Protesta

Sobreseyeron a tres docentes que habían sido imputados por la toma del Normal

La Justicia determinó el sobreseimiento de tres docentes del Instituto Tomás Godoy Cruz que habían sido denunciados e imputados por el delito de desobediencia por la toma del colegio en agosto de 2018. La Dirección General de Escuelas (DGE) se había constituido en querellante de la causa.

El secretariado ejecutivo del SUTE comunicó hoy la noticia del dictamen de la Justicia. Los docentes Patrick Boulet, Gabriela Díaz y Miguel Sarmiento fueron sobreseídos del delito por el que habían sido imputados luego de la toma pacífica del edificio de la institución el 24 y 25 de agosto de 2018 en protesta por el decreto 530 en Nivel Superior de las llamadas "carreras prioritarias". La jueza Miriam Moltó ratificó el sobreseimiento por la nulidad del delito

El abogado de los docentes, Pablo Salinas, dialogó con Sitio Andino y dijo que estaban muy contentos por la sentencia de este miércoles. "El fiscal pidió el sobreseimiento de los tres docentes y por supuesto yo me adherí al planteo, porque siempre consideré que no había delito, lo dije el primer día que tomé la defensa. Lo más importante es que han sido declarados inocentes por la inexistencia del delito, la propia jueza ha establecido que no existió delito", explicó Salinas.

"Es un avance importante, fue uno de los casos más resonantes de hostigamiento político, por ocupación pacífica del instituto", afirmó el Secretario General del SUTE, Sebastián Henríquez.

El referente del sindicato de los docentes recordó que los profesores habían sido imputados por las asambleas y las tomas del Normal en protesta por los cambios que introdujo la DGE para la "modernización y actualización del Nivel Superior". En ese momento, la propia DGE se presentó como querellante, aunque no habían sido los que habían promovido la imputación. 

Más docentes imputados

El SUTE pidió también el sobreseimiento de los docentes Castelli, Pablo Masutti y Martín Dalmau quienes están imputados por entorpecer el tránsito durante una protesta por la reapertura de paritarias en junio de 2018 frente a la Subsecretaría de Trabajo.

"Este hecho sienta precedente y jurisprudencia. Continuaremos la lucha contra la criminalización de la protesta. Seguiremos exigiendo el cese de toda persecución y adoctrinamiento", comunicaron desde el sindicato.

Salinas, quien también defiende a estos tres educadores, contó que la causa está en instancia de apelación tras haber pedido el sobreseimiento y haber sido rechazado. "La sentencia de hoy viene bien para esta causa porque yo hablo del legítimo ejercicio del derecho a la protesta. Además, en la secretaría de Derechos Humanos de la Corte de Mendoza se pronunciaron a favor y jerarquizando el derecho a reclamar a las autoridades, que es el derecho más importante en la Constitución", explicó.


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