Al menos 35 presos que estaban alojados en distintas cárceles de la provincia accedieron al beneficio de la detención domiciliaria, al estar dentro del grupo de riesgo del coronavirus.
Al menos 35 presos que estaban alojados en distintas cárceles de la provincia accedieron al beneficio de la detención domiciliaria, al estar dentro del grupo de riesgo del coronavirus.
Estos 35 pedidos fueron los que aprobó la Justicia de un total de unos 400 requerimientos que hicieron distintos abogados defensores, amparándose en que los presos tenían más de 60 años o bien sufrían distintos tipos de enfermedades.
Los internos serán controlados con una pulsera magnética y el régimen, en principio, es por el lapso de tiempo en el que dure la lucha contra la pandemia. Luego regresarían a la cárcel, dijeron fuentes judiciales.
Entre los beneficiarios de esto están el profesor de la UNCuyo, Mauro Aguirre, que está acusado de abuso sexual y la "bruja" Mónica Castro, señalada como partícipe en el crimen del médico León Burela, hecho que esta semana cumplió un año.
Ahora bien, otros casos resonantes siguen en análisis y sin resolución aún. El más destacado es el del empresario Dionisio Elmelaj, recientemente condenado a 32 años de cárcel como autor del asesinato del joven Emir Cuattoni (15). En esta causa se están haciendo encuestas ambientales para definir el planteo.
Además, trascendió que dentro de los 400 pedidos que se solicitaron en las últimas semanas, estaba el del sindicalista Víctor Eduardo Yanzón (65), quien está acusado de abusar sexualmente de dos hijastras. Sin embargo y a pesar de su edad, este fue rechazado y seguirá preso en la cárcel.
De los que accedieron al beneficio, 19 casos son en el Gran Mendoza, otros 8 en el este provincial, 5 expedientes en el Sur y los 3 restantes en el Valle de Uco.
El planteo
A principios de abril, la asociación por los derechos humanos, Xumek, presentó un habeas corpus para revisar la situación de varios presos ante la pandemia que afecta a todo el mundo. Concretamente se hablaba de unos 400 internos que estaban dentro del grupo de riesgo.
La Justicia aceptó ese pedido de Xumek y a partir de allí cientos de abogados hicieron sus requerimientos. Esto generó que la propia Corte acordara, junto al Procurador Alejandro Gullé y la Defensora General Mariana Silvestri, agilizar los trámites para definir cada planteo.
Este viernes, fuentes judiciales confirmaron a SITIO ANDINO que de los cerca de 400 pedidos, al menos 35 fueron aceptados y otros aún están en análisis.
Entre los aceptados, la mayoría son por delitos menores aunque los funcionarios admitieron que también existen casos por abusos sexuales.
En estos hechos, la Corte pidió, específicamente, que se cumplan algunos requisitos, entre ellos que la detención domiciliaria sea lejos de donde viven las víctimas y que el control sea más estricto aún.
Además, también se informó que entre los que accedieron al régimen, hay personas condenadas y también otras que aún están en etapas de investigación (procesadas).
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