El gobierno español aprueba hoy una polémica reforma laboral con la que pretende frenar el alto desempleo que afecta al país, donde más de cinco millones de personas, un 22,85 % de la población activa, no tienen trabajo.
A falta de que el Ejecutivo explique con detalle en qué consistirá la reforma, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, dijo ayer en Bruselas, en un comentario captado por las cámaras de televisión antes de la reunión del Eurogrupo, que será "extremadamente agresiva".
En una conversación con el comisario europeo de Economía, Olli Rehn, dijo también que la reforma laboral incluirá el abaratamiento del despido, "se reducirá la indemnización por despido" y se "flexibilizará la negociación colectiva".
La ministra española de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, explicó que la reforma simplificará las modalidades de contratos, cambiará el modelo de formación profesional y reorientará las bonificaciones a la contratación para estimular el empleo juvenil.
Además, modificará las políticas activas de empleo y disminuirá las prejubilaciones, menos para casos excepcionales, al tiempo que pondrá freno al uso de las prestaciones por desempleo como mecanismo de jubilación encubierta.
La ministra descartó implantar un contrato único, porque lo considera "inconstitucional", así como poner en marcha los "miniempleos" que tienen una jornada reducida y salarios inferiores.
Báñez no explicó a los sindicatos mayoritarios españoles, CCOO y UGT, los aspectos concretos de la reforma laboral, lo que molestó hasta tal punto que el secretario general de UGT, Cándido Méndez, acusó al gobierno de Mariano Rajoy de vulnerar el derecho de las centrales sindicales a la información.
