Iniciada el miércoles pasado por la Asociación de Policías y Bomberos de Bahía (ASPRA) en demanda de mejores condiciones de trabajo y aumento salarial, la huelga sumió a Salvador y región metropolitana en un estado de inseguridad que llevó al gobierno federal a anunciar el envío de unos 3.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza Nacional de Seguridad, quienes patrullan las calles armados con metralletas y fusiles.
Entre las víctimas mortales está un policía que fue ejecutado con 15 tiros dentro de su propio vehículo, y el percusionista del famoso conjunto musical afrobrasileño Olodum, Denilton Souza Cerqueira, conocido como Negao, quien fue baleado cuando regresaba a su casa y fue abordado por dos hombres que intentaron robarle la moto en la que viajaba.
Además de las muertes, que aumentaron un 117 por ciento en relación al mismo periodo del año pasado, los asaltos, saqueos, robos de automóviles y atentados contra patrulleros y autobuses proliferaron en la ciudad, que fue la primera capital de Brasil y en la que viven más de dos millones y medio de personas.
También se registraron violentas acciones delictivas en ciudades del interior, donde fueron baleados varios comercios, entre ellos dos agencias bancarias, una tienda de ropa, una clínica médica y una filial de la TV Globo.
Los huelguistas, cuya entidad no está reconocida por las autoridades provinciales, desacataron una orden judicial que declaró ilegal la paralización y permanecen frente a la Asamblea Legislativa, a la espera de que el gobierno provincial los atienda para negociar. El gobierno de Dilma teme que la policía de Río de Janeiro también comience una huelga similar la semana próxima reclamando las mismas mejoras.
Como parte de las medidas tendientes a combatir la ola de violencia, Rousseff decretó la situación de Garantía de la Ley y del Orden, con lo cual los delitos cometidos en el marco de la paralización configurarán delitos federales, los acusados serán conducidos a cárceles federales y no se contemplará su condición de militar.