Emergencia ambiental

El Gobierno presentó un informe con las zonas rojas del Piedemonte

La Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial presentó este martes un informe elaborado por el Instituto Nacional del Agua sobre la evaluación de amenazas aluvionales en el Piedemonte, luego de que la semana pasada se declarara la emergencia ambiental en la zona y se suspendieran por un año los emprendimientos inmobiliarios y las obras de desarrollo urbano.

Para el estudio se tomaron datos hidrológicos, hidráulicos y geomorfológicos y se elaboró un mapa con las zonas de vulnerabilidad alta, media y baja sobre un área de 1.200 km2 para definir qué proyectos inmobiliarios se pueden desarrollar en el Piedemonte y en qué lugares.

Actualmente habitan 10.000 familias en esa zona y desde el Gobierno han advertido que algunas casas en zonas de riesgo deberán ser desalojadas. No obstante, el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, afirmó que recién dentro de 6 meses se sabrá específicamente qué propiedades se encuentran en ubicadas en áreas de peligro.

"Este documento es muy importante para poder determinar cuáles son las zonas de mayor vulnerabilidad, vulnerabilidad media o de vulnerabilidad baja para tomar decisiones sobre el territorio. La provincia, a través de la Secretaría de Ambiente, es la que determina qué barrios y qué desarrollos se puede hacer", indicó Mingorance.

Resaltó que el estudio arrojó que hay zonas altamente vulnerables y otras que están protegidas por obras que se han hecho en las últimas décadas como el dique Frías, el Maure o el Papagayos, pero que obviamente faltarían otras obras para tener un desarrollo óptimo.

"Es evidente que ha habido un crecimiento descontrolado, porque no ha habido presencia del Estado en muchos de estos casos y es lo que pretendemos congelar por ahora para ver qué decisiones tomar sobre esos desarrollos y, fundamentalmente, si definitivamente se va a poder crecer hacia el Piedemonte o no, hasta adonde y de qué manera", explicó el funcionario.

Las zonas rojas

Mingorance sostuvo que las áreas críticas están dadas por los cauces aluvionales. "Las zonas más protegidas son las que tienen diques, como el Frías y Papagayos. Pero hay zonas de Luján y de Las Heras que son rojas, donde los cauces tienen mucha pendiente, mucha inclinación y ahí se genera mayor riesgo", dijo.

Asimismo, hizo hincapié en que en las zonas rojas "no hay desarrollos inmobiliarios que estén autorizados por el Gobierno". Aclaró que los desarrollos inmobiliarios que hoy están autorizados van a poder seguir vendiendo lotes, se van a poder seguir construyendo casas, porque han sido aprobados por la provincia y los municipios y ya tienen el estudio de impacto ambiental hecho con el visto bueno de Hidráulica.

"Los más conflictivos son aquellos que han hecho un fraccionamiento y a la gente le han vendido la fracción de un terreno sin haber hecho obras de mitigación ni urbanización", planteó.

El secretario sostuvo que ahora el trabajo consistirá en hacer un "zoom" sobre las zonas rojas para evaluar con exactitud y precisión cuáles son las viviendas ubicadas en zonas de peligro. "Es un tema muy sensible, hay gente que se ha hecho la casa en ese lugar porque es el único lugar que pudo comprar un terreno, pero el Estado no puede estar ausente de un riesgo que pueda sufrir esa persona o esa familia", aseguró.

Concretamente, se emplazará a los propietarios para que, en el caso de que sea posible, encaren obras para mitigar las amenazas y pasar de zona roja o amarialla a una verde. Se exigirá a los privados que realicen estos trabajos y se verá si el Estado pude realizar algunos y en el caso de que la situación sea insalvable, las familias se tendrán que trasladar.

"Hay muchos privados que se han beneficiado por esta irregularidad o esta falta de control, la idea de la Secretaría es salir en búsqueda de esos privados que ya tuvieron su renta por la venta y que hagan las inversiones que tengan que hacer", advirtió Mingorance.

A su vez, sostuvo que espera en seis meses ya tener el Plan de Ordenamiento para el Piedemonte y que a partir de este, "vamos a tener con mucha mayor precisión cuales son las casas puntualmente que están en riesgo".

El funcionario dijo que durante esta gestión han intervenido en 15 emprendimientos en el Piedemonte que no tenían presentados los papeles. "De esos 15 emprendimientos que pretendían instalarse en el Piedemonte de manera informal, solamente 5 han presentado documentación que la estamos evaluando", afirmó.

El estudio del Instituto Nacional del Agua

El ingeniero Víctor Burgos, investigador del Instituto Nacional del Agua, fue el encargado de explicar el informe. Resaltó que se trata de un estudio amenaza aluvional y no de riesgo o vulnerabilidad. "Analizamos la amenaza aluvional que tiene que ver con los aluviones, las tormentas, las crecidas, las inundaciones de barro", dijo.

Afirmó que la presión inmobiliaria, el avance de la frontera agrícola, los incendios y el cambio climático son los factores que condicionan el desarrollo inmobiliario en el Piedemonte.

Respecto a las conclusiones del informe, planteó que "hay zonas críticas en el Norte en El Challao, hay zonas en Godoy Cruz y en el Sur en Vertientes del Piedemonte hay una zona bastante crítica también".

"Es un estudio técnico que tiene un carácter de estudio de base para conocer que está pasando en la situación actual. Hemos realizado escenarios futuros también para ver el impacto que tendría un posible avance urbano para ver cómo impactarían los caudales hacia aguas abajo. Hemos terminado de entender el funcionamiento hidrológico e hidráulico de una superficie de más de 1.200 km2 que abarca el Piedemonte del Oeste de Mendoza y generado un mapa síntesis donde se manifiesta esa amenaza", explicó el ingeniero.

Por último propuso como posibles soluciones para mitigar el impacto del agua la construcción de trincheras de infiltración, trampas de agua, pequeñas obras que sí puede hacer el privado más obras que tenga que hacer el Estado, eso coadyuvaría a que se minimice finalmente el riesgo.

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