Tras acordar una serie de modificaciones a la media sanción del Senado, la Cámara de Diputados de Mendoza aprobó este miércoles, y envió a segunda revisión a la Cámara Alta, el proyecto de Ley sobre Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas. Fue acompañada por todos los bloques, a excepción del FIT, que puso reparos sobre su alcance.
Se trata de una adaptación a la provincia de la Ley Nacional 27.401, que establece un régimen penal aplicable a las personas jurídicas privadas, involucrando a las empresas que contraten con el Estado provincial o municipios. La norma apunta a la transparencia y lucha contra la corrupción a la hora de las contrataciones públicas, fortaleciendo los controles internos y estableciendo una responsabilidad superior de los organismo involucrados.
En detalle
La iniciativa dispone como requisitos para que las empresas puedan contratar con cualquier poder del Estado, el cumplimiento de un "Programa de Integridad" en el caso de contratos que se encuentren sometidos al régimen de la Ley de Administración Financiera de la Provincia, o regidos por el Decreto Ley Nº 4.416/80 de Obras Públicas y sus modificatorias y por la Ley de Concesión de Obras y Servicios Públicos.
Además de modificar algunos artículos del Código Procesal Penal para -entre otras cuestiones- endurecer las sanciones en caso de irregularidades, el proyecto dispone que las compañías alcanzadas deberán presentar al momento de su inscripción o renovación de su inscripción en los registros correspondientes, una declaración jurada indicando que no tienen sanciones ni procesos pendientes por los delitos tales como cohecho y tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, concusión prevista en el artículo 268 del Código Penal, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y balances e informes falsos agravados.
El proyecto fue debatido y votado en sesión semi presencial (Foto: Prensa Diputados Mendoza)
El Programa de Integridad, deberá contener un código de ética o de conducta; reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos licitatorios, en la ejecución de contratos administrativos o en cualquiera otra interacción con el sector público y capacitaciones periódicas sobre el programa a directores, administradores y empleados.
Asimismo, podrá incluir el análisis periódico de riesgos; canales internos de denuncia de irregularidades, abiertos a terceros y adecuadamente difundidos y una política de protección de denunciantes contra represalias, entre otros aspectos.
Establece además, que en los supuestos de aplicación de las penas previstas en los incisos 2, 3 y 4 del artículo 7º de la Ley Nacional N° 27.401 -suspensión total o parcial de actividades; suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, y liquidación o disolución de la personería cuando hubiese sido creada al sólo efecto de la comisión del delito-, se deberá informar según corresponda a la Dirección de Personas Jurídicas y Registro Público de la Provincia, Dirección de Asociativismo y Cooperativas, y Registros, entre otros; de manera que se adopten las medidas que pudieren corresponder conforme a la normativa vigente para cada uno de dichos organismos.
No obstante, dispone que además de las penas aplicables en el artículo 7º de la normativa nacional, se deberá, en caso de corresponder, proceder a su suspensión o eliminación del Registro que resulte de aplicación de acuerdo al tipo de contrato que se trate, por el tiempo de la condena.
Voces legislativas
La Ley Nacional N° 27.401, "entre otros puntos, establece un programa de integridad interno de las personas jurídicas como requisito y exigencia para poder contratar con el Estado nacional. A partir de eso, también sería la misma exigencia para las empresas que contraten con el Estado provincial o con las municipalidades, implementando los programas de integridad", señaló Jorge Difonso (FR-UP), titular de la comisión de LAC, donde fue tratada la propuesta.
"Estos programas se constituyen en acciones, mecanismos y procedimientos internos de promoción de servicios de control, de supervisión, orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades o actos ilícitos. Este proyecto apunta, fundamentalmente, a evitar actos de corrupción y fortalecer la transparencia en las contrataciones del Estado", detalló.
#PeriodoOrdinarioVuelve en 2da revisión al Senado el Régimen Homogéneo y Coherente de Responsabilidad Penal aplicable a las Personas Jurídicas.Se plantea la adecuación de la legislación de Mendoza a las disposiciones de la Ley Nacional n° 27.401. pic.twitter.com/y6il3SUSvL
— Prensa Diputados Mza (@DiputadosMza) July 15, 2020
Difonso planteó que "lo que estamos haciendo es adaptar la Ley Nacional de manera tal que organismos del Estado, sean autárquicos, centralizados o descentralizados, también van a tener que pedir a estas empresas, el cumplimiento de determinados puntos para contratar con el Estado. Apunta a la transparencia y contra la corrupción. Es una legislación de vanguardia".
También Germán Gómez (FdT-PJ), resaltó los aportes realizados a la media sanción de Senado y afirmó que "no debía dar más vuelta y tratarse de manera definitiva, porque si no, nos golpeamos el pecho hablando de corrupción pero sin estás herramientas es imposible".
Representando a la Izquierda, Mailé Rodríguez (FIT) indicó que su fuerza no acompaña el proyecto "porque cuando se votó la Ley Nacional, no incluye delitos ambientales, de explotación laboral, infantil, entre otros".