Federalismo a la gorra
Domingo, 13 de septiembre de 2020Por Luis Abrego - Entre Paréntesis.
Por: Luis Ábrego

 La solución que el gobierno de Alberto Fernández encontró para la crisis policial que se desató esta semana en la provincia de Buenos Aires volvió a despertar la polémica por la distribución de partidas entre la Nación y las provincias. Un vínculo en permanente tensión desde que el giro de fondos discrecionales volviera a hacerse sin demasiada equidad, o directamente a considerarse como un sistema de premios y castigos, alineamientos o no, con la Casa Rosada.

Los 35 mil millones de pesos que, vía decreto, la Nación derivó de un plumazo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a la administración de Axel Kicillof ha generado nuevos cruces y judicializaciones en puerta por lo que significa, para cualquier estado, la quita de un poco más de un punto de coparticipación en medio de una pandemia. Mucho más si el amputado se trata del principal distrito que conduce la oposición.

Pero la decisión también ha recibido el aval de 19 gobernadores (todos oficialistas), aunque con la ausencia de Rodolfo Suárez (así como del resto de los mandatarios de Juntos por el Cambio en un claro gesto de solidaridad con Horacio Rodríguez Larreta) y asimismo del cordobés Juan Schiaretti (el único peronista que no rubricó). Schiaretti tiene presente cada día por qué en 2015 y también 2019 Mauricio Macri ganó en Córdoba: justamente porque allí se rechazan estas actitudes -usualmente inconsultas- del kirchnerismo, que habilitan la discriminación y que su misma provincia padeció en el pasado reciente.

Y aún más, muchas provincias que aparecieron respaldando la movida del oficialismo a través de una solicitada, por lo bajo critican que en todo caso la detracción a los porteños no haya significado un beneficio para todas las demás jurisdicciones, y no sólo para los bonaerenses. Eso hubiera sido un reparto verdaderamente federal, argumentan. Pero esto no se trata de razones, sino de política.

Mendoza, particularmente, ha venido mostrando su malestar en este tiempo respecto al reparto de fondos nacionales, al punto que con mayor o menor franqueza sus funcionarios han hablado hasta de "discriminación"; o sus voceros en el Congreso han realizado acusaciones más severas, o planteado quejas ante el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, respecto de la razón de algunos ítems flacos que son necesarios para el funcionamiento de los estados provinciales en épocas normales, pero mucho más en pandemia.

Es que desde que en marzo el Covid-19 obligara a poner entre paréntesis la actividad económica como efecto de la aplicación de una cuarentena absoluta (que con el correr de los meses se ha ido flexibilizando, pero que aún supone el altar de sacrificio para muchos sectores productivos), los recursos ordinarios se han visto disminuidos por efecto de la menor recaudación. Y tampoco aquellos fondos excepcionales han encontrado a Mendoza como destino. Ni siquiera los estrictamente destinados a cubrir las urgencias de la pandemia, que fluyen a cuentagotas.

Lo paradójico del asunto es que este accionar desde la Nación se justifica sobre un discurso que se para en argumentos tales como el federalismo, o la posibilidad de remediar asimetrías o supuestas opulencias, pero sin embargo, no parecen imperar criterios unificados de distribución, y mucho menos aquellos que tengan que ver con otra promesa presidencial: la de cerrar la grieta.

Mendoza recibió por coparticipación, en lo que va de 2020, un poco más de 25 mil pesos por habitante, siendo la tercera que menos recibe. En el tope de la lista están distritos mucho más pequeños y menos poblados como Tierra del Fuego (más de 87 mil pesos); Catamarca (más de 79 mil pesos); Formosa (más de 74 mil pesos); La Rioja (casi 64 mil pesos) o San Luis (más de 54 mil pesos) siempre por habitante y sólo por dar algunos tristes ejemplos. Lo mismo sucede con las transferencias no automáticas.

Justamente, uno de los que esta semana tomó el guante fue el diputado nacional Luis Petri, que a través de Twitter consideró: "El presidente habla de federalismo y, en lo que va de 2020, las transferencias a la Provincia de Buenos Aires aumentaron un 628%, a Tucumán 491%, a Santa Cruz 189% y a Mendoza 81%, es decir, no llega a la mitad del promedio total". Y para justificar sus dichos adjuntó una planilla de la consultora Aerarium, elaborada sobre la base de datos del ministerio de Economía de la Nación y de las provincias.

Pero más específicamente, la misma consultora indicó que en el interanual junio 2019/junio 2020, "las transferencias discrecionales pasaron de $74.305 millones a $217.324 millones", un reparto en el que la provincia de Buenos Aires se llevó "más del 48% del total". Es decir, casi la mitad para una sola provincia (nobleza obliga, voluminosa en territorio y población): pero para todo el resto del país, 23 distritos si incluimos CABA, la otra mitad de la torta.

Ese más de 600% de incremento para los bonaerenses, que ahora además recibirá lo que el nuevo decreto le saca a los porteños por la rebelión policial, no tiene ninguna relación con el porcentaje que reciben las demás jurisdicciones y supone no sólo el favoritismo nacional para con un distrito que inclinó la balanza en las últimas elecciones a favor de Fernández, sino también un claro gesto de armonía en el heterogéneo armado del Frente de Todos; pero en especial hacia el territorio donde la vicepresidenta, Cristina Fernández siente como propio a través de Kicillof, pero también de su hijo, el ahora influyente Máximo, diputado nacional por Buenos Aires.

Desde su asunción, Suárez ha intentado hacer equilibrio en su relación con la Nación, pero episodios como los de esta semana de alguna manera lo obligan a pararse como opositor. Ya el manejo de la pandemia supuso contrapuntos con el propio presidente que parecían superados con el anuncio de una visita que nunca se concretó y de la que todavía no hay fecha establecida.

Aún en la vieja normalidad las provincias no podían vivir demasiado sin el acompañamiento financiero de la Nación. Muchísimo menos en condiciones de emergencia sanitaria, y por ende, económica y social. De hecho, la crisis en provincia de Buenos Aires obligó a Suárez a adelantar el aguinaldo a los policías y los médicos locales, alterando así el cronograma que estaba previsto para los estatales pero con una particularidad: emitiendo deuda a través de una letra por 500 millones de pesos.

El apuro siempre es más caro, y si bien se afirmó que aquí los policías no estaban descontentos, los médicos nucleados en Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) realizaron esta semana una protesta por las calles para reclamar mejores condiciones en un frente sanitario que está tocando su límite, con una ocupación de camas de terapia intensiva que ya llega al 86% en el Gran Mendoza y con un fuerte incremento en los casos detectados de coronavirus.

Mientras tanto, en el Gobierno provincial observan con la tranquilidad de los desahuciados. "A nosotros, mucho más de los que nos sacan no nos pueden sacar", repiten como un mantra fiscal no exento de la duda de que los tiempos por venir, tal vez, puedan ser peores.

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