Mucha molestia generó en los padres de discapacitados y en algunas áreas del Gobierno y el Ejecutivola medida presentada por un grupo de jueces, que se oponen a aportar a la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) para financiar los gastos que implica la adhesión de la provincia a la ley nacional de discapacidad.
Fue el hombre propuesto por el gobernador Francisco Pérez para titular de la OSEP, Alberto Recabarren, quien anticipó que un grupo de 6 magistrados y 3 empleados de alto rango en el Poder Judicial presentó un recurso de Amparo contra la ley aprobada recientemente, argumentando que la medida viola el artículo Nº 110 de la Constitución sobre la intangibilidad de los haberes de los magistrados.
El aporte de los magistrados significaría un fondo de 7 millones de pesos anuales para financiar las prestaciones a personas discapacitadas.
Este es el listado de los funcionarios del Poder Judicial que prefieren dejar sus compromisos sociales y la solidaridad para otra ocasión:
Maria Evelina Chillemi: abogada de la Suprema Corte.
Marta Liliana Foncea: relatora.
Irma Rosa Abut: abogada auxiliar.
Luis Eduardo Vidar: abogado auxiliar de la Procuración.
Rafael Escot: juez de la Quinta Cámara en lo Criminal.
Ricardo Mirábile: titular del Décimo Sexto Juzgado Civil.
Maria Mercedes Herrera: jueza del Décimo Quinto Juzgado Civil.
Sofia Carolina Rivera: jueza del Sexto Juzgado Correccional
Oficial Raúl Ortiz: defensor oficial.
El juez Escot fue uno de los que dio el puntapié inicial en esta polémica decisión ya que el pasado 12 de enero presentó un recurso de incostitucionalidad contra la ley.
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