El Gobierno provincial oficializó la propuesta para paliar la crisis del sector vitivinícola y dio a conocer que el fondo anticíclico que busca impulsar en la Legislatura, consta de un endeudamiento de cuatro mil millones de pesos a razón de $1.000 millones por año a aplicar siempre y cuando se den ciertas condiciones de mercado y el sector privado, tanto bodegas como productores de uva, cumpla con compromisos que deben asumir.
Si bien el acuerdo, que implica asumir un compromiso por $4.000 millones para el Estado, debe salir por ley de la Legislatura, donde desde el Justicialismo como principal fuerza opositora ya anticipó sus críticas, SITIO ANDINO accedió a la letra chica pactada entre las partes en donde se conocen los puntos que demandarán dicha inversión y el compromiso de las empresas del sector vitivinícola a cumplir con determinadas pautas, en caso de adherir al acuerdo.
Estos son los cinco principales puntos a tener en cuenta:
1-Compra de uva: los empresarios vitivinícolas no pueden comprar uva varietal en menor proporción al año pasado, comunicando la medida a productores, garantizando la demanda de uva, en un contexto de caída de consumo. Además, el plazo de pago no deberá superar los 6 meses a la totalidad de la compra de uva a productores.
2-Importación: estará prohibida la importación de vino cuando el stock esté por encima de los tres meses. Si el stock vínico acumulado es menor a los tres meses, las bodegas y trasladistas podrán comprar vino en el exterior.
3-Aplicación del Fondo Anticíclico: se hará uso fondo anti cíclico por parte del Estado mendocino ($1.000 millones por año de cupo) cuando el stock supere los 5,3 meses. Ahí el Gobierno saldrá a comprar vino o uva para sostener los precios en beneficio del productor.
4- Fomento al cooperativismo y la integración: las empresas deberán fomentar el ingreso al sistema cooperativo o procesos de integración, acompañando y asesorando a proveedores de uva de forma asociativa.
5-Ley de contratos: quienes busque participar y adherirse a los beneficios del Fondo Anticíclico deberán aplicar la ley 9133 de registración de contratos de compra y venta de uva, garantizando de esta manera relaciones contractuales más formales y estables en cuanto al precio de la uva que se le pagará al productor, los plazos y evitar las renegociaciones a la baja.
En paralelo, desde el Gobierno y las empresas adherentes se comprometen a la realización de acciones conjuntas para mejorar los ingresos provenientes del cobro de campaña contra la Lobesia Botrana -que todos paguen- para que esos recursos estén disponibles para la próxima campaña.
Durante el periodo que dure el plan plurianual (4 años), el sector vitivinícola deberá en conjunto con el Gobierno nacional y provincial sostener el proceso de reconversión vitivinícola, avanzando hacia la implantación de varietales que tengan mayor viabilidad comercial.
El sector se compromete a realizar acciones que tengan como objeto de avance hacia el desarrollo de la diversificación de productos, la mejora productiva y la competencia de bebidas sustitutas, enfrentando las problemáticas de baja de consumo, problemas de ciclo agrícola, precios al consumidor y precios pagados al productor.