Suerte e instituciones

En un discurso pronunciado en El Calafate, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner aludió a la situación económico-laboral en el primer mundo y a la relativa falta de movilizaciones de protesta. Apuntó que los gobernantes de esa región son “suertudos” porque pueden arrasar con derechos e ingresos sin mayores reacciones mientras en Argentina hay reclamos mucho más intensos, en un contexto de aumentos salariales y jubilatorios. Las comillas valen porque la oradora ironizaba. Desde luego, la ironía es un recurso de doble filo: incluye un reproche a quienes, a su ver, redoblan demandas en un contexto que exigiría más contención. Pero también es cierto, y central, que la capacidad reivindicativa de los argentinos es comparativamente alta. Y que el oficialismo decidió desde sus albores no tener esa “suerte”, sino promover otro modelo de sociedad.

Carlos Menem, el hombre del destino, contó con esa “suerte” en parte porque la encontró y en parte porque la construyó. Las secuelas de la dictadura, el fracaso de la política económica alfonsinista, las hiperinflaciones diezmaron y disciplinaron a la clase trabajadora. Menem acentuó las tendencias con una política tenaz e impiadosa. Arrasó con la legislación laboral, noble faena que la Alianza completó.

El kirchnerismo, entre otras variables, reavivó a los actores sociales, los sindicatos principal pero no exclusivamente. Al promover la puja distributiva y mejorar, pari passu, las condiciones de empleo, generó una coyuntura de mayor poder relativo de los gremios y de la CGT. Hay un componente fáctico: los tiempos de malaria disuaden la protesta o la transforman en estallidos o intentos revolucionarios. En trances de crecimiento y relativo bienestar, el potencial de las organizaciones sindicales se fortifica. El Gobierno consolidó esa tendencia empírica con un armado institucional que no suele reconocérsele: paritarias anuales con la innovación de la docente, reuniones anuales del Consejo del Salario, aumentos jubilatorios semestrales a través de un coeficiente fijado por ley, Asignación Universal por Hijo (AUH). El entramado abre instancias de participación reglada, con contrapartes vivaces y envalentonadas. Es un progreso enorme, una poliarquía en acción.

Se comenta, con razón, que el kirchnerismo acrecentó el poder político, el del Estado y el del Gobierno. Una mirada más abarcativa agregaría que los sindicatos, las organizaciones sociales, los organismos de Derechos Humanos tienen un poder relativo bastante superior al de cualquier otra etapa. Tal la lectura del cronista que asume que el poderómetro no es una herramienta de precisión, que sus mediciones son opinables. Todas esas organizaciones de la sociedad civil tienen juego propio (más allá de su contingente cercanía o distanciamiento de la Casa Rosada) porque una institucionalidad más vasta los tutela y les “abre juego”. Y también porque el discurso kirchnerista se ufana del empoderamiento de las organizaciones... lo que lo expone más a sus críticas o rupturas.

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