La Justicia Laboral provincial se encuentra convulsionada por el caso del juez Antonio Sánchez Rey, quien sufrió un accidente en un brazo con un portón automático y llegó a un polémico arreglo de 4,5 millones de pesos con Provincia ART.
La Superintendencia de Riesgos de Trabajo intervino en el proceso objetando el monto de la indemnización sospechando de un posible fraude en la negociación y presentando una denuncia ante la justicia, lo cual desencadenó dos allanamientos el día viernes.
En diálogo con el programa "Sin Verso" de Radio Andina, el Delegado en Cuyo de Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Gustavo Cairo, manifestó que "se está investigando un supuesto delito de las partes que han actuado" en referencia al abogado e hijo del juez, Diego Sánchez Azcona, y el letrado de la ART, Miguel Ángel Grosso.
Gustavo Cairo.
El funcionario explicó que la Superintendencia no homologó el acuerdo ya que los profesionales médicos del organismo no consideraron que existiera un daño psicológico para el accidentado, si bien se constató una lesión. Por esto, el monto de indemnización que sugirieron era de poco más de $ 1 millón, bastante menos que los $ 4,5 millones reclamados por Sánchez Rey.
"En una primera instancia, los médicos de la Superintendencia decían que todavía no estaba consolidada la lesión por lo que no se le podía dar un grado de discapacidad. Él tenía el apuro de que se le determinara el grado de discapacidad", sostuvo Cairo.
Luego, la Superintendencia debía homologar el acuerdo alcanzado por la ART y "ahí hubo diferencia porque nuestros médicos sostenían que si bien estaba esa lesión, era de un menor grado de discapacidad y tampoco había daño psicológico. Eso más el sueldo base que se usaba para calcular la indemnización daba una diferencia grande".
Señaló que "la lesión estaba pero había diferencias respecto a la eventual consecuencia psicológica que nuestros profesionales determinaron que no era tal. Nuestros profesionales determinaron que no había consecuencias psicológicas".
Finalmente el acuerdo con la ART no fue homologado por parte de la Superintendencia y ante este rechazo el magistrado reclamó ante la justicia.
Paralelamente, la Unidad Especial para la Prevención del Fraude en las Relaciones Laborales y los Recursos de la Seguridad Social terminó presentando una denuncia en la justicia para que se inicie una investigación y presentaría un pedido de Jury contra el magistrado por un posible caso de defraudación.
En el marco de ese proceso, el viernes se allanaron los estudios jurídicos de Sánchez Azcona y de Grosso y el juez presentó su renuncia al gobernador Alfredo Cornejo, quien todavía no la aceptó.
