Preocupa a gobernadores vencimientos con Anses por $25.500 millones en agosto
Jueves, 13 de agosto de 2020

Mientras más de la mitad de las provincias busca reperfilar sus deudas bajo jurisdicción internacional con el envión del acuerdo que logró Nación con sus bonistas, ahora asoma en el horizonte inmediato otro frente para los gobernadores, que en agosto deberán afrontar vencimientos por $25.500 millones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. En septiembre se agregan un remanente de $1.000 millones adicionales.

El grueso de esos pagos (que afecta a todas las provincias menos a Santa Fe, Córdoba y San Luis) debería realizarse en diez días (ver gráfico de monto por provincia), pero hay acuerdo entre distritos de distintos signos políticos con la Casa Rosada para alcanzar una refinanciación, en tiempos de cuentas jaqueadas por el Covid. Y la llave es una ley en la que el Ejecutivo trabaja contrarreloj.

El Gobierno de Alberto Fernández dio el visto bueno pero se encontró entre la espada y la pared, ya que el FGS corría cierto riesgo de quebrar, dicen en Nación, a causa de que durante la gestión Cambiemos se puso a ese fondo como garantía para el pago a los jubilados que pidieron la llamada "reparación histórica" (cerca de 800 mil de los 9 millones) una vez que se agotaran los recursos del blanqueo de capitales. Y esos recursos, unos $150.000 millones, ya se agotaron.

Desde despachos nacionales denuncian que la administración de Macri recibió el FGS con u$s65.800 millones y cuando terminó su mandato quedaron u$s34.800 millones, en una investigación en la que planea avanzar la Casa Rosada. Y aún seguirán las erogaciones de los jubilados que hicieron juicio a Anses para que se ajuste su liquidación. ¿Cómo impacta esto en las provincias? En que la garantía que pusieron las provincias para los mutuos con la Anses es la coparticipación, de donde se deduce el pago directamente. Traducido: Nación debería decidir entre pagar a los jubilados de la reparación histórica o las provincias. La opción que maneja, entonces, el Gobierno es que el dinero extra para los jubilados salga de Hacienda y así liberar a la Anses dirigida por María Fernanda Raverta para renegociar con los mandatarios y "poder prestar sin deducir de la coparticipación", relataron a este diario.

El tema había surgido en tiempos preCovid, pero en febrero Nación había bajado el pulgar a la refinanciación, bajo el pretexto de un aumento de la masa coparticipable y de una adenda al Pacto Fiscal que Alberto Fernández regaló a los gobernadores a inicios de su gestión.

Si los mandatarios usaban esa potestad de subir impuestos, podían hacerse de $60.000 millones adicionales. "Con eso debería alcanzar", decían entonces en Nación. Pero la pandemia cambió el panorama: bajó la recaudación de tributos locales, la coparticipación también mermó y de yapa subieron los gastos en asistencia social.

"En el caso de Tucumán, tendríamos que pagar $1.500 millones, que significan aproximadamente una cuarta parte de la planilla de sueldos. Tucumán no está en condiciones de afrontar esta obligación, pondría en una situación muy complicada a todas las provincias", explicó el ministro de Economía tucumano, Eduardo Garvich. El funcionario de Juan Manzur agregó: "Se venía dialogando con la administración nacional actual para repactar esta deuda y existe la voluntad política, tanto de las provincias como de la Nación para hacerlo, para eso hace falta que el Congreso apruebe una ley". Y añadió que once provincias pedían por la ley.

Desde otro distrito, dijeron a este medio: "Se nos indicó que habría una refinanciación de capital pero aún no hay nada. Se solicitó hace tiempo, ya sabíamos en cronograma".

En Casa Rosada señalaron a Ámbito Financiero que la voluntad política existe, y que se están trabajando en el proyecto. "Tiene que ser urgente, durante estos días", mencionaron. En las provincias esperaban que mañana o a inicios de la semana próxima llegara el proyecto al Congreso. Y distritos "de todos los colores" llaman a Buenos Aires para apurar la redacción del texto. Ese consenso haría que la iniciativa no tuviese trabas para convertirse en ley.

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