Opinión
Algo más que una reforma
Domingo, 23 de agosto de 2020Por Luis Ábrego - Entre Paréntesis

La semana pasada, en esta misma columna, dábamos cuenta de la imperiosa necesidad política de Rodolfo Suarez por cambiar una agenda dominada por la inquietud que genera la pandemia y con ella, las restricciones presupuestarias que han dificultado el andamiaje del Estado en este año crítico, sin paritarias estatales y con aguinaldos postergados.

La mayor apuesta en esa dirección es una reforma constitucional parcial, a la que el gobierno ha preferido llamar "institucional" ya que no sólo trae aparejados aspectos de la Carta Magna provincial, sino también otros vinculados -por ejemplo- con asuntos electorales. Pero además, hay una clara intención de plasmar en esa hipotética futura Constitución discusiones que son de estos tiempos como es la disminución del costo de la política. Como indica el proyecto, la reforma es la posibilidad de plasmar una "expresión normativa del proyecto político de una comunidad", que en este caso, es la propia convicción del gobernador.

No es casual entonces que recientemente Suarez haya prorrogado el decreto que establece el congelamiento de su sueldo y el de sus funcionarios, en virtud de la emergencia, hasta el 31 de diciembre y que incluye además a su vice, Mario Abed y a todos aquellos comprendidos en la categorías de ministro, secretario, subsecretario, director, jefe de gabinete, asesores, entre otros. Es decir, todos los que ostentan cargos políticos. El mandatario entiende que ante la crisis es la política la que debe dar el ejemplo, y está claro que su impresión (acertada o no) sintoniza con un sentimiento generalizado de la sociedad, con esa rémora de la ejemplaridad de la función pública.

Con esa misma impronta, el proyecto de reforma propone la incorporación del equilibrio fiscal del sector público "como deber de Estado" y "derecho de la población" y la eliminación de una de las dos cámaras legislativas para pasar a un sistema unicameral, con representación departamental, ya implementado en muchas otras provincias argentinas. Si bien algunos especialistas consideran que el ahorro en ese caso no será significativo, y que en todo caso la justificación del cambio debe ser en base a la eficiencia de la producción de leyes y no tanto en términos presupuestarios, se trata de un claro gesto de la política poniéndose en el lugar de los ciudadanos comunes, ya que muchos de ellos han experimentado en este tiempo procesos de achique más que de expansión en sus proyectos y emprendimientos.

La iniciativa de la eliminación de las elecciones de medio término va en la misma dirección, pero genera ruido sobre sus alcances en virtud de los desequilibrios institucionales que puede generar respecto del juego de mayorías y minorías, extendiendo por cuatro años y no por dos el poderío del oficialismo de turno en la Legislatura. Pero cabe la misma acotación sobre la austeridad: cada campaña electoral supone erogaciones extraordinarias que de esta u otra manera hay que racionalizar, sin que esto se entienda como una prédica antipolítica, o peor aún, antidemocrática.

En la línea de la actualización del contenido constitucional del proyecto puede inscribirse la consagración de la autonomía municipal, esencial a la hora de potenciar los gobiernos locales que son los que mayor cercanía tienen con los ciudadanos. Pero también la puesta en pie de igualdad de las oportunidades entre hombres y mujeres, piedra basal para desterrar las inequidades de géneros que constituyen un reclamo significativo de las nuevas demandas sociales, así como el voto voluntario a los 16 años. Junto con ello, la incorporación de derechos de última generación, entre otros, los ambientales que tanto en la Constitución nacional de 1994 como en casi todo el mundo tienen rango constitucional. O el establecimiento de mecanismos de democracia directa y la eliminación de las votaciones secretas. Todos, una modernización imprescindible.

Un ítem que el proyecto oficial, sorpresivamente, no incluye es la siempre polémica reelección del gobernador. Si bien en su discurso del 1 de mayo Suarez se autoexcluyó a fin de no generar las especulaciones que en otros procesos reformistas paralizaron el debate, el texto enviado a la Legislatura no modifica el régimen actual que impide, lisa y llanamente, la relección de gobernador y vice. Aunque sí establece la posibilidad de la doble vuelta electoral.

De prosperar esta idea se produciría una clara diferencia con el resto de los cargos electivos que sí tienen reelección (en algunos casos como en los legislativos de manera indefinida, aunque el proyecto propone achicarlo también a una). Pero en particular con los intendentes a quienes se les acotó a sólo una relección por lo cual pueden desarrollar un plan de gobierno a 8 años de mandato; algo que sin embargo, no puede hacer el gobernador, pese a tener un cargo de mayor responsabilidad política e institucional.

Es aquí indispensable un claro gesto de sinceramiento de la clase política para considerar la posibilidad de reelección también para el cargo de gobernador no sólo para equiparlo con los intendentes sino también para que Mendoza pueda establecer proyectos de más largo alcance, necesarios para el crecimiento, algo básicamente de cumplimiento imposible si al momento de asumir el "reloj biológico" de la política ya empieza correr en cuenta regresiva marcando la fecha de vencimiento de esa gestión y de su principal artífice.

Por lo pronto, efectivamente esta semana el proyecto ingresó en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado para el inicio del debate legislativo donde el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibáñez (a la vez que factótum intelectual de la propuesta) iniciaría la ronda de consultas con expertos.

El Gobierno apunta al diálogo y el consenso para el resultado sea "con un alto nivel de legitimidad y sostenibilidad en el tiempo". Y con ello lograr la amplificación de la discusión pública que el oficialismo espera que derive en la ley que declare la necesidad de la reforma por dos tercios de ambas cámaras. Y para que ello suceda, Cambia Mendoza deberá sumar otras voluntades. En especial del peronismo.

El ahora Frente de Todos (al igual que el radicalismo) siempre ha sido partidario de la actualización de la Constitución provincial sin embargo todavía no se ha expedido al respecto para dedicarse al estudio de la propuesta y poder así exhibir una postura unificada. Algo que todavía incluso no logra el oficialismo que vía algunas expresiones del Partido Demócrata ha marcado disidencias a poco de andar.

Lo cierto es nuestra Constitución data de 1916. Es decir que va en camino a cumplir 105 años, con todo lo que eso implica. Más de un siglo en el que el mundo, el país y la provincia era otra, como así también sus relaciones sociales, económicas, culturales, políticas y con ellas, los derechos surgidos que acompañaron cada tiempo.

Es de esperar que esta nueva oportunidad de aggiornamiento no sea desperdiciada por la dirigencia y que la ciudadanía también pueda interpretar la importancia de estas modificaciones, aun en tiempos donde las urgencias pasan por otro lado, pero que una vez superadas será necesario tener el mejor potencial del Estado y del sector privado. Un texto constitucional acorde con los tiempos tal vez sea un buen punto de partida para empezar imaginar aquello que hoy también empieza a obsesionar particularmente a Mendoza: la pospandemia. Un horizonte que aún no se puede ver pero que inexorablemente llegará. 

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