Emergencia sanitaria

Fiscalía de Estado pidió investigar presuntos sobreprecios en el Lagomaggiore

Por Sección Política

La compra directa de 10 cajas de acrílico para pacientes intubados en el marco de la pandemia se habría producido con un proveedor no habilitado y a un precio considerablemente superior a los valores de mercado. La operación fue concretada por parte del Hospital Luis Lagomaggiore en el marco de la emergencia sanitaria, social, administrativa, económica y financiera establecida en la Provincia.

Por este motivo el Fiscal de Estado, Fernando Simón, presentó una denuncia penal ante la unidad Fiscal de Delitos Económicos. De constatarse la irregularidad, el acto representaría un presunto perjuicio económico para el Erario Público y una presunta irregularidad administrativa por parte del o los agentes de la administración que participaron en los procesos.

Las cabinas adquiridas, 10 en total, son de acrílico y permiten al médico realizar la maniobra sin contagiarse de coronavirus.

La denuncia, que llegó al organismo de control daba cuenta de que las mismas se habrían adquirido a 24 mil pesos cuando el valor de mercado oscila entre los 7 y 9 mil pesos. Ante esta situación, Fiscalía de Estado pide al nosocomio que rinda un informe detallado y documentado sobre la adquisición realizada, a la que hace referencia la denuncia.

Autoridades del Hospital respondieron la solicitud y los fundamentos de la compra, e indicaron el procedimiento, realizado en dos etapas y bajo la modalidad de "contratación directa" con el marco legal que prevé el Art. 144 de la Ley 8706 y de los Decretos 1000/15 y 401/20.

El organismo de control solicitó una cotización a una empresa proveedora del rubro sanitario y las mismas fueron presupuestadas entre 6500 y 8400 pesos.

El informe brindado por el Hospital, indica que la adquisición fue realizada a la empresa CUYUM. Fiscalía solicitó a la Dirección de Compras y Suministros de la provincia que informara sobre el proveedor en cuestión y desde ese organismo respondieron que se encuentra en estado inhabilitado (inscripción no vigente), por haber operado el vencimiento de su inscripción en marzo de 2018. Incluso deja constancia de que el proveedor tampoco se encuentra pre-inscripto en el Sistema de Compras Electrónicas Comprar Mendoza, recaudo que es exigible para todos los procedimientos de contratación con llamado o publicación a partir del 1º de Marzo de este año.

Informa además que, cuando solicitó su inscripción, lo hizo como empresa proveedora de agua y soda, descartables gastronómicos, artículos de librería y limpieza; no encontrándose ningún antecedente referido a la provisión de insumos médicos.

Tras la investigación, Fiscalía de Estado concluye que existen elementos suficientes para sospechar que la compra realizada por el Hospital, además de haberse realizado con un proveedor no habilitado y que no se dedica al rubro de insumos médicos, habría sido realizada a precios notoriamente superiores a los de plaza, lo que representaría un presunto perjuicio económico al Erario Público y una presunta irregularidad administrativa por parte de él o los agentes de la Administración que participaron en los procesos.

Es por esto que decide realizar la denuncia penal -en base a lo normado por el art. 329, inc. 1) del CPPM - a la Unidad Fiscal de Delitos Económicos en turno. Este artículo impone la obligación de todos los funcionarios o empleados públicos de denunciar los delitos perseguibles de oficio. Mediante la denuncia se solicita que se investigue si los hechos denunciados se encuentran atrapados en normas tipificadas por el Código Penal Argentino.

En el mismo sentido, envió una compulsa a la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública para su intervención en base a lo normado por la Ley 8993, y al Tribunal de Cuentas de la Provincia a fin de poner en conocimiento el presente proceso de compra directa efectuado al momento de revisar lo actuado en el presupuesto para el corriente año.

El organismo de control también envió la denuncia a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de todas las medidas realizadas por el Poder Ejecutivo en el marco de la emergencia declarada con motivo de la pandemia por coronavirus, creada por la Ley 9.220.

Compras directas en el marco de la pandemia los efectores

Tras realizar la denuncia penal, el Fiscal de Estado notificó a los efectores de salud pública y al Ministerio de Seguridad de la Provincia, que oportunamente se realizarán auditorias sobre las contrataciones directas que sean realizadas en el marco de la urgencia provocada por la pandemia, remarcando las pautas que las mismas deben cumplir a efecto de garantizar la transparencia en dichas compras.

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