Mendoza necesita una reforma política (Parte II)
Viernes, 13 de septiembre de 2019
Por: Sergio Bruni, Profesor de la Cátedra de Derecho Público Provincial y Municipal, UNCuyo

En este medio, publicamos hace uno días, algunos de los puntos que debería contemplar una reforma del sistema político en la Provincia de Mendoza.

En aquella opinión, nos centramos en la conveniencia de avanzar hacia la unicameralidad del Poder Legislativo local, por varias razones que reiteraremos de modo sintético: 1) la Cámara única permite una mayor eficiencia y celeridad en la sanción de las leyes; 2) los constantes reenvíos de una Cámara a otra, en la formación y sanción de las leyes, traen como consecuencia una molesta burocracia y lentitud para nuestra institucionalidad; 3) solamente 8 provincias, entre las que se encuentra la nuestra, sostienen aún un sistema bicameral; 4) permite una mejor distribución de recursos presupuestarios (menor costo operativo).

Cierta evidencia empírica nos permite afirmar que en el actual sistema bicameral, aunque pueda parecer paradójico, suele haber menos calidad de debate y control. Es usual que los legisladores de una cámara (en Mendoza ambas representan iguales intereses) aún sabiendo que un proyecto puede tener deficiencias, lo aprueban en la confianza que la cámara revisora las corregirá.

El segundo punto que abordamos en la nota anterior, fue el de la eliminación de las elecciones de medio término. Estas provocan un permanente "modo electoral", afectando las energías que los gobiernos (oficialismo y oposición) deben prestarle a las problemáticas de la sociedad. Sumado a ello, producen también un considerable estancamiento de la economía frente a la incertidumbre que todo proceso electoral produce.

En esta ocasión queremos avanzar hacia otros puntos que una profunda reforma política nos llama a debatir.

Reelecciones

Existe hoy la tendencia a pensar en un modo más equitativo para las reelecciones. Si ya los intendentes tienen una sola reelección, no resulta lógico que por encima de esta categoría institucional (esto es: el gobernador y vice gobernador), no se tenga esa posibilidad. Tampoco resulta razonable que otras categorías como legisladores y concejales tengan habilitadas sus reelecciones en forma indefinida. Es tema de debate, pero se ajustaría a las actuales circunstancias político-institucionales, que se dispongan las mismas posibilidades legales para todo cargo electivo.

Hay quienes sostienen (de allí que inicialmente califico a este como un "tema debatible") que la diversa naturaleza de los cargos ejecutivos y legislativos, implica un análisis más pormenorizado. En los sistemas presidencialistas, como el nuestro, la discusión acerca de la limitación de las elecciones indefinidas prácticamente no encuentra defensores en la doctrina. Entre esas mínimas expresiones a favor podemos citar a Ernesto Laclau, quién considera "antidemocrático" el impedimento de reelegir indefinidamente a un presidente, incluso sostiene que en "Europa los primeros ministros, pueden ser reelegidos siempre que sus partidos de pertenencia confirmen sus liderazgos y en la medida que la gente los vote".

Pero insistimos, la distinción debe hacerse: los sistemas parlamentarios y los presidencialistas son por esencia diferentes.

En sistemas como el nuestro, tomado de la constitución de EE.UU, el presidente reúne un poder inmenso que no detentan los primeros ministros de los sistemas parlamentarios. En consecuencia la reelección indefinida por largos períodos conlleva a una excesiva concentración de prerrogativas. Al contrario de lo que sostiene Laclau, lo verdaderamente antidemocrático es permitir tales excesos. El ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo: "cuando un líder político empieza a pensar que es indispensable y no puede ser sustituido, comienza a nacer una pequeña dictadura". Podrá parecer extraña la cita, sin embargo es de todo rigor textual.

En el plano del poder legislativo, tanto en sistemas presidencialistas como parlamentaristas, las reelecciones no tienen, en general, cláusulas de impedimento. En un cuerpo colegiado amplio, conformado con actores provenientes de diversos arcos políticos e ideológicos, no podría configurarse una especie de "tiranía del poder legislativo". El ejemplo de EE.UU es contundente: los presidentes tienen la posibilidad de una sola reelección, mientras que los congresistas no tienen limitaciones.

Inmunidades Parlamentarias

Las inmunidades parlamentarias, fueron producto de la separación de poderes, sobre todo frente a la necesidad de morigerar las facultades de quién ejercía la función ejecutiva con plenas atribuciones. Este instituto, que tenía una firme razón de ser en tiempos históricos diversos a los actuales, fue mutando hacia una suerte de impunidad que debe limitarse.

A nuestro entender, para que no constituya un privilegio frente al resto de los ciudadanos, debe limitarse: a) al voto emitido; b) al arresto, excepto en delitos in fraganti; c) a su opinión exclusivamente cuando se produzcan en el ámbito del recinto legislativo (fuera de él, las opiniones no pueden producir injuria o calumnia contra nadie y, en tal caso, la ley penal deberá aplicarse como a cualquier persona humana).

Votaciones para prestar acuerdos 

El origen del voto secreto en la facultad exclusiva de la Cámara de Senadores para prestar (o no) su acuerdo a la propuesta del Poder Ejecutivo, está anclado especialmente en la designación de los jueces. En la Constitución mendocina de 1916, era de toda razón que así fuese, pocos jueces tenían el control de todas las materias judiciales. Por tanto, proteger al que por diversas razones votaba en contra de un determinado pliego era lo que normativamente debía contemplarse. De nuevo, en los actuales tiempos, con la diversidad de jueces especializados en las distintas materias judiciables, no hay justificación para el voto secreto.

Ni mencionar el resto de los cargos que requieren acuerdo, por fuera de los integrantes del poder judicial. Conclusión: el voto en todos estos casos debiera ser público. La única excepción que podría admitirse, a mi entender, es cuando se procede a la designación de un miembro de la Suprema Corte de Justica, por ser la última y más importante instancia para juzgar las conductas ciudadanas.

Las innovaciones propuestas, están pensadas para direccionar al Poder Legislativo hacia un norte de control, transparencia, participación, eficacia y modernización del Estado. Como puede advertirse, sostener la necesidad de una profunda reforma política, es un deber impostergable de la dirigencia política, no hay excusas válidas. Mendoza las espera.

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