Para Suarez, a las ocasiones también las pintan calvas
Domingo, 7 de junio de 2020Por Luis Ábrego- Entre Paréntesis.

Todo gobernador, al momento de asumir, pone en su lista de micro-anhelos de gestión la posibilidad de nominar algún miembro de la Suprema Corte. Ya sea para marcar su impronta personal, para delinear su ideal de Justicia o simplemente para contribuir al mandato partidario del reparto de poder. En cualquier caso, esa ocasión es un gesto hacia todos los que siguen con atención la toma de decisiones públicas, pero primordialmente le otorga al Gobierno la facultad de incidir en la voluntad de los demás poderes; claro valor del peso asignado al voto popular con el que se consagra a los jefes del Ejecutivo.

A poco de andar en su mandato, Rodolfo Suarez logró esa oportunidad para la que no hay plazos ni fechas predecibles. Los miembros de la Corte tienen mandato vitalicio hasta que ellos mismos opten por su jubilación o cuando se produzca su muerte. Por ello, el recambio puede ser no sólo lento y espaciado, sino también excepcional. Pero sucede. La semana última, la noticia de la renuncia de Jorge Nanclares, quien además presidía el máximo órgano del Poder Judicial, sacudió todos los esquemas.

No vale la pena abundar en los detalles de la salida de Nanclares, incluso explicitados por él mismo al sostener que no se sentía con fuerzas suficientes para mantener ese perpetuo conciliábulo de intrigas y sospechas que es la Justicia. Ni ser el punto de referencia de una Corte atravesada por las diferencias del origen partidario de sus miembros y sobre la que el ministro saliente (propuesto por un gobernador radical como Felipe Llaver) intentó hacer equilibrio hasta que parece haberse cansado también de eso.

Cuando la opinión pública todavía no se reponía, el Ejecutivo confirmó que para su reemplazo enviaría el pliego de una mujer (un viejo y postergado reclamo que también tuvieron Julio Cobos, Celso Jaque, Francisco Pérez y Alfredo Cornejo): todos recibieron la chance que hoy tiene Suarez pero propusieron a varones. Pero no sólo eso, ya que al día siguiente se confirmó el nombre de Teresa Day, una abogada de carrera del Poder Judicial que hoy es la coordinadora general del Ministerio Público, es decir la mano derecha operativa del procurador Alejandro Gullé.

El anuncio bajó todas las especulaciones que suelen generarse tras un recambio de estas características. Incluso las operaciones de grupos internos del oficialismo de turno, de la propia Justicia o postulaciones interesadas por afinidad personal, intelectual o académica. De hecho, en el corto plazo que se produjo entre la renuncia y la propuesta de reemplazo hubo "candidatas" que ¡hasta hicieron declaraciones periodísticas!

Sin embargo, y como siempre sucede, la liebre saltó por el lugar menos esperado. El ex ministro de la Corte, Alejandro Pérez Hualde abandonó su silencio público para detallar que la candidata del Ejecutivo no cumplía los requisitos constitucionales requeridos para el cargo. Pérez Hualde (en su momento propuesto por otro gobierno radical, el de Cobos) apuntaba ahora al pliego de una postulante de un nuevo gobierno de la UCR. ¿Casualidad? ¿Interna?

Poco de eso parece haber motivado a Pérez Hualde. Quienes conocen el día a día de las tensiones que alimentan el vínculo entre Casa de Gobierno y el Palacio de Tribunales prefieren atribuirlo a viejas rencillas que empañaron la relación entre Pérez Hualde y el ex gobernador Alfredo Cornejo, a quien además se señala como el autor intelectual de la sugerencia de la candidatura de Day.

Desde fuentes confiables del Ejecutivo se confirma que la consulta entre el gobernador y su antecesor sobre este tema existió. Y con el mismo énfasis aseguran que Suarez no tenía una preferencia inicial, sólo la convicción de una mujer para la Corte. Y que a partir de ahí comenzó la danza de nombres que trascendió a los medios, porque -apuntan- "mujeres preparadas abundan, sólo que muchas que están invisibilizadas".

Sobre los argumentos de Pérez Hualde, indican que "constitucionalmente no son correctos", porque lo que se exige es ser matriculado y con título de abogado, pero acotan que también la Carta Magna habla (para quienes cumplan con lo anterior) del "servicio prestado en la Justicia". Condiciones todas que Day cumpliría a los ojos del Gobierno.

Fuego amigo o no, la oposición rápidamente hizo suyos los argumentos de Pérez Hualde y ahora mella la candidatura en búsqueda de obtener votos díscolos del oficialismo con el objetivo de bloquearla. Incluso, marcando la aguda particularidad que a pesar de ser mujer no tiene perspectiva de género. Cuestiones que seguramente aparecerán en la audiencia pública (que pandemia y distanciamiento social mediante) deberá muy probablemente consumarse de manera virtual. Y que como se sabe además, no es vinculante.

Ayer, en el programa Entre Paréntesis por Radio Andina, el presidente provisional del Senado, Juan Carlos Jaliff ratificó el alineamiento del bloque de senadores de Cambia Mendoza para votar el pliego, en sesión secreta y fecha a confirmar. De esta manera, el veterano armador radical confirmó que no se prevén votos en disidencia que puedan opacar la llegada de la mujer a la Corte. En el entorno del gobernador tampoco han advertido posibles defecciones.

Lo que pareció un trámite resuelto con ejecutividad y rapidez se fue convirtiendo en un pesado proceso de explicaciones, interpretaciones y razonamientos sobre la implicancia de lo que la Constitución entiende por el ejercicio de la profesión de abogado. Pero que en definitiva esconde una disputa de poder que incluso excede a oficialismo y oposición y que se remonta a debates anteriores recientes sobre "mano dura" o "mano blanda" en la administración de Justicia. Y lo que es peor, fuerza ahora al Gobierno a consolidar su propia tropa para no sufrir un traspié impensado cuando la renuncia de Nanclares arrancó sonrisas en el Cuarto Piso.

Para colmo de males, las poco afortunadas declaraciones del presidente Alberto Fernández en La Pampa sembraron nubes negras sobre Portezuelo del Viento. No de su factibilidad técnica, ni de su sustento jurídico, si no de la efectiva voluntad política de la Nación para seguir acompañando un proceso en el que Mendoza ha fijado todo tipo de esperanzas: desde la reactivación de la obra pública y la generación de empleo, hasta la producción de energía y el uso de agua para ampliar la frontera productiva capaz de generar un shock en la economía local.

El Ejecutivo teme que la presión de La Pampa a la que parece haber cedido el Gobierno nacional termine demorando un proceso avanzado y se prepara para ratificar la postura de la Provincia en la audiencia del 26 de junio a la que están convocados los gobernadores del Coirco. Asimismo, desconoce si La Pampa pretende ahora tener injerencia en la administración de la presa o cobrar futuras regalías de la generación eléctrica. Sólo saben que, en cualquiera de los casos, la vía judicial sigue expedita para Mendoza.

Tampoco confirman, como se especuló, si la inesperada movida pretende (vía presión indirecta) asegurar los votos que el oficialismo necesita para imponer los dos tercios a la candidatura del juez Daniel Rafecas para la Procuración General de la Nación. Al Frente de Todos le urge conseguir 4 votos más en el Senado nacional para que el magistrado que desestimó en tiempo récord la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Férnandez, por el atentado a la AMIA, se transforme en el jefe de los fiscales federales tal como propone el Presidente.

El refrán popular indica que a las ocasiones las pintan calvas porque las oportunidades no siempre son las ideales, ni llegan en el momento indicado, ni mucho menos se parecen a lo soñado. Son apenas momentos que hay que capturar para aprovecharlos y no dejarlos pasar esperando la cabellera perfecta. Aquello que parece ser una posibilidad tal vez única en un mandato puede ser también motivo de conflicto. Aquello que venía encaminado puede descarrilar en un instante.

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