Opinión

¿Hacia un federalismo de amigos?

Por Luis Ábrego- Entre Paréntesis

Desde la llegada al poder de Alberto Fernández se intensificó en Argentina una vieja práctica de la política nacional: el uso de recursos discrecionales para apuntalar por fuera de los circuitos establecidos por la coparticipación federal los presupuestos provinciales o municipales.

En esa ayuda subyace la necesidad del control, que es financiera (con recursos frescos que el mismo Estado nacional emite) pero que también puede ser política, al tener la potestad de premiar o castigar a quien desafíe al poder central.

Cuando en 1985 se crearon los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) se transformaron en una fenomenal caja (pero no la única) para asistir a los estados subnacionales frente a imponderables, pero también eventuales desequilibrios fiscales. Con el paso del tiempo, esa ayuda extra cobró cada vez más peso en las golpeadas economías provinciales, y por ende, al ser atribución de la Nación, dependen del buen vínculo que con ella se tenga.

En la misma lógica se inscriben otras asistencias, programas especiales, préstamos, así como las partidas presupuestarias de los distintos ministerios. Todas, atravesadas por el criterio político (a veces, directamente partidario) de su asignación. Una circunstancia que se ha visto últimamente agravada además por dos razones.

La primera tiene que ver con la ejecución de un presupuesto reconducido de lo que fue el de 2019, algo ya absolutamente desfasado por la inflación y las variables macro que mereció diversos refuerzos (en 2020 no hubo pauta y recién en estos días se está discutiendo la primera previsión de gastos de Fernández que será la de 2021). La segunda, más comprensible, por imperio de la pandemia y el estado de excepción que de ella se derivó ante la emergencia sanitaria.

Ha sido un reclamo al principio solapado y recientemente público de Mendoza las dificultades para acceder a fondos nacionales que se atribuyen a las diferencias de color partidario que separan a Fernández de Rodolfo Suárez. De hecho, la posibilidad de que se explicitara con Mendoza una clara discriminación política, puso en riesgo la firma de los 3 mil millones que el gobernador se trajo de su última visita a la Casa Rosada, luego de un tenso encuentro.

Esta semana, ese clima beligerante entre oficialismo y oposición volvió a ponerse en posición de guardia cuando el Gobierno nacional anunció el programa Municipios de Pie. Una asistencia directa monitoreada por el Ministerio del Interior que repartirá un poco más de mil millones de pesos y que en el caso de Mendoza sólo benefició a cinco intendencias, todas conducidas por el peronismo: Lavalle, Maipú, Santa Rosa, La Paz y Tunuyán. La única peronista excluida, San Rafael, con las diversas lecturas habilitadas de la interna del PJ que puedan hacerse.

Aquí, el oficialismo local puso el grito en el cielo y denunció que no había "criterios objetivos" para ese reparto y acusó a la Nación por la falta de una convocatoria pública. Declaraciones a las que salió al cruce el intendente peronista de Maipú, Matías Stevanato, quien le recordó a su par radical de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar los fondos que por vías similares también llegaban a municipios afines durante el gobierno de Mauricio Macri.

Lo cierto es que chispazos al margen, el balance del programa Municipios de Pie establece que de los 176 municipios asistidos en todo el país, 114 son administrados por el PJ (64,7%); 42 comunas tienen como jefes aliados del peronismo (23,8%) y sólo 20 municipios son manejados por Juntos por el Cambio (11,3%). Contundente.

Sin embargo, en el caso específico de Mendoza este tire y afloje entre Nación y Provincia, que deriva en interminables negociaciones, infinitas gestiones y pulgares hacia arriba o hacia debajo de cada trámite tiene un condimento especial: la figura omnipresente de la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti.

Es en extremo conocida la actitud de gestora ante la Casa Rosada que la dirigente kirchnerista se autoimpuso luego de perder las elecciones provinciales y tras el triunfo de Fernández en la Nación. Para el poder central cumple el mismo rol pero a la inversa. Todas las decisiones que tienen que ver con Mendoza, desde designaciones de funcionarios, obras o desembarco de programas pasan por su tamiz.

Una situación de la que la senadora, con legítima aspiración, busca sacar provecho político como intermediaria ineludible, pero también como referente territorial poseedora de la acción de oro. Tal vez, la concreta posibilidad de renovar su banca el año próximo bajo la ambición de reincidir en 2023 con la candidatura a la Gobernación. De hecho, esta semana también esa situación quedó claramente expuesta en ocasión de dos anuncios significativos.

El primero, 40 millones de pesos para cloacas en San Carlos y en Maipú que llegan por vía del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) a través del programa Argentina Hace. Se trata aquí de un municipio peronista (Maipú) y otro que a nivel local se referencia en Cambia Mendoza pero de fluidos vínculos con el Frente Renovador del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, aliado nacional del kirchnerismo en el Frente de Todos.

El segundo, el anuncio de 514 millones de pesos para la urbanización de la quinta etapa del barrio La Favorita, de Capital, una comuna netamente radical pero que por su peso demográfico y su significación política ha sabido -tras el audaz legado de Víctor Fayad- buscar financiamiento para sus emprendimientos con cierta autonomía (que en este caso incluso venía con gestiones iniciadas desde la intendencia de Rody Suárez). Aquí, son fondos del Banco Mundial administrados por el ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat que conduce María Eugenia Bielsa.

En ambos actos públicos, se destacó la presencia central de la senadora preferida de Cristina Fernández y una de sus principales espadas en el Senado. En ambos casos, actuó como anfitriona y vocera local de los beneficios como una especie de delegada de la Nación. Un rol que ella parece reducir a la simple mensajería: "Traer buenas noticias" se justifica en cada ocasión.

Una situación que no deja de despertar alarmas en el propio peronismo que reconoce mayoritariamente su liderazgo pero en off recela de su poder de fuego. De hecho una dirigente de larga data como Patricia Fadel no duda en llamarla "la gobernadora ad hoc", en un intento de descripción que aún no queda claro si es un elogio.

En el gobierno provincial reconocen que la relación con Sagasti es "leal" y de "respeto", pero interpretan que hay una "sobreactuación" al pretender que todos los actos nacionales en Mendoza los encabece ella. Y ratifican que el vínculo con la Casa Rosada es directo, sin intermediarios, a través del ministro del Interior, Eduardo Wado De Pedro.

Consideran además que en todo caso las apariciones de la senadora son más una "demostración interna" hacia su partido que una escenificación de equilibrio de poderes como a simple vista se sugiere. Y admiten que en el círculo de los intendentes peronistas esta "obsesión de la Nación" despierta inquietudes.

Por lo pronto, el juego parece claro. Para gestionar en esta Argentina que se dice federal se necesitan también palenques donde rascarse, amigos con derecho o madrinas portadoras de buenas noticias. Para las malas está, a diario, el gabinete económico en pleno.

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