El pueblo de Egipto convocó a una huelga general para pedir la renuncia inmediata de la Junta Militar que gobierna, luego de la caída de Mubarak, ocurrida hace ya un año. Hoy, el dictador es juzgado junto a varios de sus funcionarios por el asesinato de activistas durante la revuelta popular.
La normalidad reinaba a primera hora de hoy en el centro de El Cairo, donde algunos comercios y cafeterías abrieron sus puertas.
Tiendas de ultramarinos, cafeterías y panaderías ofrecían esta mañana servicio a sus clientes, desoyendo el llamamiento de varios grupos revolucionarios, sindicatos y estudiantes de huelga general.
Al igual que otros días, el tráfico de vehículos era intenso en el puente más largo sobre el río Nilo, el de 6 de Octubre, que conecta distintos barrios de la capital.
Mientras, la plaza Tahrir, donde hay decenas de manifestantes acampados desde hace semanas para pedir la dimisión del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, amanecía con tranquilidad y seguía abierta a la circulación de vehículos.
El miércoles pasado, la Junta Militar anunció que iba a desplegar tropas y tanques de refuerzo en distintos puntos del país "para mantener la seguridad pública, privada y de los edificios estatales".
Para hoy, hay convocadas distintas concentraciones de estudiantes en las universidades y una de trabajadores en la plaza Tahrir.
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Mubarak, de 83 años, fue derrocado después de dieciocho días de revueltas populares que pusieron fin a tres décadas de dictadura.
El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que gobierna Egipto aseguró ayer queno dejará que se expandan las amenazas y las conspiraciones que, según apunta, tienen el objetivo de sembrar el caos en el país.
"Nunca sucumbiremos a las amenazas y no daremos el brazo a torcer ante la presión", hizo saber el Consejo a través de un comunicado leído en la televisión estatal.
El país enfrenta amenazas que "socavan las instituciones y derriban el Estado para queel caos impere y prevalezca la destrucción", señaló el Consejo ante los llamados de los manifestantes para que la población participe en actos de desobediencia civil colectiva con el objetivo de presionar al gremio militar a abandonar el poder.
Los movimientos religiosos musulmanes y coptos condenaron el llamado opositor. Asimismo, los Hermanos Musulmanes, que controlan el 47 por ciento del nuevo Parlamento, dijeron que no participarían en el evento que, apuntaron, dañará la economía.
La junta que gobierna el país desde la salida de Mubarak tras los masivos levantamientos populares el 11 de febrero de 2011 tiene previsto transferir el poder a una administración civil en julio.