Opinión
La responsabilidad se contagia, la irresponsabilidad también
Domingo, 26 de julio de 2020Por Luis Ábrego - Entre Paréntesis

Un nuevo récord de casos esta semana y la confirmación oficial desde la Nación que en Mendoza existe transmisión comunitaria de Covid-19 no parecen alterar la estrategia sanitaria del Gobierno provincial. Julio es un mes particularmente severo con el incremento de contagios pero Rodolfo Suarez ha sido contundente en rechazar la falsa antinomia entre salud y economía para no impulsar una marcha atrás que implique retroceder en las fases de la cuarentena, y con ello, el cierre de algunas actividades.

Cuando todavía faltan cinco días para que termine el mes, Mendoza casi cuadriplicó en julio la cantidad casos y concentró el mismo número de víctimas que las que se habían producido desde el inicio de la cuarentena (10). Una contundente demostración estadística del impacto de la pandemia en la Provincia en el mes en curso. ¿El famoso pico? Nadie puede asegurarlo.

Pero como lo había insinuado ya desde fines de la semana pasada, el Gobierno se concentró estos días en apelar a la responsabilidad individual y la toma de conciencia para no afectar el empleo y la más que tenue reactivación económica, sugiriendo el aislamiento voluntario como manera de restringir la circulación de personas, y con ello, el crecimiento de los contagios.

Así lo pidió el mismo gobernador a través de acertados spots publicitarios en los que propuso "contagiar responsabilidad" y enfocar aquellos trabajadores públicos esenciales (personal de la salud, policías) que no pueden elegir entre salir o no. De la misma manera, ayer Suarez reforzó el concepto de "aprender a convivir" con el virus "como la alternativa más realista". Al menos mientras dure la pandemia o no exista una vacuna.

La estrategia en general parece tener acompañamiento de los intendentes, en especial los oficialistas que se mueven en bloque pese a las particularidades y diferencias de los departamentos que administran. Los opositores también se mueven en bloque aunque no al mismo tiempo. De hecho, al pedido original de cierre o restricciones que hizo San Rafael se le fueron sumando con los días Lavalle, Tunuyán, y finalmente, Santa Rosa. Todos bajo conducción justicialista. ¿La excepción? Maipú, pese al descalabro que generó en su momento el famoso caso 98.

La explicación oficial habla de que por su localización en el Gran Mendoza, el intendente Matías Stevanato padece la misma situación que municipios similares como Luján, Guaymallén o Godoy Cruz, donde además la presión de los propios comerciantes ha pesado en la toma de las decisiones. Sin embargo, no faltan quienes advierten también una instancia de diferenciación con comunas mucho más chicas (aunque del mismo signo político) que fueron inflexibles con apenas un caso confirmado.

De cualquier modo, lo que sería imperdonable es que las decisiones políticas sobre la pandemia quedaran a expensas de la divisoria de aguas de la grieta. El reparto de fondos nacionales (77 millones de pesos) que vía Aportes del Tesoro Nacional (ATN) recibió Mendoza y que Suárez coparticipó con todas las comunas días atrás, refuerza la idea de que el virus no pregunta a quién votó esa persona a la hora de atacar.

Ya la demanda opositora había tenido respuesta esta semana cuando se confirmó la transmisión comunitaria por parte del Ministerio de Salud de la Nación. Ese cambio de estatus sanitario, sin embargo, blanquea una situación que en caso de agravarse sí puede derivar en retrocesos que hasta hoy quieren evitarse. Algo que incluso en privado nadie descarta, en base a indicadores como la cantidad de camas disponibles o la ocupación de terapia intensiva, entre otros.

Bajo este panorama, el Gobierno no quiere aferrarse a esquemas rígidos ni determinados por plazos, sino al monitoreo constante de la evolución de la propagación del virus. El sistema de cuarentena on/off que en este mismo espacio la semana pasada detallamos específicamente.

La Corte juega con fuego

Mientras la Provincia atraviesa por esta delicada situación sanitaria, económica y social, la Suprema Corte de Justicia avanza en la concreción de una audiencia pública prevista para el jueves 30 en la cual se analizará la interpretación de los requisitos previstos en la Constitución Provincial para ser juez de ese tribunal. Un recoveco legal establecido en base a una presentación de la oposición a la postulación de María Teresa Day, quien luego de la votación del Senado ya juró como magistrada. Incluso, así aparece en la página institucional de la Corte. Y que de hecho hasta ha intervenido en el dictado de sentencias.

Lo que se presenta como la búsqueda de precisiones jurídicas sobre el texto constitucional no es más que una puja de poder político que amenaza con la autodestrucción del máximo órgano del Poder Judicial. Y con ello, un conflicto de poderes inédito, en una provincia donde los enfrentamientos entre jueces y el Poder Ejecutivo han estado a la orden del día.

Pero aquí todo apunta no sólo a cuestionar la ex candidata de Suarez para la Corte, sino también a desconocer el rol del Poder Legislativo en este trámite (en particular del Senado), y ya con Day en su despacho y firmando expedientes, a que la Justicia anule sus propios actos. Todo ello, claro está, si posteriormente el pleno de la Corte decidiera que Day nunca debió ser suprema aunque en este tiempo haya actuado como tal. Un increíble absurdo que sin embargo no se suspende, ni se resuelve por otra vía.

En ese contexto, todo parece ser materia de chicana y discusión. Incluso el posible reemplazo a la también casi segura excusación de Day en ese plenario donde se analizará su caso. Esta semana el ala peronista de la Corte que hizo lugar al planteo que cuestionaba a la magistrada pidió que sea la ex jueza Aída Kemelmajer quien la sustituya, cuando frente a casos como estos está previsto el reemplazo con camaristas que actúan como conjueces. En definitiva, discusiones casi de tono adolescente pero que sin embargo representan (nada más ni nada menos) que al máximo poder de la Justicia.

Con la tensión al máximo, nadie cede y desde el oficialismo se argumenta que la convocatoria de esa audiencia fue realizada fuera de los plazos establecidos. Esa será la postura que pondrán en consideración el jueves con la intención de suspender el trámite y despejar definitivamente las dudas sobre Day. Un jurista del radicalismo insiste que en el actual estado de situación la única que puede mover a la flamante jueza de su cargo es la Legislatura vía juicio político (como a cualquier otro miembro del tribunal). Por ello, sostiene, más allá de las conclusiones de la audiencia o de la votación del pleno, esa decisión será de "cumplimiento imposible". Si así fuera, más absurdo aún.

En síntesis, un intríngulis de interpretaciones, muchas de ellas forzadas, que más que prudentes y ecuánimes como se esperan de la Justicia aparecen como apasionadas, oportunistas y claramente direccionadas. Un tanto irresponsables también.

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