Columna del domingo
Lo que Suarez puede aprender de la ley de Educación
Domingo, 4 de octubre de 2020Por: Luis Abrego

Hizo bien el gobernador Rodolfo Suarez en salir a poner paños fríos en relación al debate propuesto para modificar la ley provincial de Educación. Desde su cuenta de Twitter, el mandatario aclaró al inicio de la semana que no estaba previsto el cierre de las escuelas artísticas -tal como había circulado-, pero también, que se posponía para fines de noviembre el inicio de las discusiones. Sin embargo, el daño ya estaba causado.

El manejo de un proyecto tan sensible como es la educación (que involucra a tantos actores sociales, más allá del propio gremio docente) y en un contexto de aislamiento, necesitaba de un protocolo quirúrgico, y en especial, de mucha muñeca política capaz de administrar esa simbología. Algo que claramente también falló y por el que todas las miradas apuntan al novel funcionario a cargo de la Dirección General de Escuelas (DGE), José Thomas.

Previo a la decisión final de la postergación, y cuando ya arreciaban las críticas (algunas absolutamente falsas, pero rápidamente viralizadas a través de los teléfonos) en el Ejecutivo advirtieron algunas señales de alerta. La principal estaba dada por la oportunidad de la realización del Congreso Pedagógico provincial en el cual se piensa recopilar los aportes de especialistas, pero también de padres y docentes en el que el borrador oficial que el propio Suarez y el director general presentaron en conferencia de prensa debería tener un rol central.

Muchos dirigentes oficialistas, incluso muchos radicales, también pusieron en duda que un objetivo de tamaña envergadura fuera compatible con el fragor del combate a la pandemia, y en especial con el dictado de clases no presenciales, en la inminencia de la recta final de un ciclo lectivo que ha sido traumático para maestros, profesores y familias enteras. Así también se expresó públicamente un aliado del oficialismo, como el Partido Demócrata. Así también lo solicitaban desde el peronismo pese a compartir la necesidad de actualización de la ley.

Pero mucho más. Algunos intendentes oficialistas, al igual que algunos legisladores se enteraron de la iniciativa por los medios, y cuando el tsunami de los reproches ya era capitalizado por los gremios del sector como el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (Sute) y Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), se advirtió también que algunas instituciones emblemáticas en el tema como la Universidad Nacional de Cuyo no habían sido debidamente involucradas, más allá de alguna charla informal.

Con la escalada a flor de piel, y el recuerdo fresco del proceso que dejó la discusión de la modificación de la ley 7.722 en la que no alcanzó la promesa electoral, ni el consenso político, ni la abrumadora sanción ajustada a la Constitución cuando la calle la ganan quienes con o sin razón se alinean detrás de un objetivo que también es político, como la explotación o no de minería en Mendoza. Y que también -a veces- suele ser partidario.

En ese sentido, el anuncio de la doble jornada de caravanazos del Sute terminaron de convencer a Suarez que era mejor desmontar esa perfecta razón que el propio Gobierno le había dado a los sindicatos para también volver a la carga sobre sus reclamos de apertura de paritarias; a la oposición de abrir una discusión que se evidenció como inoportuna y en especial a los involucrados en el estresante proceso educativo quienes por estos días sólo piensan en cómo terminar un año tan atípico.

Todo con un agravante: el temor político a que el implícito visto bueno de la oposición para avanzar en el remozamiento de la ley educativa se diluyera rápidamente cuando alumnos, padres y maestros guiados por la lógica de lo inoportuno, y algunas otras consignas de dudosa fundamentación, la obligara a ponerse en frente de lo que hoy también comparten como prioridad, más allá de los modos de acción que eligió Suarez.

La inmediata modificación del borrador con nuevos aportes y aclaraciones fue el paso siguiente de la estrategia oficial para bajar la espuma y dar la sensación que desde un primer momento tuvo la iniciativa: la de la construcción social de una ley que permite cambios y no la del proyecto cerrado a punto de ser aprobado en la Legislatura, como también se difundió maliciosamente a través de las redes sociales.

Más allá de las inconsistencias de praxis política señaladas, hay que reconocerle al Gobierno la decisión de intentar mejorar la legislación educativa, de buscar adecuar la norma local a la nacional, y de hacerlo con una metodología ampliamente participativa que supone justamente lo que pasó: exponerse a la crítica y los cuestionamientos de propios y extraños. Mucho más cuando para el Ejecutivo hubiera sido mucho más fácil enviar un proyecto oficial para el debate legislativo, atravesar el proceso de estudio y discusión de cualquier iniciativa, incluso con aportes y visitas de expertos, y someterlo a debate en el recinto, donde cuenta con mayorías en ambas cámaras que le permiten aprobar sus despachos.

Por el contrario, Suarez eligió la vía de la apertura y la consulta por fuera del sistema institucional y hoy se ve forzado a cumplir con esa pauta, ahora postergada, pero vigente. Con su decisión de esta semana lejos está el Gobierno de haber solucionado un conflicto en el que sin que nadie se lo provocara terminó dando explicaciones y cediendo ante las resistencias que encontró.

La postergación del Congreso Pedagógico no resuelve el núcleo de los reclamos, algunos de ellos técnicos, y en todo caso, deja latente el problema para retomarlo más adelante. En un horizonte de tiempo en el que tampoco se prevé que los rechazos de ayer se conviertan, mágicamente, en avales del mañana.

Todo ello sucede en un contexto de aumento de la pobreza que en el caso de Mendoza superó el 38%, lo que implica un crecimiento de casi 8% en el último año. Un trágico escenario socioeconómico que obligaría a priorizar el debate respecto de cómo mejorar la educación para lograr la superación individual y colectiva de tantos mendocinos que hoy tienen escasas expectativas de futuro.

Para ello no es sólo necesaria la decisión política, sino también la pericia para lograr acuerdos previos y esperar el momento oportuno para actuar. A veces, en el fragor de la gestión, la tradición del gran anuncio es una trampa si luego no hay cómo sostenerlo. O si la buena intención del gobernante naufraga ante la necesidad de hacer política que el resto de los jugadores también tienen. Es decir, que los opositores se opongan y que los sindicatos reclamen.

Más allá de esta propuesta, lo sucedido es para el Gobierno un gran llamado de atención que bien puede ser útil para próximas batallas como el debate por el Presupuesto 2021 (y en especial la búsqueda de nuevo endeudamiento) o la tan mentada reforma institucional en la que Suarez además pone en juego lo que pretende ser el legado de su gestión. Los símbolos sirven ganar elecciones y para gobernar pero es necesario alimentarlos constantemente con prédica, para que los leales acompañen, y argumentos, para convencer a los ajenos.

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