Opinión
Vicentin, el único competidor del COVID
Domingo, 14 de junio de 2020Escribe Marcelo López Álvarez.

 Por un rato la agenda pareció olvidarse del COVID 19, si bien todo vuelve y la disparada de casos a nivel nacional le devolvió protagonismo y preocupación a la sociedad sobre el futuro de la pandemia, no es menos cierto que el señor Vicentin se hizo presente con fuerza.

En medio de la pandemia mas preocupante de los últimos años de historia humana, no por su mortalidad sino por su capacidad y rapidez para contagiar y frenar la economía mundial, el Gobierno Nacional se vio obligado a actuar rápidamente y tomar una de las medidas que, a pesar de llevar solo 6 meses en el poder, será identificatoria de la gestión. La intervención y posible expropiación de la cerealera Vicentin.

Una empresa con casi cien años de historia pero que en el último lustro y medio tuvo un salto descomunal y terminó presentándose en convocatoria de acreedores el 5 de diciembre de 2015, después de recibir 90 millones de dólares en 28 préstamos otorgados a razón de mas de uno por día hábil durante el mes de noviembre de ese mismo año por el Banco de la Nación Argentina a pesar de que evidentemente no cumplía las condiciones crediticias.

Esta historia contada en apenas 4 renglones seria suficiente para desarrollar un verdadero escándalo político y financiero en cualquier país capitalista del primer mundo, sin embargo en las pampas, se sabe, nada es lo que parece.

Es difícil, explicar sin sospechar maniobras irregulares y fraudulentas, que una empresa que esta a punto de entrar en concurso de acreedores y que ya no cumplía con sus pagos reciba tal catarata de créditos en 20 días hábiles. En el concurso de acreedores Vicentín declara deudas por unos 1350 millones de dólares a poco más de 2200 acreedores, al cambio oficial poco mas de 100 mil millones de pesos. A organismos del Estado entre Banco Nación (18 mil millones) AFIP, Aduana y bancos provinciales las deudas de la Cerealera (que creció en los más variados rubros incluido la vitivinicultura, los lácteos y la carne) llegan a 23 mil millones de dólares, pero quienes conocen el paño aseguran que la deuda con AFIP y Aduana trepa a 9500 millones de pesos, bien lejos de los 1650 que declaró la empresa en el concurso

Las entidades financieras internacionales (que ya formaron un Comité) siguen en la lista de acreedores y a los productores agropecuarios agrupados en la Asociación de Cooperativas Agropecuarias (ACA) Vicentín le adeuda unos 2000 millones de pesos poniendo en riesgo a una enorme cadena de producción.

No hay, por ahora, forma de comprender como la principal agroexportadora del granero del mundo puede caer en tal situación. En todo caso la Justicia en una causa paralela al Concurso de acreedores esta investigado la situación y su colega paraguaya también tiene una causa abierta presentada por un estudio de abogados, en representación de un grupo de acreedores, por evasión y lavado de activos.

La relación del Estado argentino con el campo tiene mucha historia de complicaciones, idas y vueltas hasta en épocas dónde supuestamente la cercanía ideológica entre Gobierno y campo era profunda. Quizás por conformación económica y social de nuestro país "El Campo" siempre creyó que tenía un poder especial por sobre el resto de las actividades y cada vez que pudo lo puso en práctica.

Lo que pasa en los puertos del Paraná -todos en manos privadas de las empresas y complejos cerealeros- es solo una pequeña muestra de lo que se expresa. La falta de control real es prácticamente total y las historias que se cuentan sobre las "exportaciones" paraguayo argentinas en esa zona están a punto de quedar expuestas en las causas judiciales y si el Estado interviene en la empresa. Quizás allí resida la verdadera preocupación de los que hoy alzan sonoramente sus quejas.

No es secreto para nadie que las exportaciones de soja del hermano país del Paraguay (que no aplica retenciones a las mismas) superan ampliamente su capacidad productiva. Un extrañísimo fenómeno de un país que exporta mas materia prima de la que produce.

Este milagro sojero sería imposible sin puertos sobre el Paraná donde no se pesa a los camiones que entran y se exporta con una simple declaración jurada. Los escritores de ficción que conocen la zona han desarrollado más de un relato fantástico de barcazas que llegan desde Paraguay por la hidrovía llenas de agua en sus depósitos que milagrosamente se transforma en soja exportada por Vicentín Paraguay, para ser procesada en aceites y harinas o ser reexportada por Vicentín SAIC sin pagar retenciones porque es poroto paraguayo.

Otros relatos, también fantásticos, de aquella zona ribereña hablan de camiones que una vez que entran al puerto multiplican como los panes el peso de sus porotos.

En ese contexto es interesante preguntarse porque sectores que teóricamente se verían perjudicados por el concurso de acreedores y la segura quiebra de Vicentín no quieren saber nada con que los actuales accionistas pierdan el control del gigante agropecuario.

Lo que plantea el Gobierno puede ser discutible, pero es perfectamente constitucional y está de sobra fundada la utilidad publica de no dejar caer una empresa que haría un verdadero desastre en la economía vastas zonas productivas del país, sin contar que el Estado y los productores son los principales acreedores del concurso.

Hace más de dos años (enero de 2018) planteamos en este mismo espacio el debate de si Argentina debía o no crear una empresa estatal de agropecuaria que sirviera como testigo de un mercado hartamente complicado y con muchísimos vericuetos que afectan no solamente la macroeconomía por su carácter fundamental de generador de divisas, sino también la diaria con la formación de precios de la gran mayoría de los alimentos de los argentinos.

Los ejemplos de empresas estatales que sirven como testigos para el mercado sobran el mundo y nadie en la Argentina desconoce a Codelco, pero se pueden sumar muchos ejemplos más como la acerera coreana Posco o la participación de los Estados en gigantes mundiales como Shell, Volkswagen , el ISBC, Petrobras, YPF, JP Morgan. Una vez más la realidad destruye los discursos de gran parte de los políticos y panelistas televisivos argentinos.

Qué busca el Gobierno con la expropiación de la empresa, sin dudas como dijo el presidente tener un elemento de intervención fuerte en el mercado de divisas, recortando la especulación con las liquidaciones, pero también tener un testigo fuerte y verdadero en un sector prioritario dónde acceder a información fehaciente para controlar su desempeño es casí una utopía.

Ya en la campaña electoral varios dirigentes agropecuarios alejados de las conducciones formales de las entidades, que aún no superan el síndrome 125, junto a equipos técnicos de PJ santafesino y nacional y actores del movimiento cooperativo habían hablado con el ahoraPresidente de la Nación la necesidad de que actores nacionales (llamase movimiento cooperativo o Estado) comenzaran a intervenir fuertemente en un sector que en los últimos cuatro años se había desmadrado absolutamente.

La pandemia dejo todos los planes e ideas fuera de agenda, pero algo ocurrió que hizo que el Gobierno actuara. Por un lado, movimientos de los accionistas de Vicentin que a pesar del concurso estaban descapitalizando la empresa y por otro un preacuerdo casi cerrado para que Glencore junto a fondos de inversión tomará el control total de la empresa.

En las próximas horas se espera llegue al Congreso el proyecto definitivo para tasar la empresa, votar la expropiación y actuar fuertemente en el concurso de acreedores que la medida que vote el Parlamento no para.

La expropiación no es el mejor camino, en el Gobierno lo admiten, pero también aseguran que a la luz del momento y las circunstancias es el único. Para un después no muy lejano, y quizás como parte de los acuerdos del concurso de acreedores, imaginan la participación del sector cooperativo y los estados provinciales (sobre todo Santa Fe) en la conducción de una empresa pública agropecuaria que no se descarta pueda sumar una parte de la familia Vicentin que aún conserva aproximadamente un 10% de las acciones y están fuertemente enfrentados con la conducción de Sergio Nardelli.

El Gobierno nacional aún tiene dos grandes desafíos. Desde la intervención tratar de abrir sin romper el complejo escenario de cajas chinas que son las sociedades que ha ido armando Vicentin y otro mayor aún; lograr que el Congreso Nacional apruebe la expropiación.

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