Crisis
Crecen los pedidos de padres de alumnos de colegios privados para lograr descuentos en las cuotas
Viernes, 22 de mayo de 2020

La crisis económica surgida de la pandemia del coronavirus golpeó en todos los aspectos del día a día de las familias. Así, padres y madres de estudiantes de colegios privados intensificaron sus pedidos en los últimos días para que las instituciones realicen descuentos de las cuotas, debido a las dificultades actuales para hacer frente a estas obligaciones.

"En la escuela no han descontado nada. Han dejado el valor de la cuota en marzo, porque en abril iban a aumentar", expresó a SITIO ANDINO una madre de una alumna del colegio Santa María de los Ángeles.

Así, expresó que se envió una nota desde un grupo de padres y madres, pero desde la escuela indicaron que no podían hacer frente a un descuento.

Una situación similar vivieron los padres del Instituto Nuestra Señora del Rosario de Pompeya que presentaron una carta pidiendo un descuento sobre las cuotas, pero no lograron obtenerlo por parte de las autoridades. 

Martín, padre de dos alumnos del Instituto Leonardo Murialdo comentó a este medio que en los últimos días los grupos de whats app  de mamis y papis del colegio manifestaban la dificultad de abonar las cuotas del mismo, pero  desde la institución hasta el momento no ha manifestado que vaya a realizar algún tipo de descuento o permitan la refinanciación de cuotas. 

El Ministerio de Educación de la Nación, de hecho, presentó a comienzos de abril una serie de recomendaciones para escuelas de gestión privada, entre las que incluyó los siguientes puntos:

  1. Preservar las fuentes de trabajo de los docentes, no docentes, auxiliares y personal directivo de las escuelas de gestión privada, asegurar el pago de los salarios, garantizar el derecho a la educación y adecuar las condiciones de trabajo remoto, en caso de que fuera necesario, para preservar la salud de trabajadores/as y estudiantes.

  2. Congelar el valor de los aranceles hasta que concluyan las medidas de aislamiento social y preventivo obligatorio; y retrotraer los aumentos que se hubieren producido con posterioridad a la entrada en vigor del Decreto N° 260/2020.

  3. Suspender la facturación o aplicar descuentos en los accesorios al arancel que respondan a servicios directos interrumpidos (ej. comedor) u otros servicios extraescolares.

  4. Diferir a solicitud de las familias el pago de un porcentaje del total del arancel facturado para meses subsiguientes en favor de quienes no puedan afrontarlo, tomando como máxima referencia las necesidades para garantizar el pago de sueldos, cargas sociales y gastos ineludibles para el sostenimiento del Plan de Continuidad Pedagógica.

  5. Flexibilizar, reprogramar o extender los plazos de los vencimientos de pago de cuotas o aranceles, restringir los recargos financieros por mora en el pago (intereses), y suprimir las multas y otras penalidades o accesorias durante un plazo no menor al del aislamiento social y preventivo obligatorio.

  6. Abstenerse de aplicar medida restrictiva alguna al acceso a las herramientas de aprendizaje por cuestiones vinculadas al pago de los aranceles.

  7. Atender situaciones familiares especiales, con la posibilidad de otorgar becas y ayudas transitorias conforme a la realidad de las familias y de cada institución.

  8. Analizar la estructura de costos y los ahorros posibles sosteniendo las erogaciones esenciales, a fin de disponer, cuando ello sea posible, un descuento en los aranceles; manteniendo la remisión de información conforme a la normativa aplicable.

  9. Implementar estas medidas durante el aislamiento social preventivo y obligatorio y, una vez concluido, por un plazo idéntico al transcurrido en tal situación.

Los puntos 2, 3, 4, 5 y 7 vertidos por la cartera que conduce Nicolás Trotta aluden directamente a situaciones a contemplar por las instituciones en cuanto a la realidad económica de las familias.

Debido a la emergencia y los altos porcentajes de morosidad en el pago de cuotas que han observado los colegios, el Gobierno nacional los incluyó en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) para que el Estado pague el 50% de los salarios de las y los trabajadores de esos establecimientos.

Tamaño del texto
Comentarios
Tu comentario