La imperiosa necesidad de cambiar la agenda
Domingo, 16 de agosto de 2020Por Luis Ábrego - Entre Paréntesis
Por: Luis Ábrego

 El viernes, cuando en esa especie de oxímoron político, Alberto Fernández dio (discursivamente) por terminada la cuarentena quedó en claro que la fatiga social producto del encierro y el aislamiento finalmente había sido registrada por el Presidente. Fue en el mismo acto en el que -paradójicamente- la extendía hasta fin de mes...

Fernández pidió no hablar más de cuarentena y hasta se defendió de las acusaciones sobre la restricción de libertades que son evidentes y hasta penalizadas por el Estado en sus diversos niveles. Tal vez, en todo caso, lo que se busque ahora es oxigenar el relato de una estrategia que cinco meses después ya no alcanza. Especialmente si se considera el incremento diario de casos y de muertes por Covid-19 que de marzo a esta parte no ha cesado de crecer.

La cuarentena requiere ajustes y autocríticas, pero también caminos de salida posible que aún son difusos, tanto a nivel nacional como provincial. El paquete postpandemia de 60 medidas económicas adelantado todavía no tiene más precisiones que el título, y el acuerdo por la deuda soberana no parece haber traído tranquilidad al mercado cambiario que sigue apostando a la suba del dólar. Tanto, que el propio mandatario confirmó ayer que está en estudio la profundización del cepo para asfixiar todavía más la posibilidad de compra de dólares autorizada que hoy es de sólo 200 dólares por mes por persona.

En ese intríngulis de incertidumbres se encuentra un gobierno que ya es consciente que necesita imperiosamente cambiar la agenda, pero no puede. El escenario repetido de cuarentena y pandemia sirve para la emergencia pero no para su asimilación eterna. Gobernar para anunciar cada 15 días la nueva modalidad de la excepción generó expectativas al inicio, pero hoy sólo transmite inmovilidad y pesimismo. No hay sorpresas. Tal vez porque no haya margen: ni sanitario ni político. Y eso es también un gran problema.

Además, cada vez que Fernández intentó torcer el rumbo de la agenda de pandemia sufrió dolores de cabeza. La fallida intervención de Vicentín supuso una histórica marcha atrás ante la reacción de la sociedad, en especial de la provincia de Santa Fe (y con ello un desplante hacia la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti a quien había presentado como la ideóloga del proyecto). Hasta ahora, el anuncio de la reforma judicial parece tomar el mismo camino de obstáculos y rechazos, con consensos escasos que no van más allá de la coalición oficial y reacciones públicas adversas (o sigilosos silencios) de actores claves del sistema judicial.

Lo cierto es que el virus hizo que la agenda 2020 haya quedado paralizada y atada al posible éxito de una vacuna que todavía no existe pero que Argentina ya se aseguró de producir, lo cual es una muy buena noticia pero aún sujeta al universo de lo impredecible.

En Mendoza, Rodolfo Suárez parece tener la misma percepción que el Presidente respecto del agotamiento social y lo monotemático de sus acciones de gobierno. Y de la misma manera que en el plano nacional, ha buscado cambiar las cartas, salir de la táctica defensiva y encabezar una agenda distinta que permita pensar no sólo en el día después, sino también en otras líneas de acción política; pero fundamentalmente de gestión, que excedan la imprescindible administración del sistema sanitario, la provisión de insumos para los tests y la evolución diaria de la ocupación de camas.

Forzado por las circunstancias, en este tiempo Suárez pudo también dar pelea por esa especie de causa provincial en la cual se ha convertido a Portezuelo del Viento. Pero los avatares de tan compleja trama aún no están despejados y en Casa de Gobierno imaginaron otras alternativas para situarse en el centro de la escena y no como simples observadores del avance de la pandemia.

En esa dirección, esta semana Suárez produjo un hecho político que por repetido no deja de ser impactante. El ingreso del proyecto de reforma constitucional que él mismo había anunciado en la apertura de sesiones legislativas el 1 de mayo, ofrece la posibilidad de generar otros debates públicos asociados a la actualización de la Carta Magna, y con ello la ampliación e incorporación de derechos, pero también a la discusión sobre el costo de la política, la representatividad de diputados y senadores, la reelección o no del gobernador, la utilidad de las elecciones de medio término, la autonomía municipal, el sistema bi o unicameral entre otro sinfín de asuntos interesantes (y tal vez necesarios).

La aprobación legislativa del programa Mendoza Activa del ministerio de Economía que conduce Enrique Vaquié también le ha permitido al oficialismo recorrer la provincia, en ocasiones con una delegación encabezada por el vicegobernador Mario Abed para reunirse con intendentes de todos los colores, concejales y actores productivos departamentales. La política es también iniciativa para la creación de herramientas que acerquen soluciones pero que puedan resolver problemas. Mucho más en una emergencia de esas características.

No conforme, el Ejecutivo anunció asimismo la confirmación de un nuevo juicio de Mendoza a la Nación por la caída del Fondo Federal Solidario durante el gobierno de Mauricio Macri que se nutría de los aportes de las retenciones a las exportaciones de soja y que dejó de percibirse en agosto de 2018. Esa demanda pretende recuperar 5.400 millones de pesos más intereses. Una decisión acompañada por el fiscal de Estado, Fernando Simón y que incorpora a Mendoza al lote de provincias como Santa Cruz, Catamarca, Formosa, Tierra del Fuego y Chubut que han accionado judicialmente en la misma dirección. También está en análisis una demanda similar contra la Nación por las regalías de Los Nihuiles por un monto de 25.000 millones de pesos.

Es decir, recursos para paliar las exhaustas cuentas públicas, pero también instancias de diferenciación política, en especial con la Nación ante la discriminación en el reparto de fondos generada a raíz de la pandemia.

En esa línea del cambio de chip deben leerse todas estas acciones antes descriptas que implican hablar de otros temas o generar acciones más cercanas a lo que implicaba gobernar antes del Coronavirus. Aunque la polémica sea por la realización o no de la Fiesta Nacional de la Vendimia, o sobre imaginar su modalidad con distanciamiento social, o las razones de su financiamiento con el turismo nacional e internacional vedado. La política aparece como generadora de discusiones más profundas de lo que será la "nueva normalidad", o al menos de lo que nos espera hasta que ella finalmente llegue (si es que llega).

De hecho, el PJ local también percibe esa sensación y busca su lugar bajo los reflectores. Esta semana cuestionó los criterios de la renegociación de la deuda provincial que pretende cerrar el ministro de Hacienda Lisandro Nieri, blanco ideal de las críticas por su rol central en el gobierno de Alfredo Cornejo. Pues en definitiva, a lo que apunta el peronismo es achacarle al ex gobernador el excesivo endeudamiento en dólares (y con ello los padecimientos actuales de la provincia ordenada de la que se jactó).

Sacudida la modorra política y planteada la discusión, la oposición deberá ahora fijar posturas y acordar o rechazar cada iniciativa propuesta. Medir fuerzas o acompañar. El saludable ejercicio del cual se nutre la democracia y que la pandemia también parece haber paralizado, lo cual importa serio riesgo para la lógica republicana y una sensual tentación para sesgos autoritarios.

Tamaño del texto
Comentarios
Tu comentario
Más de Opinión