Opinión
Corte (y confección)
Domingo, 21 de junio de 2020Por Luis Ábrego - Entre Paréntesis
Por: Luis Ábrego

 La semana que empieza será decisiva para el gobernador Rodolfo Suárez en la búsqueda de éxitos en dos temas de agenda que escapan a la montaña rusa de ilusión y preocupación que ha demostrado ser el Coronavirus en Mendoza. Para ello deberá empezar a destrabar el proceso jurídico-político que le permita cubrir la vacante de Jorge Nanclares en la Corte y también sortear la cumbre de gobernadores por Portezuelo del Viento en el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco).

En ambos casos la recta se hizo cuesta arriba de manera imprevista y desde el Ejecutivo aseguran tener el impulso necesario no sólo para romper la inercia, sino también para coronar sus expectativas, hoy opacadas por la acción de la oposición en Mendoza (por un lado) y la confabulación de la Nación y el resto de las provincias, casualmente, gobernadas por el Frente de Todos o afines (por el otro).

Aquí, los bloques legislativos opositores acudieron a la Corte con una acción declarativa de certeza porque entienden que la postulante del Ejecutivo, la doctora María Teresa Day no cumple con los requisitos constitucionales para que su pliego sea válido. La Sala II del máximo tribunal aceptó el planteo y convocó a una mediación para el martes en lo que fue considerado como una "aberración jurídica" por el Gobierno. Sostienen que cualquiera sea el que tenga la razón, la Corte no puede inmiscuirse en la nominación de un futuro miembro, y mucho menos cuando aún no hay un acto firme como sería la votación secreta del Senado.

Pero aún son más críticos en el Gobierno y mencionan que con su accionar la Corte está generando un conflicto de poderes al interferir no sólo en la voluntad del Poder Ejecutivo de nominar a quien considere, sino también en la potestad del Poder Legislativo de votar o no ese pliego. Y no dejan de mencionar razones políticas en esa decisión al considerar que la Sala II tiene mayoría de jueces de origen peronista como son Omar Palermo y Mario Adaro. Por estas horas, el oficialismo aún evalúa su estrategia y hasta considera directamente que el vicegobernador Mario Abed no asista a la cita como una manera de desconocer el acto.

Es que tal convocatoria será casi en simultáneo de la tradicional audiencia pública (esta vez virtual) y en la que se pondrán en consideración las adhesiones y objeciones que ha obtenido la candidatura de Day desde distintos sectores de la sociedad. Sin embargo, se trata de una formalidad de carácter no vinculante que puede quedar condicionada a los próximos movimientos o decisiones de la Corte. Lo real sucederá una semana después cuando está prevista la votación secreta.

A Day se le achaca que no cuenta con los 10 años de ejercicio de la Abogacía que la Constitución exige para ser miembro de la Corte. El oficialismo responde que los cargos que Day ocupó durante su trayecto en el Poder Judicial fueron porque contaba con el título de abogada y que si no lo tuviera no podría haberse desempeñado en esas funciones, incluso, la que actualmente tiene como coordinadora del Ministerio Público Fiscal.

El final es abierto, pero se avecinan nuevas disputas. En el Gobierno no prevén acciones contra los supremos pero subrayan que "si ellos han optado por involucrarse en este tema deberán justificar sus actos. Nosotros actuamos en sintonía con la Constitución y la división de poderes".

Por otra parte, el viernes 26 Suárez deberá enfrentar a sus pares de La Pampa, Río Negro, Neuquén y Provincia de Buenos Aires en otro round, tal vez más decisivo, como es el que se presume con la intención de dar vuelta lo ya decidido por el Coirco e inclinar la balanza para obstruir, demorar, modificar ¿o tal vez enterrar? la construcción de la presa hidroeléctrica Portezuelo del Viento.

La Nación dio un giro profundo en su postura que La Pampa aprovechó para solicitar nuevos estudios de impacto integral de toda la cuenca hídrica, algo que según Mendoza ya está cumplido, tal vez con la idea de pedir algún tipo de resarcimiento que abra la puerta a una decisión "salomómica" que permita hacer la obra, pero que también habilite a que otras provincias obtengan beneficios más allá de la regulación del cauce y la provisión de agua al margen de las variaciones temporales. Así lo dejan entrever algunas declaraciones pampeanas que deslizan el "manejo compartido" de la obra o directamente al cobro de regalías por la futura venta de energía.

En esa dirección, la de la recompensa económica, también trascendió esta semana que Suárez ofrecerá a sus colegas la constitución de un fondo de garantías que despeje dudas y habilite la construcción, pero que también accione como un seguro ante eventuales incumplimientos de Mendoza tanto en la construcción como en el llenado y la administración de Portezuelo. "La idea es llevar tranquilidad al resto de las provincias", apuntan desde Casa de Gobierno.

Aunque tampoco habría que descartar que si las variables políticas se endurecieran aún más, se active la demanda que Fiscalía de Estado tiene casi lista para el cobro de regalías por los Nihuiles, calculada en más de 100 millones de dólares, actualizables, contra la Nación y La Pampa, que incluso ya tiene dictamen favorable del Procurador de la Nación. "Por ahora, son temas que van por carriles separados" dicen desde el Ejecutivo aunque no descartan que en el futuro se unan.

Sin embargo, más allá de la disputa técnico-política en la que hoy Mendoza parece estar en minoría, pese a haber cumplimentado todos los pasos legales, la duda que ronda los despachos oficiales es saber hasta dónde el gobierno de Alberto Fernández hará jugar su poder de discrecionalidad política para beneficiar a sus aliados y postergar a un distrito que no le es afín.

Los tiempos de algún entendimiento, y el acompañamiento inicial a la Nación (incluso en materia sanitaria) parecen haberse diluido con el tiempo. La exposición del jefe de Gabinete nacional Santiago Cafiero en el Senado dejó dos constataciones para el oficialismo provincial: 1) La Nación ha "comprado" los argumentos de La Pampa por Portezuelo y la sola habilitación de una discusión ya saldada es síntoma de "cancha inclinada" y 2) El ministro no pudo disimular -pese a su prédica en contrario- que el giro de fondos nacionales ubica a Mendoza ni siquiera en el lote de las que reciben lo que corresponde, y sí en el de las discriminadas.

Fue el ex gobernador Alfredo Cornejo, ahora diputado nacional, quien aseguró que las explicaciones de Cafiero sobre los fondos para Mendoza eran una "fake news" al difundir una planilla en la que resalta que "del 100% de los recursos distribuidos por la Nación, más de la mitad fueron para la provincia de Buenos Aires y sólo el 2% para Mendoza". Pero sobre todo, muestran un muy desigual reparto según el índice de coparticipación federal. Sólo 1.509 millones por Aportes del Tesoro Nacional (ATN) cuando debería haber recibido 2.500 millones y una cifra similar en préstamos como el que han sí obtenido otras jurisdicciones, mientras Mendoza no ha percibido nada por ese concepto. En el Gobierno se ilusionan que esta semana pueden tener novedades al respecto y recibir fondos frescos que cubran este hueco.

Lo cierto es que superada estos desafíos inmediatos, el gobierno provincial debería remendar su vínculo con Buenos Aires. Pararse de otro modo frente a un poder central con rémoras del pasado antes reciente o al menos del esquema de lealtades y sumisiones con que el kirchnerismo original se manejó con las provincias.

Este tiempo ha demostrado que los agujeros en la tela política son indisimulables y que será preciso que Suárez se calce el traje de sastre para que con oficio y paciencia pueda coser y enmendar aquello que hoy duele a los ojos y que -una vez más- parece un ropaje hecho a medida para perjudicar a Mendoza.

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