaron a partir del siglo XVIII y sus respectivas revoluciones històricas un contrato social básico constitutivo, reglas de convivencia de jerarquía normativa. Inglaterra, Estados Unidos de Norte América, Francia y nuestras Provincias Unidas del Rìo de la Plata reflejaron esas conquistas sociales y jurídicas, con antecedentes históricos muy parecidos: la rebelión contra el absolutismo monárquico. Sucesivas independencias nos llevaron a nuestro pacto social constitutivo inicial de 1852, Juan Bautista Alberdi mediante, que ratifica los valores objetivos fundamentales desarrollados a partir de esas tres ideas fuerza.

Ya en nuestra Constituciòn Nacional la letra respectiva de los artículos pertinentes habla de los derechos individuales, de su ejercicio social, de la igualdad ante la ley, del respeto por las normas de convivencia, y de los lìmites mutuos y recíprocos entre unos y otros. Todo ello bajo el amparo de la legalidad normativa jurídica expresa y literal, objetiva y sancionatoria. Cito arts. 14 y 17 de la CNA al respecto. Tales garantías no pueden ser alteradas por las reglamentaciones que a posteriori dicten los niveles ejecutivos nacionales, provinciales y municipales, salvo sentencia judicial. ( art. 99 inc. 2).

Nuestro Código Civil desde 1866 (y lo mantiene a la fecha) sostiene el derecho real del dominio privado como el poder jurídico de estructura legal que se ejerce sobre su objeto en forma autónoma. Y es nula cualquier modificación a su estructura, permitiendo a a su titular la facultad de perseguir la cosa en poder de quien se encuentra y de oponerlo a terceros. Para adquirir un derecho real se exige título con intervención notarial y modo suficientes, registración, publicidad. La posesión ininterrumpida incluso es un elemento convalidante por un plazo de diez años de buena fe y con justo título, y de veinte años sin ellos. Pero aún asì hay un contenido y una forma para tal acto adquisitivo. El acto posesorio implica una relación de poder real sobre el objeto. Pero de base legal. Hay una legitimidad formal de la posesión. La violencia , el amedrentamiento, la amenaza, injuria, agravio y toda otra lesión de cualquier naturaleza tornan ilegìtima la misma y minan la fortaleza inicial constitucional del dominio privado.

Por ello llama la atención la tolerancia justificativa desde los ámbitos administrativo y judicial al respecto de ocupaciones / asentamientos por terceros ajenos a esa relación jurìdica ya sea de dominio o de posesión legìtima, confundiendo esa relaciòn de poder sobre la cosa en una relación de abuso ilegìtimo.

Para auto justificarla se inventan argumentos oportunistas polìticos desde las omisiones del "dejar hacer "confundiendo el derecho a la vivienda ( derecho natural) con el despojo, el arrebatamiento, la intrusión (delito penal). La satisfacción de una necesidad social a costa de otro viola la garantía constitucional del acceso a la propiedad privada. Rozando la complicidad por omisiòn de los deberes del funcionario público, el incumplimiento de los deberes indelegables del Estado, Nación, Provincia y Municipio son víctimas juntos con el privado de este discurso ajurìdico, infundado y lesivo. 


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